Fiscal Chahuán confirma a Solange Huerta en investigación por el 27F
La resolución se conoce luego que los intervinientes fueran notificados del rechazo a la inhabilitación de la persecutora, medida solicitada por el abogado querellante Raúl Meza, y que durante el día había sido refutada por Alfredo Morgado y Carlos Fairlie, abogados querellantes.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, confirmó a la fiscal regional Solange Huerta como la encargada de la investigación penal respecto a la fallida alerta de tsunami tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
La resolución se conoce luego que los intervinientes fueran notificados del rechazo a la inhabilitación de la persecutora, medida solicitada por el abogado querellante Raúl Meza, y que durante el día había sido refutada por Alfredo Morgado y Carlos Fairlie, abogados querellantes en el también denominado Caso Tsunami.
“No concurre causa legal alguna de inhabilitación que afecte a la Sra. Fiscal Metropolitana Occidente en términos que hagan necesario o al menos recomendable, dejar sin efecto su designación para referir la referida investigación”, dijo Chahuán en el documento.
En esa línea, la máxima autoridad del Ministerio Público destacó “la extraordinaria diligencia, acuciosidad y profesionalismo” de Huerta en la investigación, lo que da cuenta “del estándar de seriedad y objetividad para todos los intervinientes en la persecución penal encomendada”.
RESPUESTA DE MEZA
El abogado Raúl Meza, en tanto, lamentó la resolución de Chahuán y dijo que éste “tuvo una oportunidad única” para dar “garantías de independencia y autonomía” a las familias.
“El Fiscal Nacional tuvo una oportunidad única, irrepetible e histórica para darle a los familiares de las víctimas del tsunami, plenas garantías de independencia y autonomía del órgano persecutor”, dijo el jurista.
En esa línea, afirmó que la máxima autoridad del Ministerio Público “optó por privilegiar ciegamente el respaldo corporativo institucional hacia un funcionario bajo su dependencia y con ello, postergar las legítimas aspiraciones de justicia de los familiares de las víctimas en contra de las máximas autoridades políticas que asumieron el mando político y de autoridad el día 27 de febrero de 2010 en dependencias de la Onemi”, consignó Terra.
