Fiscal argentino incluye a Chile en lista de países infiltrados por Irán con fines terroristas

Alberto Nisman, fiscal general de la causa que investiga el atentado que en 1994 afectó a la mutual judía AMIA en Buenos Aires, acusó este miércoles a Teherán de infiltrarse en países de América del Sur para perpetrar atentados terroristas. La lista incluye a Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.

A través de un duro y extenso dictamen de más de 500 páginas, Nisman señaló que el gobierno iraní instaló estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas en los países citados, según consigna el diario argentino La Nación.

El fiscal general de la causa AMIA, que investiga el ataque contra la mutual judía en el que murieron 85 personas, remitirá en las próximas horas exhortos a las autoridades judiciales de los ocho países mencionados con “indicios de que dicha infiltración e instalación de estaciones de inteligencia se habría llevado a cabo en dichos países”.

En su presentación judicial, detalló cómo opera el terrorismo fundamentalista iraní que, recordó, produjo ya “resultados devastadores” en Argentina y estuvo a punto de producirlos hace unos años en uno de los aeropuertos de Nueva York.

A juicio del fiscal, “existen fuertes y concordantes indicios de que dicha infiltración e instalación de estaciones de inteligencia se habría llevado a cabo en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam”.

Nisman además pidió a la Interpol que extreme las medidas para detener a todos los acusados por la causa AMIA sobre los que pesen pedidos de captura internacional.

Esta nomina la integran el ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi; el exministro de Información Alí Fallahijan; el exasesor gubernamental Mohsen Rezai; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari.

La Justicia argentina también pidió en 2006 la captura del exviceministro de Exteriores para Asuntos Africanos de Irán Hadi Soleimanpour, del expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y del exministro de Exteriores Alí Akbar Velayati, aunque estos no cuentan con una “alerta roja” de captura por parte de Interpol.

En su dictamen, Nisman insiste en responsabilizar a las máximas autoridades de Irán por la explosión de la AMIA.

Asimismo, enfatiza que Rabbani no sólo tuvo actuación en este atentado sino también como “coordinador de esta penetración en Sudamérica y muy especialmente en Guyana, a través de su discípulo Abdul Kadir, máxima referente iraní en dicho país”, actualmente en prisión.

El fiscal da “por probado” que el ataque a la AMIA “resultó ser una parte de un entramado mucho mayor, dominado por una fuerte penetración iraní en la región, donde el papel de Moshen Rabbani no se limitó sólo a Argentina sino que se extendió a Guyana, además de ser el responsable y tener a su cargo la coordinación de dichas actividades en toda Sudamérica”.

Además acreditó que el libanés Samuel Salman El Reda, con pedido de captura desde 2009 y sindicado como máximo responsable de la conexión local del ataque a la AMIA, se valió de una falsa ciudadanía colombiana para ingresar a Argentina varios años antes del atentado, “ocultando su pertenencia” a Hizbulá.

En enero pasado, Argentina e Irán firmaron un acuerdo, rechazado por la comunidad judía local y el arco opositor argentino, que prevé la creación de una comisión de juristas que revise las actuaciones judiciales en torno al atentado.

El memorandum de entendimiento también prevé la realización de interrogatorios en Teherán a los acusados por la explosión de la AMIA sobre los que pesan órdenes de captura con “alerta roja” por parte de Interpol.

El de la AMIA fue el segundo de los atentados terroristas contra intereses judíos en Argentina, ya que en 1992 explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y mató a 29 personas.

La comunidad judía atribuye a Irán y a Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.