Presidente de Sonami: “No es un metal estratégico. Todos los países tienen litio”
El timonel de la entidad gremial aseguró que el litio tiene un peso meramente residual en la minería chilena, ya que representa un 0,25 % de las exportaciones.
La polémica suscitada tras la anulación de una licitación para la explotación del litio por parte del Gobierno no afectará las inversiones mineras en el país, aseguraron hoy representantes empresariales del sector.
“El peso del litio es muy menor en nuestra estructura minera. No va a afectar en nada”, sostuvo Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), en la presentación en Chile de la Asia Copper Week, evento que se realizará el próximo noviembre en China.
Estas declaraciones se producen un día después de que el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, renunciara a su cargo después de que el Gobierno anulara el lunes la polémica licitación debido a que la empresa adjudicataria, la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), mantiene litigios con el Estado.
Esa adjudicación, anunciada hace ocho días, estuvo también en entredicho porque el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Patricio de Solminihac, es hermano del ministro de Minería, Hernán de Solminihac, quien dijo haberse inhabilitado durante el proceso de licitación.
Además, en la propiedad de SQM participa Julio Ponce Lerou, un ex yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet.
Ante esta situación, Salas aseguró que el litio tiene un peso residual en la minería chilena, ya que representa un 0,25 % de las exportaciones.
“No se trata de un metal estratégico. Todos los países tienen litio“, aseveró Salas refiriéndose a la Ley de Minería de 1973 que define el litio como un mineral “estratégico” y no concesible.
De la misma manera se refirió el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y de la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo, quien calificó el incidente “como un paréntesis” que no va a tener transcendencia en futuras inversiones extranjeras, ya que, según dijo, en Chile nunca se habían producido irregularidades.
El Ejecutivo recurrió a un contrato especial de operación porque, aunque la ley define el litio como un mineral “estratégico” y no concesible, la Constitución permite suscribir esa clase de contratos para este tipo de recursos.
Se estima que Chile posee cerca de un cuarto de las reservas mundiales de litio, y el Gobierno preveía recaudar 350 millones de dólares a través del cobro del 7 % de las transacciones de la empresa adjudicataria.
La oposición ha reclamado que su licitación se discuta en el Parlamento, alegando que se trata de un recurso estratégico, con una demanda creciente por su uso en la industria informática, la telefonía móvil y, en especial, la automovilística.
