Los otros Freirina: 5 comunidades en pie de guerra contra la agroindustria

Lejos de irse con la cola entre las piernas tras el cierre de su planta en Freirina, el holding de empresas de alimentos Agrosuper anunció que volvería a la carga y que intentará revertir el cierre de esa planta, cerrada luego de las constantes manifestaciones de los vecinos que eran afectados por los fuertes olores y las moscas del lugar y, según señaló la propia empresa, por la imposibilidad de cumplir con los requerimientos impuestos por la autoridad sanitaria.

Durante las primeras semanas de enero, la empresa agroindustrial presentará un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, apelando a los derechos empresariales que habían sido concedidos en el 2005.

La decisión de apelar al cierre de la planta de Freirina de inmediato alertó a los vecinos de esa localidad y de Huasco, los que están evaluando nuevas acciones legales en contra de una empresa que tiene un largo historial de conflictos medioambientales y por los que ya fue multada  con más de 250 mil millones de pesos, por la Corporación Regional Medioambiental de O’Higgins y de la Región Metropolitana entre los años 2001 y 2008.

Asimismo, y de forma paralela a lo ocurrido en Freirina, varias han sido los territorios donde, según los vecinos, Agrosuper y otras empresas agroindustriales han deteriorado el medio ambiente, pasando a llevar los derechos de los habitantes.

Esta situación, según el presidente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Olca, Lucio Cuenca, se produce porque “la agroindustria es un negocio que se está desarrollando de manera intensiva y concentrado en algunas zonas del país y que, aprovechando ciertas ventajas y flexibilidades tanto de la legislación territorial como en la legislación ambiental, están creando grandes centros de producción de carne de pollo, de cerdo y de salmón”.

Estas empresas “no cumplen estándares de sustentabilidad y buscan, por economía de escala, bajar los costos lo más posible y transferirle esos costos al medio ambiente y a la comunidad”, explica el especialista.

Así, a lo largo del país, durante los últimos años han sido varias las comunidades que han intentado manifestarse en contra de las empresas agroindustriales. Aquí te presentamos los otros Freirina: 5 comunidades que están en pie de guerra contra la agroindustria.

Una larga pugna ha enfrentado hace años a los vecinos de San Pedro de Melipilla, una pequeña comuna rural al sur oeste de Santiago, donde Agrosuper instaló una planta de tratamiento en la que se faenan pollos y cerdos desde 1994.

Al igual que en Freirina, el tratamiento de estos animales, produce “un olor nauseabundo y muchas moscas”, explica la dirigenta de la zona y vocera del Movimiento Social por la Defensa de los Territorios, Teresa Armijo,  añadiendo que esto es por la gran cantidad de animales que existen en la planta faenadora.

“Hoy hay 99 planteles de cerdos y pollos. Cada plantel tiene 20 pabellones y cada pabellón tiene 1700 chanchos. Calcula cuántos chanchos hay”, dice.

La vecina explica que, sin embargo, el principal problema es la falta de agua que hay en la zona, debido a la sobreexplotación de las napas por parte de la empresa.

“Hoy solo el 20% de la zona tiene agua potable. El resto tiene norias, pero desde que la empresa comenzó a sobreexplotar el agua subterránea, están secas. Hay más de 800 personas que no tienen agua para tomar”, explica.

Señala que esto afecta directamente a los pobladores con menos recursos, los que sobreviven gracias al cultivo y crianza de animales, actividades limitadas hoy por la falta del recurso hídrico.

Los vecinos de las comunas rurales de La Estrella y Litueche, de la Provincia de Cardenal Caro, de la Sexta Región, tienen varios temas ambientales pendientes con la agroindustria.

Al igual que en San Pedro, además de la contaminación, uno de los principales problemas que aquejan a los pobladores es la sobreexplotación de las agua subterráneas, la que ha dejado secas las norias de la zona.

Los vecinos, que ya se han manifestado varias veces cortando los caminos principales, apuntan tanto a las plantaciones de olivo que existen en la zona, como a la gran planta faenadora La Estrella, que pertenece a Agrosuper.

“Después de que se conocieran los problemas en Freirina, el Concejo Municipal presionó y se logró bajar el tema de los olores y bajó un poco el problema de las moscas en la planta de Agrosuper”, explica Marcelo Fernadez, vecino de La Estrella.

Pero como si esto fuera poco, los pobladores temen la instalación de una nueva planta de cerdos llamada Quebrada Honda. El proyecto de la empresa Maxagro pretende establecerse en una zona colindante a ambas comunas, donde según datos de la empresa, se contempla la llegada de otros 93.500 cerdos.

“Con la llegada de la nueva planta, aumentaría ostensiblemente la contaminación en la zona y nos terminarían de secar los pocos sectores que quedan con agua”, explica Luis Fernández Silva, concejal de La Estrella.

