Suprema confirma que Ministerio Público deberá pagar $520 millones a abogados defensores del “caso Bombas”

Se pensaba que el 31 de enero la Corte Suprema había sellado el final de uno de los capítulos más bochornosos de la historia judicial chilena. Tras ser declarados inocentes seis jóvenes, de todo delito que le imputaba el Ministerio Público y el Gobierno, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció al fisco a pagar un total de $520 millones, para ser repartidos equitativamente entre las defensas de los imputados, por concepto de costas procesales.

Sin embargo, en absoluto sigilo, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, decidió intentar una última acción que busca rebajar a sólo $21 millones el monto a repartir entre las defensas.

Una maniobra arriesgada, que apostaba a que se resolviera por la sala de verano que operó en febrero, durante el feriado judicial con una integración distinta a la que desestimó todos los recursos anteriores. Sin embargo,  el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, nunca le dio la preferencia solicitada por el fiscal Guzmán, dejando inalterable el orden normal establecido de dicha sala, que da prioridad aquellos recursos donde se deben resolver materias relativas a la libertad de las personas o garantías constitucionales.

El nuevo recurso de queja (ROL Nº 8562-2012) había sido presentado el 4 de febrero, después que se rechazara una queja del Ministerio Público en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago que, a su vez, días antes habían declarado inadmisible una apelación a lo resuelto por los jueces orales que fijaron los $520 millones por las costas del juicio.

Guzmán alegó personalmente en el escrito que la Corte de Apelaciones “ha omitido pronunciamiento respecto a (…)corregir de oficio las faltas o abusos denunciados a lo que está llamado este excelentísimo tribunal”, o sea la Corte Suprema, y alegando que tenían la “inexcusabilidad” de hacerlo.

Asimismo, el fiscal solicitó rebajar de $520 millones a $21.911.526, lo que implicaba poco más de $3 millones para cada defensa. El fiscal regional que reemplazó a Peña, calificó como “desproporcionado e infundado el monto “estableciendo en definitiva una indemnización, concepto que escapa completamente de lo que comprende las cosas de un proceso, desnaturalizándose este mecanismo de cosas”.

El jueves último, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Baraona, en una sola página rechazó los planteamientos con un simple y escueto “no ha lugar”.

De esta forma, desde que fueron absueltos los jóvenes y se determinó el monto de las costas, la Corte de apelaciones de Santiago y la Corte Suprema respaldaron todos los planteamientos realizados por el Tercer Tribunal Oral de Santiago integrado por los jueces Marcela Sandoval, Blanca Rojas y Carlos Carrillo.

El ministerio público deberá pagar poco más de $86.6 millones a cada defensa de los seis absueltos del caso.

Historia del fracaso

El Tercer Tribunal Oral en lo penal de Santiago, tras más de seis meses de juicio, el más largo de la historia de la Reforma Procesal Penal, absolvió de todos los cargos a los seis jóvenes acusados inicialmente por el ex fiscal Alejandro Peña y respaldado por el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, en julio de 2012.

Francisco Solar Domínguez, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guerra Guajardo y Mónica Caballero Sepúlveda, eran inocentes de los delitos de colocación de artefactos explosivos e incendiarios. Asimismo, Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luttge, también fueron absueltos de fabricar e instalar “bombas” en diversos puntos de Santiago, delitos de carácter terroristas.

Tras derrumbarse toda la tesis de Peña, respaldada públicamente por Hinzpeter, todos los recursos presentados por el Ministerio Público, el ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado, fueron rechazados uno por uno. Primero un recurso de nulidad y luego las apelaciones y quejas.

Mauricio Daza: “una tinterillada del Ministerio Público

“Se trata de una mera tinterillada absolutamente extemporánea, impertinente y infundada” sostiene el abogado Mauricio Daza sobre  el intento del Ministerio Público para revertir el pago de las millonarias costas a que fueron condenados tras perder el “caso bombas”.

Para el profesional, que defendió a Francisco Soler, fue un intento que “pretendía aprovechar, la sala de verano, con una integración distinta poder obtener un resultado para ellos”.

Respecto a la justificación del monto de las costas, El abogado explicó que el tribunal oral tuvo en consideración los gastos en que debieron incurrir las defensas para enfrentar el juicio.

“Hubo seis personas imputadas. Cada defensa tenía equipos de abogados que se turnaban dada la extensión del juicio. En nuestro caso, éramos cuatro los abogados que rotábamos, que preparábamos interrogatorios con días de anticipación, que no pudimos tomar otros casos y todo esto sumado a la prueba técnica”, sostuvo.

Agrega que hubo que pagar peritajes científicos en diversas materias como químicos, médicos incluso de ADN para descartar la presencia de los imputados en determinados lugares.

Daza recalcó que “el juicio por el caso bombas no lo ganamos porque el Ministerio Púbico no haya podido probar su tesis. Lo ganamos porque aportamos pruebas científicas de alta complejidad que descartaron las acusaciones del Ministerio Público”.

El abogado adelanta que preparan demandas civiles en contra del fiscal nacional Sabas Chahuán, el ex fiscal Alejandro Peña y el ex ministro del interior Rodrigo Hinzpeter “por ser ellos los grandes responsables de este verdadero desastre judicial“. “Son ellos los que debieran pagar de su propio bolsillo los gatos en que incurrió el Estado y las defensas en esta verdadera operación política de la cual lo que hicieron fue profitar”, agrega.