El controvertido historial que complica la vuelta de Edmundo Pérez Yoma a la política
En marzo los abogados querellantes del caso 27F van a pedir que la Justicia lo formalice por cuasidelito de homicidio. Una polémica más en la vida de quien fuera ministro de Defensa e Interior en los gobiernos de la Concertación. En su propio partido, la DC, lo jubilaron, "es parte del pasado".
En 2012 el nombre de Edmundo Pérez Yoma (74) se escuchaba como una posible carta concertacionista, que volvería a la arena política postulando a un cupo senatorial en la Región de Antofagasta, pero finalmente no se inscribió para competir y en la DC desecharon la posibilidad de llevarlo al Congreso.
Altas fuertes de la Democracia Cristiana señalan que es muy difícil que Pérez Yoma retorne a los cargos públicos en un eventual nuevo gobierno de la Concertación, “Es una figura del pasado” indica fuera de micrófono un dirigente.
Ministro de Defensa y del Interior en dos gobiernos de la Concertación, el empresario y político (hijo de Edmundo Pérez Zukovic, ministro de Eduardo Frei Montalva, asesinado en 1971 por la Vanguardia Organizada el Pueblo y una figura emblemática para la DC) ha estado envuelto en una serie de polémicas que lo involucraron en distintos casos de corrupción y abuso de poder.
Ninguno de estos casos ha logrado ser probado aún por la Justicia y ante cada acusación, Pérez Yoma siempre respondió con querellas de vuelta que tampoco han sido resueltas del todo.
De carácter fuerte y conocido por no tener muy buen genio, una de las más recientes y recordadas de sus polémicas fue la “guerra de papeles” que protagonizó con el diputado UDI Gonzalo Arenas en el Congreso el año 2009, pero este episodio podría ser recordado como el más anecdótico, comparado con otras acusaciones más estridentes.
A continuación un repaso por las controversias que, seguramente, complican su vuelta en gloria y majestad a la primera fila política.
27/ F
El 27 de febrero del año 2010, Edmundo Pérez Yoma, entonces ministro del Interior, se encontraba de vacaciones en su fundo en la localidad de Cabildo, en la Región de Valparaíso. A las 03:34 horas se desató uno de los terremotos más devastadores que hayan azotado a Chile, pero sólo a las 07:40 horas Pérez Yoma se apersonó en la oficina de la ONEMI, para sumarse al resto de autoridades que monitoreaban la tragedia.
Según el Decreto Supremo N° 156, del año 2002, el Comité de Operaciones de Emergencia, encargado de coordinar a las autoridades durante la tragedia, debe ser presidido por el titular de Interior.
Ese dato es clave, ya que es de lo que se aferran los querellantes para señalar que Pérez Yoma tiene responsabilidad penal en el caso, por no haber decretado la alerta de tsunami a tiempo, lo que habría salvado muchas vidas, señalan entre los acusadores.
Uno de los abogados querellantes, Raúl Meza, es categórico: “Tiene responsabilidad penal por va de omisión culposa inexcusable en su calidad de máxima autoridad de la ONEMI durante una emergencia nacional”.
El abogado adelanta que en marzo “Se solicitará su formalización de cargos por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio”, por lo que Pérez Yoma podría sumarse a las ex autoridades que fueron formalizadas en este caso, como la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández, y el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende.
Aguas poco cristalinas
Desde el año 2005 que acusan a Edmundo Pérez Yoma de extraer agua de forma ilegal para regar los campos de la Agricola El Cóndor, de la cual es dueño.
En concreto, Pérez Yoma es acusado de “Violar el artículo 32 del código de aguas, por tener una conducción de flujos sobre el lecho del Estero Los Ángeles, sin tener los permisos correspondientes, y que provienen de una captación de agua subterránea sin derecho legalmente constituido”, acusa Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, MODATIMA.
Dos veces Pérez Yoma se ha querellado en contra de voceros de este movimiento, la primera, el año 2008, y la última el año 2011, en ambas ocasiones la acusación ha sido “injurias con publicidad”.
La última querella aún se tramita, Rodrigo Mundaca asegura que no piensan disculparse, y que enfrentarán al ex ministro ante la Justicia “(sus abogados) Me pedían que hiciera una declaración pública, pidiera perdón y demostrara sincero arrepentimiento. Cómo tú comprenderás, les dijimos que se fueran un ratito a buena parte, que no estábamos disponibles para pedir perdón, puesto que la lucha por el agua es algo absolutamente legítimo”.
Los abogados del ex ministro del Interior se agrupan en el Estudio Puga y Ortiz, los mismos encargados de defender a Fernando Karadima y a los empresarios que contaminaron leche con el suplemento alimenticio ADN.
Desde El Dinamo intentamos comunicarnos con los abogados de Pérez Yoma, pero la única respuesta que obtuvimos fue “están todos de vacaciones”, luego de eso tomaron nuestros datos sin que, hasta el cierre de este reportaje, recibiéramos alguna respuesta.
El cinco de marzo, a las 11 de la mañana, el caso será revisado en la Segunda Sala del Juzgado de Garantía de Quillota.
