Profesión peligro: El alto riesgo de ser ambientalista en Guatemala

Guatemala, cuyas selvas eran consideradas hasta hace pocos años como “el segundo pulmón de América, sólo después del Amazonas”, enfrenta un proceso preocupante de deforestación. Según estimaciones oficiales, anualmente se pierden alrededor de 101.000 hectáreas de bosque. Y una de las razones de la tala despiadada de árboles es la explosión demográfica (1.400 niños nacen cada día) en un país donde la mayoría de la población sólo tiene acceso a la leña para cocinar sus alimentos.

Pero esta no es la única motivación que preocupa. La más contundente, se liga con los intereses empresariales de industrias mineras, madereras y ganaderas. Según Yuti Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), entre 1989 y 2012, en este país han sido asesinados 46 guardias encargados de proteger los bosques y otros recursos naturales.

“En los últimos 10 años, el patrón se ha modificado. Ya no sólo se persigue a la gente que trabaja en la defensa del ambiente, sino también a quienes defienden sus tierras o recursos como el agua. Y lo más grave: ya no sólo se les asesina, sino que su actividad se criminaliza”, detalla.

Melini enfatiza que “esta gente, cuando se ve afectada, considera a quienes denuncian como personas que representan un riesgo alto a sus intereses. Y no se andan con pequeñeces. Buscan directamente la eliminación física de los ambientalistas”. Y este experto lo ha vivido en carne propia, ya que hace cinco años sufrió un atentado que lo mantuvo cerca de 10 días en una unidad de cuidados intensivos,.

Lo más grave, es que las organizaciones ambientalistas no tienen ningún respaldo del gobierno para el cumplimiento de su labor. “Durante el actual gobierno, presidido por Otto Pérez Molina, se ha criminalizado la protesta social en defensa de la naturaleza. Quienes defendemos el agua, la vida y estamos en contra de la minería a cielo abierto somos considerados terroristas por este gobierno”, explica.

En tanto, la Fundación para el Desarrollo y la Conservación de la Naturaleza (Fundaeco), que opera mayoritariamente en la zona Caribe de Guatemala, ha perdido a siete hombres y sufrido dos atentados en la última década, confirma a este periódico el director general de la organización, Marco Cerezo.

Para el ambientalista, el hecho de que personas que llegan desarmadas traten de que se respete la ley en zonas donde la ausencia del Estado es secular, incomoda a los transgresores, acostumbrados a operar dentro de la más absoluta impunidad. Sensación que se ha incrementado desde que las mafias del narcotráfico invadieron estas zonas y han hecho valer su enorme potencial económico y sus armas. En este contexto agrega que “los pequeños caudillos que deforestaban zonas para el cultivo de pastos para el ganado, se fueron convirtiendo en potentados, cuyos intereses colisionan con el ambiente”.

A juicio de Cerezo, este problema sólo empezará a solucionarse con una mayor presencia del Estado, Ejército y Policía, que recuperen el control territorial y hagan valer la legalidad, “Es la gran petición de los ecologistas guatemaltecos”, comenta. Y advierte que quienes más riesgo corren son los pequeños líderes comunitarios que velan por conservar su acceso al agua limpia y a un ambiente sano. “Están totalmente desprotegidos”, subraya.