Caso Sobreprecios: Defensa del dueño de Tecnodata pide nuevas diligencias
La solicitud busca responder a las declaraciones de un ejecutivo de Phoenix American Technologies, ex socio de Giacoman, quien lo implica en las irregularidades detectadas en el Ministerio del Interior
En el marco de la investigación por las irregularidades detectadas en la licitación de equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte, del Ministerio del Interior, la defensa del principal implicado en el caso, el empresario Alfredo Giacoman -dueño de Tecnodata- solicitó nuevas diligencias a la Fiscalía.
El abogado Ernesto Olivares cuestionó la conducta del empresario estadounidense y ex socio de Giacoman Hugo Federico, de la firma Phoenix American Technologies, quien denunció irregularidades con Tecnodata. Según Olivares, el norteamericano trató de ofrecer informalmente al Ministerio del Interior un ahorro de casi 200 millones respecto de lo ofrecido por empresa de Giacoman, como consta en un correo electrónico remitido a Felipe Baeza, con fecha 16 de agosto, consigna Emol.
“Llama poderosamente la atención que Hugo Federico -de Phoenix American Technologies- estuviera al tanto de los plazos y de la entrega efectiva o no de los documentos exigidos en los respectivos procesos de licitación” adjudicados por Tecnodata, afirma el escrito presentado por el abogado al fiscal Jaime Retamal. Se cuestiona además a los agentes en Chile de Federico, quienes trataron de “truncar” las licitaciones utilizando información reservada a la que habrían tenido acceso gracias a un miembro de la División de Estudios, que según la defensa de Giacoman sería el abogado Manuel Cacho Gálmez.
Por ello, el escrito también pide que se cite a este último “en la calidad que se estime conveniente”, así como también se envía citación a Jorge Alessandri Vergara (asesor de Sebastián Piñera), y a Sergio Carvajal Rivera, del equipo de abogados de Federico.
No sólo eso: también se solicita autorización para requerir el tráfico de llamados desde sus teléfonos celulares, por los meses de enero y octubre de 2012, además de información y registro respecto de sus operaciones financieras, nacionales y extranjeras, en el mismo periodo señalado.
Finalmente, se pide al fiscal que como parte de la investigación, se pida la entrega voluntaria de computadores y teléfonos celulares personales y laborales.
