Organizaciones de DD.HH. de la Araucanía se oponen a utilización de Ley Antiterrorista

Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía llamaron a la Justicia -en comunicado público- “a desarrollar una investigación acuciosa e imparcial, basada en la legislación criminal ordinaria, y no en legislaciones de excepción -cuya aplicación a estos hechos y cuya consistencia con los derechos del debido proceso son claramente cuestionables-, a objeto de lograr la identificación y sanción de los responsables, quienes quiera que éstos sean”, en relación a los aconteciemientos derivados del ataque incendiario en Vilcún que costó la muerte al matrimonio Luchsinger.

Los firmantes son el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Cinprodh), la Fundación Instituto Indígena, el Observatorio Ciudadano y el Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur).

Si bien las organizaciones condenan los hechos de violencia ocurridos en el sur del país, “incluyendo aquellos que presumiblemente son consecuencia de la protesta frente a reivindicaciones legítimas de derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, también ponen en entredicho “la violencia con la que el Estado, a través de sus agentes policiales, ha reaccionado en contra de integrantes del pueblo mapuche.  También la violencia verbal de sectores regionales, e incluso de personeros de gobierno, que justifican la justicia por mano propia frente a estos hechos, obviando las vías institucionales existentes para estos efectos y alimentando una peligrosa espiral de violencia”.

En ese contexto, acusaron graves imputaciones que -dicen- autoridades, parlamentarios y representantes gremiales han hecho en relación al trabajo que las organizaciones de derechos humanos  de la Araucanía.  “A través de diversas declaraciones, se nos ha acusado no solo de ser parciales e indiferentes frente a hechos como la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay, sino también de “respaldar y financiar a grupos terroristas”, pidiendo en base a estas conjeturas que se nos investigue y sancione”.

“Tales imputaciones carecen de todo fundamento, y constituyen una forma evidente de descalificar nuestro trabajo de promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos, trabajo que es alentado por las Naciones Unidas, y protegido a través de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos suscrita por el Estado chileno”, agregan.

En la misiva llaman a tener “una reflexión crítica sobre los orígenes de la violencia en esta región.  Tal como ha sido señalado en estos días por los analistas más sensatos, los que incluyen a personas mapuche y de la sociedad chilena, de pensamiento político muy diverso, consideramos que dicha violencia tiene un carácter histórico, relacionado con la forma en que el Estado se constituyó al sur del Bío Bío, y que, a pesar del reconocimiento de la deuda histórica existente con el pueblo mapuche, su política ha sido errática, y que de diversas maneras, éste ha seguido ejerciendo violencia en contra de este pueblo y de sus comunidades”.