Contraloría entrega dictámenes sobre SII en la antesala de informe sobre perdonazo a Jonhson´s

La Contraloría General de La República publicó este viernes tres dictámenes firmados por el director de ese organismo Ramiro Mendoza respecto a las denuncias que realizaron la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afiich), la Asociación de Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich) y la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, en contra del director  del SII Julio Pereira.

En la primera, por la contratación de un familiar suyo en Valparaíso, el ente contralor señaló que “no se advierte irregularidad en la designación a contrata de don Felipe Wiegand Restrepo”.

Se trata de Felipe Antonio Wiegand Restrepo, abogado de la Universidad del Desarrollo, concuñado del director de Impuestos Internos, quien fuera contratado por la dirección regional del servicio en Valparaíso sin concurso público y sin exigírsele los requisitos que de ordinario requiere el SII en los certámenes públicos para proveer cargos de abogados.

Wiegand fue vinculado en la modalidad a contrata el 2 de noviembre del año 2011 hasta el 31 de diciembre de ese año para desempeñarse como abogado resolutor, percibiendo una remuneración mensual de $1.955.357, con una asignación especial y sin horas extraordinarias.

El contrato le fue extendido posteriormente hasta el 31 de diciembre del 2012, con un reajuste del 10 por ciento en su sueldo, que se incrementó a $2.152.587, manteniendo una asignación, pero agregando derecho al pago de horas extraordinarias.

El funcionario es hermano de Claudia Wiegand Restrepo, quien está casada con Francisco Pereira Gandarillas, hermano del director de Impuestos Internos.

Sin embargo, el organismo contralor estimó que su nombramiento “se ajustaría a derecho”, debido que tras requerir un informe al SII, esta última entidad señaló que “Wiegand Restrepo fue contratado a partir del 2 de noviembre de 2011, para cumplir funciones en el Departamento Jurídico de la Dirección Regional Valparaíso, en el marco de las facultades que se confieren a la autoridad administrativa para efectuar designaciones a contrata”, consignó Bío Bío.

Contraloría estableció que “los empleos a contrata tienen una calidad esencialmente transitoria y no se relacionan con la planta ni con la estructura orgánica del Servicio, lo que significa que las condiciones del respectivo contrato compete determinarlas a la autoridad administrativa dentro de la esfera de sus atribuciones, ponderando al efecto las necesidades del Servicio, sin que corresponda a este Ente Fiscalizador evaluar las razones que tuvo en cuenta para disponer la referida contratación, ni pronunciarse acerca de su conveniencia u oportunidad”.

Respecto a la relación familiar de Julio Pereira con Felipe Wiegand, el ente contralor señala que la ley impide ingresar a cargos públicos a las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que no se configura en este caso.

Por último, y ante la acusación contra Pereira de intervenir en dicha contratación, se indica que según de determinó, el arribo del abogado al Departamento Jurídico del SII en Valparaíso, fue dispuesta por el Subdirector de Recursos Humanos y no por el cuestionado director.

La segunda denuncia, la de Aneiich, denunció irregularidades en la contratación de la empresa consultora “Inversiones y Asesorías San Ignacio Ltda.” por un monto de $35 millones y sin un proceso de licitación pública.

Al respecto, la Contraloría indicó que el SII “no se ajustó al ordenamiento jurídico vigente al contratar a la empresa, mediante el excepcional mecanismo del trato directo, pues no se cumplieron las condiciones que para ese efecto prevé la legislación que regula la materia”.

De igual manera, “no se aprecia que los servicios contratados, atendido el tenor de su descripción en el respectivo contrato, sean de aquellos que se requieren para el desarrollo de las funciones del SII”, agregó la entidad.

La Aneiich denunció que el jefe de gabinete del director del SII, Gerardo Montes Gandarillas, realiza funciones directivas  y con acceso a información tributaria secreta, entre las que se encuentra la aprobación del trabajo de “Inversiones y Asesorías San Ignacio Ltda.”, pese a que fue contratado a honorarios, circunstancia que vulneraría la normativa y la jurisprudencia.

Al respecto, la Contraloría indicó que “siendo ello así, no resultó procedente  que se le entregara al señor Montes Gandarillas, entre otras labores, la facultad de aprobar el trabajo” de la empresa consultora, “considerando que el referido servidor no tenía la calidad de agente público afecto a responsabilidad administrativa”.

En consecuencia, “el Servicio de Impuestos Internos deberá arbitrar las medidas tendientes a que en lo sucesivo, sus contrataciones de bienes y servicios, así como el sistema de capacitación y las actividades y prerrogativas del personal a honorarios de su dependencia, se ajusten cabalmente a la normativa que los rige, sin perjuicio de lo cual esta Contraloría General instruirá un sumario a efectos de determinar las responsabilidades administrativas que se deriven de los hechos ya señalados”, consigna Emol.

Finalmente, la Contraloría se refirió al proceso de condonación de la deuda de la multitienda Johnson´s , cuestionamiento derivado de la contratación en el año 2010  del abogado Gonzalo Schmidt Gabler para desempeñarse en la Oficina de Litigación Tributaria del Departamento de Asesoría Jurídica pese a su participación como patrocinante en una de las empresas filiales de Johnson´s, representación a la cual no habría renunciado antes de ingresar al SII.

En este punto, la Contraloría señaló que con fecha 11 de agosto de 2010, fecha previa a su incorporación a la entidad, Schmidt Gabler “renunció al patrocinio de las causas de orden tributario que representaba”, con excepción de la causa rol 10194-2008, en la que que recién el 6 de mayo de 2011-después de haber ingresado al SII- quedó sin efecto el poder que se le confirió para representarla.

Sin embargo, pese a que Schmidt Glaber, desde el 23 de agosto de 2010 -fecha de ingreso al SII- hasta el 5 de mayo de 2011, aparece como patrocinante de la empresa filial Johnson’s, denominada “Evaluadora de Créditos APEC Ltda.”, como lo denuncia la Aneiich, la Contraloría aclara que “el Tribunal Tributario de la XIII Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro, certificó, con fecha 27 de febrero de 2013, que en el expediente de la causa le fue otorgado el referido patrocinio, pero no se registra la firma de aceptación del mismo por dicho funcionario, ni tampoco actuaciones de éste en la aludida causa”.

Por otra parte, respecto a la consulta de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados por por la procedencia del trámite de toma de razón en los procesos de condonación de intereses y multas realizados por esa institución a Johnson´s, la Contraloría explicó que la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII es un órgano funcionalmente desconcentrado “que cuenta con las facultades que la ley le ha encomendado en forma exclusiva, entre las cuales se encuentra la de condonar las sanciones administrativas y los intereses penales por la mora en el pago de los impuestos en los casos expresamente previstos por la normativa legal”.

En este contexto, “la jurisprudencia de este Órgano de Control ha precisado en su dictamen N° 71.073, de 2011, que la restitución de una diferencia generada a favor de una determinada persona, no está afecta a toma de razón, por cuanto el citado numeral 8.6 de la resolución N° 1.600, de 2008, solo somete al estudio preventivo de legalidad las devoluciones por exceso o pago indebido de tributos que han sido solicitadas por los contribuyentes”.