Fiscal Huerta acusa a ex jefe de Oceanografía de "imprudencia temeraria" el 27F
En 2011, la fiscal Huerta imputó por cuasidelito de homicidio a ocho exfuncionarios, entre ellos el subsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández por no alertar a la población del peligro que existía.
La fiscal Solange Huerta, que indaga los errores cometidos por las autoridades en el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010, acusó hoy al exjefe de Oceanografía del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Andrés Enríquez, de “imprudencia temeraria” al cancelar la alerta de maremoto.
“Él asume el rol de asesor principal. Participa en la sesión de cancelar la alerta de tsunami, lo que se concreta a las 04.49 hora local, acción que es ejecutada con imprudencia temeraria”, subrayó la fiscal Huerta durante la segunda jornada de audiencias que analiza el sobreseimiento de cuatro de los ocho imputados.
Huerta añadió que la decisión de Enríquez la tomó pese a que la información sísmica, la información del momento sísmico y las alteraciones significativas del nivel mar, eran concluyentes que el maremoto estaba en curso.
La fiscal investiga los errores de descoordinación que provocaron que el 27 de febrero de 2010 no se emitiera una alerta de tsunami tras el terremoto de 8,8 grados de magnitud Richter ocurrido a las 03.34 hora local de aquel día.
La fiscal explicó en la audiencia que Enríquez era el hombre más capacitado en Chile en el tema de los tsunamis y aseguró que en él se invertieron fondos públicos para su especialización en distintos seminarios del mundo y un magíster en Estados Unidos.
Tanto la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) como el SHOA han recibido fuertes críticas por su accionar tras el cataclismo de febrero de 2010, que dejó un saldo de 526 personas muertas, 800.000 damnificados y 30.000 millones de dólares en pérdidas, equivalentes al 18 % del producto interno bruto (PIB) chileno de entonces.
En 2011, la fiscal Huerta imputó por cuasidelito de homicidio a ocho exfuncionarios, entre ellos el subsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández por no alertar a la población del peligro que existía.
El tsunami que se registró después del terremoto, que liberó una energía equivalente a 100.000 bombas de Hiroshima y está considerado el quinto más grande de la historia, causó 156 muertos y 25 desaparecidos.
En 2010, se dio a conocer un vídeo grabado en las dependencias de la Onemi en el que se refleja la descoordinación que se registró en las horas posteriores al terremoto entre las autoridades, incluida la entonces presidenta, Michelle Bachelet, y los mandos militares.
La entonces mandataria pidió un helicóptero para viajar a las zonas más afectadas y la Fuerza Aérea tardó cinco horas en proporcionarle uno.
El pasado 10 de mayo, la justicia chilena admitió a trámite una querella por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio contra Bachelet, actual precandidata presidencial, por la fallida alerta de tsunami.
Al regresar en marzo a Chile tras dirigir durante dos años y medio en Nueva York la ONU Mujeres y romper el silencio que mantuvo durante ese tiempo, Bachelet defendió su actuación frente a la catástrofe, indicó que no contaban con información fidedigna y cuando fue interpelada al respecto, evitó pedir perdón a los familiares de las víctimas.
Para este miércoles, cuando se completen todos los alegatos, se espera que el juez Ponciano Salles resuelva sobre el sobreseimiento por cuatro de los ocho procesados por este caso.