Hoy, la tramitación de la empresa continúa, y será el próximo 29 de mazo, cuando la compañía entregue las respuestas a los cuestionamientos de la comunidad ante la Declaración de Impacto Ambiental.

“Lo malo es que en todo este proceso hubo muy poca participación ciudadana, porque no está informada y la municipalidad cuando quiere informa, pero cuando no quiere no informa”, puntualiza el concejal.

Contactados por El Dínamo, desde Maxagro aseguraron que están a la espera de conocer los resultados de la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que recién en junio del próximo año podrían referirse al tema.

En septiembre de este año, el gerente de la empresa salmonera Agrosuper-Los Fiordos, Jerardo Ortuya Jeria, fue formalizado por el delito de desacato. Esto, luego de que su planta ubicada en la localidad de Pargua, comuna de Calbuco, continuara vertiendo descargas contaminantes al río Allipén, en el marco de un caso que tiene como plazo de investigación  dos años.

Mientras, la planta ha continuado funcionando y con ella, según los vecinos, persisten los olores pestilentes, la contaminación ambiental que ha afectado a la producción de ganado, y los ruidos constantes a altas horas de la noche, que afectan principalmente a una comunidad mapuche aledaña.

“Como el proyecto se levantó con una Declaración de Impacto Ambiental, y no con un Estudio de Impacto Ambiental, la planta quedó instalada a 35 metros de nuestras casas”, explica Francisco Vera Millaquén, werkén de la comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelén.

Según el vocero mapuche, “desde el 2007 acá es irrespirable y las autoridades no les importa. El alcalde es uno de los principales aliados de la empresa. Con eso, él se convirtió en otro de nuestros enemigos”.

El 13 de enero, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó la Central Tagua Tagua, un proyecto termoeléctrico que pretendía instalarse en Pichidegua, en la Sexta Región, y que era impulsado por FibroAndes, compañía que se define como desarrolladora de Energías Renovables No Convencionales.

El proyecto contemplaba la quema del guano de los miles de pollos provenientes de las empresas agroindustriales de la zona, es decir pretendía quemar los deshechos de la producción de las aves, lo que de inmediato levantó el rechazo de la comunidad.

Es que los vecinos aseguran que la “guanoeléctrica”, como la bautizaron, emitiría debido a la combustión de guano, sustancias tóxicas al ambiente, como emisiones de óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, arsénico, mercurio y dioxinas.

Según los especialistas, estos elementos caerían a la tierra en forma de lluvia ácida, contaminando la tierra y produciendo un daño irrecuperable en la zona.

Es por esto que, pese a celebrar la medida, el temor de los vecinos persiste, pues aseguran que el proyecto aún puede tomar fuerza, ya que no ha existido todavía la resolución final del Consejo de Ministros, el que según los expertos, no tiene fecha definitiva.

Según explica el presidente de Olca, Lucio Cuenca, la empresa promotora del proyecto, Firboandes, “presentó una reclamación al Consejo de Ministros hace varios meses, el que ha postergado su pronunciamiento y que miramos con atención, puesto que este mismo Consejo de Ministros ha tenido decisiones bien polémicas, como haber revertido el rechazo de la termoeléctrica en la zona de Huasco”.

Contactados por El Dínamo, FibroAndes no quiso referirse al caso.

El 11 de abril pasado  muchos vecinos pensaron que los problemas habían acabado. Ese día la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Sexta Región clausuró definitivamente la planta de monorelleno La Fuentecilla, ubicado en San Vicente de Tagua Tagua, por incumplimiento de la normativa vigente. Esto, porque además de los olores y las moscas, la planta había superado con creces las 8 hectáreas permitidas, existiendo más de 20 hectáreas ilegales.

Durante 11 años, la planta del empresario local Juan Pablo Yáñez Marmolejo, (que tuvo que pagar una multa de 300 UTM) sirvió de destino a deshechos no peligrosos, domiciliarios, humanos y de las industrias agrofaenadoras de la región. La más importante de ellas era la planta San Vicente, de Agrosuper, donde se desarrolla más de la mitad de la producción de pollos de la empresa a nivel nacional.

Pese a la clausura  del monorrelleno, Yáñez Marmolejo intentó levantar una nueva planta de tratamiento de lodos, en el mismo lugar en que había sido cerrada la planta anterior, sin lograr pasar esta vez la tramitación medioambiental.

Es por esto y por la persistencia, aunque menor, de moscas y olores, que lejos de estar tranquilos, los pobladores siguen reclamando ayuda a la empresa para recuperar el área y compensaciones a los afectados.

Según el diputado por la zona, Javier Macaya (UDI) “la constitución chilena establece que si existe un daño, en este caso medio ambiental, existen acciones como interponer un recurso de protección por el funcionamiento de esta planta, y si los vecinos pueden acreditar que se ven afectados en su vida y en sus quehaceres, creo que están en todo su derecho de interponer acciones legales”.