Daniel Fernández apuesta por un royalty a las ganancias de centrales eléctricas

El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, sorprendió este lunes con su propuesta de aplicar un royalty a la generación eléctrica, que grave las ganancias de estos complejos generadores, de manera similar al que se aplica a la minería.

Aunque la propuesta, que podría asociarse más con el mundo medioambiental o las ONGs, fue definida por el ejecutivo como una idea de de carácter personal, señalan que “no lo hago a nombre de HidroAysén”, agregó que algunos socios del proyecto, como Colbún, también lo han planteado.

“Debería haber un mecanismo claro, objetivo y exigible de compensaciones. No estoy hablando del tema ambiental, que tiene su dinámica propia, con sus exigencias y mitigaciones y eso está bien, sino cómo la comunidad recibe los beneficios de un proyecto… Me parece que es más objetivo, transparente y predecible que exista un mecanismo asociado a las ganancias de un proyecto o a otra variable, que estar negociando caso a caso compensaciones”, dijo Fernández en un foro sobre energía organizado en Coyhaique por la firma y al que asistió el presidente peruano Alan García. 

¿Sería un royalty a la generación eléctrica? “Creo que debería ser a todas las formas de generación, podría ser asociado a los megawatts producidos, podría ser distinto según el método de generación, porque hay algunos que tienen más impactos que otros”, detalló, según publica Chile Sustentable.

En todo caso este royalty debiera aplicarse por parejo a todos los proyectos a futuro.

Fernández enfatizó que esta propuesta ya se discutió en el marco de la “Ley Tokman”, -bautizada así en honor al ex ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Tokman- pero subraya que debe estudiarse para que las inversiones se reactiven.

La oposición de la ciudadanía sumada a la múltiples acciones judiciales presentadas ha llevado a que en las actualidad haya una moratoria en el sector eléctrico y no existan grandes centrales que ingresen al sistema en los próximos cuatro años. Entre los proyectos paralizados se cuenta a Barrancones (540 MW), Castilla (2.100 MW), Energía Austral (1.050 MW) y el Parque Eólico de Chiloé (112 MW), entre otros. HidroAysén misma está a la espera de definiciones del gobierno tales como el trazado, las áreas de reserva territorial y la “carretera eléctrica”.

En este contexto Fernández apunta que para el 2016 y hasta el 2022 se vislumbra inestabilidad en el suministro y aumento de precios. Así, el desafío “es cómo enfrentamos la crisis que inevitablemente tendremos a partir del 2016″.

De cara a la interrogante de si es viable un gravamen de este tipo, el ex ejecutivo de TVN, Metro y Enap dice que en Chile existe una política de impuestos parejos, pero en 2005 se aprobó un impuesto específico a las mineras. Aunque existía el compromiso de que estos recursos fueran a las regiones mineras, esto no ocurría y el Gobierno envió un proyecto para crear un fondo de desarrollo de regiones mineras (Fondenor), que aún se discute.

A su juicio, la generación de electricidad debe ser planificada en un horizonte de largo plazo, ya que trasciende a los gobiernos y que, tal como ocurre con las relaciones exteriores y la educación, la energía debiera ser objeto de una política de Estado.

Otro problema es que la participación ciudadana es posterior a cualquier proyecto y por eso el ejecutivo propone, además, que se haga un proceso anticipado para que las empresas sepan a qué se enfrentan antes.

La Región de Aysén no es parte del Sistema Interconectado Central, sino de una red propia que, paradójicamente, se nutre básicamente de energía térmica. De ahí que, la cuenta promedio es más cara: prácticamente el doble que una boleta de luz en Santiago, es decir, de más de $30 mil al mes.

“Es una injusticia que queremos reparar”, dice Fernández. Y es que HidroAysén ha hecho público su compromiso de bajar la cuenta en un 50%, lo que se incluyó entre las mitigaciones por el impacto ambiental de las megacentrales.

Si el proyecto se demora en construirse, HidroAysén tiene la idea de entregar un subsidio directo a la cuenta de luz. En todo caso, las compensaciones y aportes de HidroAysén a la comunidad, dice el ejecutivo, superan con creces los montos de cualquier royalty que se definiera, por lo que no podría ser adicional a estas mitigaciones.

“Es más objetivo, transparente y predecible que exista un mecanismo asociado a las ganancias de un proyecto o a otra variable, que estar negociando caso a caso compensaciones”, agregó.

“Debería ser a todas las formas de generación, podría ser asociado a los megawatts producidos, podría ser distinto según método de generación, porque hay algunos que tienen más impactos que otros”.

La respuesta a Longueira

De cara a los dichos del ministro de Economía, Pablo Longueira, señalando que el Gobierno no convocará al Comité de Ministros hasta que Colbún no retire el hecho esencial en que la empresa informó que suspendía el estudio para la línea de transmisión “mientras no exista una política (energética) nacional que cuente con amplio consenso”, el representante de HidroAysén dijo a Emol que “el Gobierno de Chile tiene la obligación de respetar la institucionalidad y las leyes, y hay responsabilidades, plazos y derechos que están siendo vulnerados respecto de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) de las centrales”.

Daniel Fernández subrayó que la línea no es parte de esa aprobación ambiental, lo que está validado por la Corte Suprema. “El Gobierno tenía plazo establecido de 60 días para convocar al Comité de Ministros sobre las centrales, pero ya lleva casi dos años y sigue sin hacerlo”.

“El hecho esencial de Colbún fue sobre la línea, que es otro proyecto aparte, que puede ser abordado directamente o a través de terceros, como sucede siempre. Hoy no hay claridad jurídica ni práctica para los inversionistas sobre la línea de transmisión que quiere el gobierno actual, porque envió un proyecto de ley sobre carretera pública, iniciaron el diseño gubernamental del trazado y dijeron que había zonas reservadas, todo lo cual ha sido al margen del sistema ambiental vigente”, apuntó.

Fernández puntualizó que “el incumplimiento de los plazos y la discrecionalidad para hacer exigencias que están al margen de la RCA de las centrales es muy grave y genera un mal precedente sobre el debido respeto a la institucionalidad y las leyes. Este problema explica en buena parte el precario e incierto abastecimiento energético de Chile para los próximos años, que ya está teniendo efectos sobre los costos, la competitividad y el desarrollo de nuestro país”.