Informe de DDHH da cuenta que Chile vulnera derechos territoriales de la etnia rapanui
Observadores internacionales denunciaron que el Estado "no reconoce ni promueve la autodeterminación" al pueblo rapanui y gobierna la isla "sin otorgar mayor reconocimiento de derechos territoriales".
El Estado de Chile vulnera los derechos sobre territorios ancestrales que tienen los indígenas rapanui en la Isla de Pascua, según un informe elaborado por observadores internacionales de derechos humanos.
El documento, creado por la canadiense Clément Chartier; el peruano Alberto Chirif, un antropólogo experto en la Amazonía, y Nin Tomas, experta en derechos de pueblos indígenas de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, sostiene que el Fisco ha privado a lo largo de los años al pueblo rapanui de sus tierras ancestrales.
Estos expertos, junto a profesionales de la ONG Observatorio Ciudadano, realizaron una visita a Chile en agosto de 2011 para reunirse con organizaciones indígenas en Isla de Pascua, autoridades del Gobierno y entidades de derechos humanos.
Los observadores llegaron a la conclusión de que el Estado chileno “no reconoce ni promueve la autodeterminación” del pueblo rapanui y gobierna la isla “sin otorgar mayor reconocimiento de autonomía o autogobierno y derechos territoriales de este pueblo”. Según el estudio, unas 3.000 personas pertenecen a la etnia rapanui, sobre una población de unos 5.000 habitantes.
La anexión de esa isla polinesia a Chile se efectuó mediante un Acuerdo de Voluntades suscrito en 1888 entre un líder indígena y un representante del Estado chileno de la época.
Este acuerdo, según el informe, establecía las bases de una relación equitativa entre las dos partes, en la que los rapanui se reservaban la tierra y la vigencia de sus propias autoridades en la isla, algo que no ha sido respetado por Chile desde el principio.
El Estado debe revisar su relación con los rapanuis
A partir de 2010, algunos indígenas ocuparon pacíficamente edificios públicos y privados en Isla de Pascua como medida de presión para exigir al Gobierno el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras de sus antepasados.
El Gobierno impulsó entonces un proceso de diálogo, pero también optó por criminalizar el movimiento, reforzando el contingente policial en la isla y realizando violentos desalojos, señala el documento de los observadores. Los expertos recomiendan al Estado “revisar” su relación con el pueblo rapanui y replantearla sobre la base del acuerdo de 1888.
“Esta relación debe plantearse de manera ecuánime, en condiciones de igualdad, con plena participación de los rapanui y reconocimiento de sus derechos de libre determinación y territoriales”, sostiene el informe.
