Los 4 argumentos dados por las juezas que liberaron a autor confeso de crimen de barrista
Esto marcó la decisión del Gobierno de anunciar modificaciones al actual sistema procesal penal.
Las magistradas del 13° Juzgado de Garantía de Santiago -Natacha Ruz y Valeria Vega- dejaron en libertad a Pablo Avila tras confesar el crimen del barrista de Colo Colo Claudio Lincaqueo.
Esto marcó la decisión del Gobierno de anunciar modificaciones al actual sistema procesal penal.
Según cita La Tercera, las consideraciones tomadas por las juezas fueron las siguientes
— Testimonio de pareja. La jueza Natacha Ruz cuestionó la declaración de la pareja de Pablo Avila, quien fue interrogada por la PDI. La mujer accedió a una revisión de su automóvil y de su casa por parte de los detectives. Así se encontró el arma supuestamente utilizada. Además, declaró que su auto lo había usado Avila a la misma hora del crimen. La magistrada cuestionó el interrogatorio, debido a que los policías no le manifestaron a la mujer que no estaba obligada a declarar contra su pareja.
— Control de identidad. La magistrada Ruz cuestionó el traslado de Pablo Avila al cuartel de la BH, puesto que los detectives le habrían señalado que le harían un control de identidad. La jueza estimó que el procedimiento era irregular, ya que no procedía un control de identidad debido a que Avila portaba su cédula y en ningún momento ocultó su nombre.
— Derecho a guardar silencio. Durante la audiencia de formalización realizada el martes, la jueza Vega manifestó que ni a Avila ni a su pareja se les habían leído sus derechos, entre éstos el derecho a guardar silencio. Por esta razón, la magistrada consideró que la confesión que hizo era improcedente y no cumplía con los requisitos mínimos.
— Sin abogado. Las magistradas señalan que al momento de confesar el asesinato, Avila no estaba en presencia de su abogado defensor como lo estipula la Constitución. Un comunicado del Poder Judicial señala al respecto que no se puede otorgar el mismo valor a una confesión entregada frente a la policía y el fiscal en condiciones “adversas” y “coercitivas” y, además, sin la presencia de un abogado defensor. Lo anterior, estimaron, vulneró sus garantías.