A dos semanas de su lanzamiento: Tribunal Ambiental no tiene causas
A juicio de abogados expertos y ONGs, en caso de irregularidades, se opta más bien por emprender acciones ante las Cortes de Apelaciones; además apuntaron que el acceso para los ciudadanos resulta complejo, largo y hasta dilatorio de cara a la ejecución de sanciones.
Este viernes el Tribunal Ambiental cumple dos semanas de funcionamiento sin que haya recibido denuncia alguna para revisar.
Sin ir más lejos a principios de marzo,el presidente de la instancia, José Ignacio Vásquez, señaló que el organismo no revisará las denuncias y reclamos formulados en los casos HidroAysén y Punta Alcalde, pues no les corresponde revisar resoluciones judiciales dictadas por otros órganos, si no que deben centrarse en materias nuevas.
La instancia, ubicada en Santiago, destaca como la primera en su tipo en el país y está compuesta por 5 ministros; cuenta con la facultad para recibir demandas por daño al medioambiente o impugnaciones frente a una resolución del alguna autoridad del sector, por ejemplo, la aprobación de un proyecto de inversión. En tanto las presentaciones que realicen personas o firmas, deben estar a cargo de abogados, informa La Tercera.
Abogados especialistas y ONGs señalan que esta falta presentaciones, podría explicarse debido a que recién llevan operando dos semanas, plazo breve para esperar que haya una tramitación. Igualmente señalan que los abogados especialistas en temas ambientales prefieren emprender acciones ante las Cortes de Apelaciones, ya que pueden presentar recursos de protección.
Asimismo apuntan que resulta considera dificultoso el acceso para la ciudadanía, pues se debe contar con un abogado.
Valentina Durán, abogada especialista en derecho ambiental, apunta que las acciones por daño ambiental suelen requerir un largo plazo para ser preparadas técnicamente, lo que podría explicar que aún no existan presentaciones.
Indicó además que el organismo tampoco es competente en casos en que, por ejemplo, una persona considera que hay contaminación en su barrio. “En esa instancia no se hacen las denuncias, sino que es la Superintendencia del Medio Ambiente la encargada. El tribunal, más bien, recibirá a la superintendencia, a los servicios públicos o a los titulares de proyectos”, explicó.
Los dardos de las ONG
Desde Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, señaló que la ausencia de presentaciones, “refleja la desconfianza en la ciudadanía y movimientos sociales ante la precariedad de la actual institución ambiental. Los tribunales ambientales no solucionan el problema de fondo, porque están destinados a proteger a las empresas más que a las comunidades”.
A su turno, Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, apuntó que “no es raro que aún no haya casos, porque los ministros juraron recién a fines de diciembre. Fue un proceso de instalación largo”.
Para Liberona posiblemente, sí han ocurrido hechos que podrían denunciarse, pero “es complejo tener que acudir a esta justicia si se vive en lugares alejados, donde no existen estos tribunales”. La ambientalista también menciona la obligación de acudir a la instancia con un abogado como un asunto que complica el tema y agrega que “hace complejo para las personas contar con defensa en ese ámbito”.
Con el mismo tono, Macarena Soler, abogada que ha llevado causas ambientales ante la justicia, sostiene que algunas organizaciones han manifestado que prefieren interponer recursos de protección ante las cortes en estos casos, “debido a que el camino es más largo si se hace de la otra manera. Primero, se debe impugnar una decisión ante un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y, luego de ello, ir al Tribunal Ambiental. El proceso es más extenso, y cuando se resuelva, posiblemente el proyecto ya estará construido”.
El director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, indicó que “si alguien se imaginó que en estos tribunales se podía llevar a alguien a la cárcel en calidad de delincuente ambiental, no es el caso (…). Tengo la idea de que se crean como una instancia dilatoria para la ejecución de sanciones”.
Por su parte, en el Segundo Tribunal Ambiental nadie quiso pronunciarse respecto de este hecho.