Diputados opositores en picada contra ministra Benítez: Quieren su renuncia

Un grupo transversal de diputados opositores aplaudieron la determinación de pleno de la Corte Suprema quien manifestó su “total y absoluto rechazo” a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez por Castilla. A través de su vocero titular el ministro Hugo Dolmestch, el máximo tribunal señaló que los dichos de la secretaria de Estado constituyen una “intromisión indebida e inaceptable” a las atribuciones que la Constitución le confiere a la justicia. Benítez sostuvo que acataba, pero no compartía el razonamiento de la resolución de la Tercera Sala del tribunal que paralizó la construcción del proyecto termoeléctrico Central Castilla y que este ponía en entredicho a la institucionalidad ambiental.

Al respecto, el diputado Alfonso De Urresti (PS) aseguró que “las opiniones de la ministra Benítez son absolutamente inconducentes e improcedentes y vulneran la Constitución. Ha sido la Corte Suprema la que ha señalado que sus declaraciones son indebidas e inaceptables, en las atribuciones que exclusivamente la Constitución política otorga al Poder Judicial.

“La ministra Benítez se ha puesto al margen de la legalidad y ha vulnerado normas expresas y se ha entrometido en funciones que son de competencia de la Corte Suprema y frente a ello creemos que procede solicitarle la renuncia al cargo e incluso estudiar una acusación constitucional en su contra”, sostuvo el legislador PS.

En tanto el diputado Marcelo Díaz (PS), además de destacar que comparten a plenitud la afirmación de la Corte Suprema, dijo  que la Ministra María Ignacia Benítez “se convirtió en defensora de los intereses de una empresa privada y sus declaraciones las realizó en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, ella atentó contra la independencia del Poder Judicial“.

A juicio del legislador, la secretaria de Estado tiene tres caminos. “La ministra renuncia, el Presidente la remueve de su cargo o tendremos que ser nosotros los que intentemos sacarla de su puesto mediante una Acusación Constitucional. Ahora, es el Presidente Piñera, quien  tiene la palabra”, indicó Díaz.

A su vez, Patricio Vallespín (DC) señaló que “la ministra Benítez está hablando  como vocera de una empresa y no como secretaria de Estado; no nos da garantías para seguir ejerciendo el cargo, no puede ser la defensora de un proyecto privado de generación eléctrica,  en contra de lo señalado por la Corte Suprema. Por respeto a la institucionalidad ambiental y por respeto a las personas que resultaron beneficiadas con este fallo, le pedimos que renuncie. Ministra, se equivocó, reconózcalo, metió la pata, renuncie, sus declaraciones son inaceptables “.

El diputado Roberto León (DC), agregó que “nunca, desde  el retorno a la democracia, habíamos visto una resolución de la Corte Suprema que señale, clara y nítidamente, que una ministra o un ministro de Estado  ha  violado el artículo 76 de la Constitución, al haberse entrometido al criticar un fallo judicial. Esta resolución obliga a que la Ministra renuncie, o bien, el Presidente le pida la renuncia. De lo contrario, nos va  a obligar a los parlamentarios a impulsar una acusación constitucional,  porque no podemos hacernos los sordos respecto al fallo de la Corte  Suprema”.

Por su parte, el diputado Lautaro Carmona (PC) criticó los dichos de la ministra Benítez e indicó que demuestran que “el gobierno acomoda su posición en función de los intereses de Batista”. Añadió que “los aparatos de salud del actual gobierno fueron los que modificaron el informe de la Seremía de Salud de la administración pasada y no hubo nuevos estudios ni cambios técnicos”.

“Hoy, con esta intromisión indebida de la Ministra respecto a otro poder del Estado, sólo está demostrando que acomoda toda posición del gobierno en función de los intereses de Batista y no de la legislación y el resguardo del medio ambiente y menos de las comunidades de Atacama”, concluyó el diputado Carmona.

Más adelante, la diputada PPD, Cristina Girardi, señaló que “lo que dijo la ministra es que este fallo pone en entredicho la institucionalidad ambiental, Es decir, que le corresponde a la institucionalidad ambiental decidir qué se hace con el proyecto Castilla y no a la Corte Suprema”.

“Ahora, el problema es que aquí la institucionalidad ambiental claramente está en entredicho, porque aprueba proyectos sin que efectivamente se respeten las normas, y aquí cuando aquellos organismos que debieran realmente verificar si el proyecto no cumplen con su labor, tiene que actuar la Corte”, afirmó Girardi.