Tribunal Supremo de Puerto Rico prohíbe la adopción a una pareja de lesbianas
La decisión del Tribunal Supremo se refiere al caso de una menor nacida por un proceso de inseminación artificial y criada por una pareja de mujeres lesbianas -una de ellas su madre biológica-, cuyas identidades no se hicieron públicas.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió hoy en votación dividida que una mujer no pueda adoptar a la hija biológica de su pareja, también mujer, sin que ésta pierda su vínculo jurídico con la menor.
El máximo tribunal de la isla caribeña difundió una sentencia en la que se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones, decisión que sigue a una multitudinaria manifestación que el pasado lunes reunió en San Juan a 200.000 manifestantes, según los convocantes, para proteger la familia y el matrimonio tradicional.
La decisión del Tribunal Supremo se refiere al caso de una menor nacida por un proceso de inseminación artificial y criada por una pareja de mujeres lesbianas -una de ellas su madre biológica-, cuyas identidades no se hicieron públicas.
El Tribunal Supremo entendió que cuando un menor es adoptado debe romper todo vínculo con sus padres biológicos para que sus nuevos progenitores adquieran la patria potestad sobre el adoptado.
En este caso concreto, la mujer que iba a adoptar es pareja consensual de la madre biológica, por lo que las dos mujeres buscaban que se permitiera a la solicitante adoptar sin que la madre biológica perdiera su vínculo con la menor, de 12 años y que ha sido criada y vive con la pareja de mujeres.
La opinión mayoritaria, emitida por la jueza Mildred Pabón Charneco, determinó que el Artículo 138 del Código Civil impide la adopción solicitada.
El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, disintió de la opinión mayoritaria y concluyó que la prohibición a la adopción solicitada es inconstitucional.
El activista de derechos humanos y portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s, Pedro Julio Serrano, mostró su rechazo a la sentencia, que catalogó como “nefasta y anticonstitucional”.
“Con esta nefasta decisión el Tribunal Supremo de Puerto Rico vuelve a incumplir con su obligación constitucional de otorgar justicia a quienes recurren a los tribunales como último recurso en su búsqueda de la igualdad”, señaló el activista.
“Si la Asamblea Legislativa no corrige esta terrible decisión con legislación que permita a todas las personas adoptar independientemente de su orientación sexual o identidad de género, lo más terrible es que tendrá que ser el Tribunal Supremo estadounidense quien finalmente reconozca ese derecho en nuestra jurisdicción”, apuntó el activista.
La decisión del Tribunal Supremo llega solo dos días después de la multitudinaria manifestación en San Juan, convocada por distintas confesiones cristianas en respuesta a las iniciativas de varios legisladores del gobernante Partido Popular Democrático (PPD) para favorecer los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT) en Puerto Rico.
El portavoz de “Puerto Rico se levanta”, César Vázquez, que aseguró que la marcha reunió a 200.000 personas, subrayó que la iniciativa se dirigió en contra de conceder derechos a relaciones entre personas del mismo sexo, tras argumentar que hay individuos que reclaman los derechos que nacen del matrimonio para sus relaciones.
El conjunto de iniciativas del gobernante PPD, que llegó al poder en las elecciones generales del pasado noviembre, incluyen un proyecto para enmendar el Código Civil y aprobar así las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, propuesta del presidente del Senado, Eduardo Bathia.
Además, el senador Ramón Luis Nieves propone prohibir por ley la discriminación en la contratación a personas de la comunidad LGBTT y que se penalice la posible negación de entrada a lugares públicos, establecimientos y medios de transporte por causa de orientación sexual.
El también legislador Luis Vega Ramos quiere que las parejas de hecho compuestas por miembros de la comunidad LGBTT se incluyan en el marco de protección de la Ley 54 contra violencia doméstica.
