Ahora sí que ya no podrá decir "¡Paco #@&!": Arriesga cárcel hasta por 60 días

En el marco de la cuenta pública presentada ayer por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, éste anunció que dentro de los próximos días el Ejecutivo enviará al Congreso la denominada “Ley Mi Cabo“,  proyecto legislativo que busca establecer como delito “el insulto grave a un carabinero o policía en ejercicio de sus funciones y eleva las penas del delito de maltrato de obra, causando lesiones graves a los miembros de Carabineros o la PDI”.

“Que quede muy claro: este gobierno no va a tolerar agresiones ni insultos a nuestros carabineros”, enfatizó el mandatario.

Tras finalizar el mensaje presidencial, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, manifestó que “el proyecto considera delito el insulto grave o reiterado a un miembro determinado de Carabineros en ejercicio de sus funciones, conociendo su calidad de tal. Lo mismo para quien lo golpeara o maltratara, provocándole lesiones”.

¿Quiere decir eso que, por ejemplo, los cánticos de una barra contra los uniformados serán un delito? El subsecretario lo aclara: “Si hoy hay un acto masivo y gente le grita en genérico a Carabineros, no se considera un insulto. Pero si en el procedimiento operativo para detener o para canalizar un movimiento masivo, una persona insulta directamente de manera reiterada y grave, es un delito y tiene una pena de cárcel de hasta 60 días. Esas penas generalmente son remitidas”, añadió, según publica La Tercera.

¿Y cómo se determinará qué es un “insulto grave”? Ubilla señaló que “será como todos los delitos. El fiscal tendrá que iniciar la investigación y deberá determinar si las pruebas cumplen los estándares para presentar cargos”. De todas formas, puntualizó la autoridad, serán los parlamentarios quienes establecerán en forma específica qué se entenderá como “grave“.

Este proyecto aumenta también las penas para el maltrato de obra a los policías; junto con ello, “se tipifica el delito de atentado contra vehículos o recintos policiales. Ya no sería sólo destrucción de propiedad pública, como es hoy”, indica Ubilla.