Dirigentes indígenas de todo el país debaten sobre derecho a consulta del Convenio 169
La conclusiones de este encuentro buscan serán consensuadas en una contrapropuesta sobre el derecho a consulta y participación, que responda a la presentada por el Gobierno en agosto.
Con la participación de 250 dirigentes indígenas de todo el país se dio inicio esta mañana a la consulta de pueblos originarios, quienes discutirán sobre las distintas visiones y planteamientos respecto de ejercer el derecho a consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT. Cabe recordar que el Gobierno presentó una propuesta de nueva normativa de consulta y participación en agosto pasado.
En la ocasión hizo uso de la palabra el presidente de la Comisión Consulta del Consejo Nacional de la CONADI, Marcial Colín, quien celebró el encuentro afirmando que “desde la elaboración de la Ley Indígena que no nos reuníamos todos los pueblos originarios”.
La intervención de Colín no estuvo exenta de críticas sobre el tema, al señalar que “el Convenio 169 es usado como slogan. No sólo por los gobiernos. También a ratos por el movimiento indígena, que lo desconoce“.
“El derecho a la consulta pasa por nosotros. Reunirnos, debatir, proponer. No será por la buena voluntad de los Estados”, agregó.
Para llegar a este encuentro, los dirigentes indígenas se han desplegado por todo el territorio nacional, realizando más de 70 talleres de información y trabajo con las diversas comunidades indígenas, dando a conocer los detalles del Convenio 169 y cómo debe implementarse el derecho a consulta.
El encuentro contará con la presencia de Naciones Unidas, la cual participará en el panel inicial y facilitará apoyo metodológico en el registro y sistematización de las observaciones que se realicen. Las conclusiones del debate de los pueblos serán consensuadas en una contrapropuesta sobre el derecho a consulta y participación, que será entregada al Gobierno para dar paso a la siguiente fase, a través de una mesa de acuerdo que considere sus planteamientos, con miras a obtener una normativa final consensuada entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno, que entre en vigencia durante 2013.