Casas Copeva
En el invierno de 1997 Chile entero observó cómo miles de viviendas sociales de Puente Alto se inundaban por completo, a pesar de haber sido recién entregadas.
La solución del momento fue cubrirlas con nylon, lo que no evitó que la polémica escalara, y se develaran detalles que, una vez más, relacionaron a Pérez Yoma con el escándalo.
La responsabilidad de la mala construcción de las viviendas fue de la constructora COPEVA, de propiedad del hermano de Edmundo Pérez Yoma, Francisco.
El escándalo estalló cuando se supo que el dueño de COPEVA le había regalado caballos corraleros al entonces ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, quien terminó siendo removido del cargo.
COPEVA se declaró en quiebra, y actualmente opera bajo las siglas PY (Pérez Yoma).
En este episodio, el poderoso militante DC también recurrió a la Justicia, esta vez para querellarse en contra de la dirigenta de los deudores habitacionales, agrupados en ANDHA Chile, Juana Silva, quien había declarado “Hay empresarios y políticos como Ravinet, Pérez Yoma, Zalaquett y Frei, vinculados a la banca y a constructoras, que han lucrado con el problema de la vivienda”. En palabras de la propia Silva “Esa cuestión quedó en nada”.
Recientemente la Corte Suprema determinó que el Servicio de Vivienda y Urbanismo deberá indemnizar con 2.900 millones de pesos a las familias que fueron afectadas por las filtraciones de agua en sus viviendas, las que, en su mayoría, debieron ser demolidas por estar mal construidas. El SERVIU debió asumir también el costo de obras de reparación, o demolición, de las casas, desembolsando cerca de 12 millones de dólares. Como COPEVA quebró, no hubo indemnizaciones de la empresa a los afectados.
Trasplante
Abril de 2009. Pérez Yoma es sometido a un sorpresivo trasplante de Riñón, y desde la UDI se acusa que se saltó la lista de espera: “el ministro es mucho mejor saltándose la lista de trasplantes que hablando de política”, lanzó el senador gremialista, Víctor Pérez.
Nuevamente el revuelo mediático fue mayúsculo y Pérez Yoma intentó recurrir a la Justicia.
Finalmente, el Hospital Clínico de la Universidad Católica salió a aclarar que el riñón había sido otorgado al ministro siguiendo los conductos regulares. La UDI retrocedió en sus acusaciones y las querellas nunca se presentaron “No voy a distraer a los tribunales con algo que ya está absolutamente claro ante la opinión pública”, argumentó el, en ese entonces, ministro del Interior de Michelle Bachellet.
Extorsión
Septiembre del año 2009. Edmundo Pérez Yoma fue extorsionado por uno de los testigos del caso Leopard, otro escándalo provocado por el pago de coimas en el proceso de compra de tanques de guerra a Holanda en el año 1998.
En una misteriosa reunión, al abogado que entonces representaba al gobierno, Luciano Fouillioux, le ofrecieron 500 mil dólares para evitar la entrega de antecedentes que, supuestamente, involucrarían a Pérez Yoma entre las autoridades que habrían sido “mojadas”.
El supuesto “testigo clave” era Pedro del Fierro Carmona, que representó a la compañía holandesa RDM Technology en la adquisición de los blindados.
Finalmente, Pérez Yoma llevó el caso a la Justicia, denunciando “amenazas e intento de extorsión” contra un ministro de Estado.
El abogado que en ese entonces representó al “testigo clave”, Hector Salazar, declaró a El Dínamo “Se querellaron contra mi, querella que se archivó, no pudieron comprobar nada. El tema de los Leopard está en la Justicia, se está investigando, y los antecedentes que tenía el testigo fueron entregados al Tribunal”.
Ley Antiterrorista
Era septiembre del año 2010 y Carolina Tohá presidía el PPD. Un grupo de comuneros mapuche cumplía 60 días en huelga de hambre, y la ex vocera del gobierno de Bachelet cuestionaba la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte de esa administración, acusando que aquello había sido una decisión del Ministerio del Interior que no había sido consultada con la ex mandataria.
El responsable de a cartera de Interior de la Mandataria (Pérez Yoma) indicó que Bachelet visó su decisión, agregando que “el hecho de que Tohá no haya formado parte del proceso de decisiones, no la puede hacer presumir que nadie estaba informado”.
En entrevista con TVN, Pérez Yoma defendió el uso de la ley. “Aplicamos la Ley Antiterrorista en tres oportunidades por acciones terroristas: una fue con el intento del asesinato del fiscal Tapia y con esa investigación se encarceló a la cúpula de la CAM. La segunda fue el atentando el 2009 cuando se encontró a Tapia Huenulef con armamento de guerra en su casa, y posteriormente, por el atentado a un bus. La presidenta por supuesto estuvo de acuerdo. Un ministro no dura 24 horas si hace algo en que la Presidenta no esté de acuerdo”.
El “descontrol” del diputado UDI que generó “guerra de papeles” con Pérez Yoma
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