El lobby que encendió el negocio de las estufas a leña y congeló su regulación

La situación de alerta ambiental que hoy viven ciudades como Osorno, Temuco, Chillán y   Los Ángeles sumado a las medidas oficiales de restringir el uso  de  leña en los hogares ha develado las falencias de una legislación ambiental que para muchos no ha logrado atacar la raíz del problema: las fuentes contaminantes.

Mientras en Temuco la prohibición de usar leña puede beneficiar el negocio de las briquetas (sucedáneo de la leña autorizado), que compromete familiarmente al intendente Andrés Molina, en Santiago y ciudades sin restricción, tanto la legislación vigente como la que comenzará a regir desde octubre es, a juicio de muchos, permisiva con los estándares que  los fabricantes de estufas deberían garantizar para que sus productos reduzcan su impacto en la calidad del aire.

Fuentes del ministerio del Medioambiente y expertos coinciden en la existencia de lobby por parte de los principales fabricantes de estufas a leña que ha logrado influir en las tres últimas legislaciones al respecto.

La conexión

Ricardo Katz fue por años el jefe de la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benitez, en la consultora GAC, encargada de asesorar a las principales empresas relacionadas con la generación de energía. Luego, cuando Benitez ocupó la cartera, se transformó en miembro del Consejo Consultivo de la secretaria de Estado. Desde ese puesto influyó en el freno a una norma que pretendía regular fuertemente a las empresas que comercializan estufas a leña.

En estos datos podría no haber ningún tipo de incompatibilidad, de no ser porque, a través de GAC y de forma paralela, Katz asesoraba a Estufas Amesti, una de las dos empresas que controlan ese rubro.

“Hacen lobby, capturan el regulado. Principalmente de Amesti, esa empresa es feroz acá. Yo vi y estuve en reuniones donde se presionaba. El lobbysta acá era Ricardo Katz”, así de categórico es uno de los técnicos con mayor trayectoria al interior del Ministerio del Medio Ambiente cuando se le consulta sobre los cambios que hechos  a la norma que venía a regular el sector.

Si bien Katz se restó de votar la mentada normativa, igual presentó su visión. En un correo electrónico filtrado por El Mostrador en abril del 2011, el lobbysta se excusó de participar, pero envió a todos los consejeros su parecer. Luego que el episodio se hiciera público, reclamó en la sesión del 21 de abril de ese año, tal y como consta en las actas del Consejo Consultivo: “El consejero Katz pide la palabra para referirse a la situación que le afecta, en relación a un artículo de prensa en que se le menciona críticamente con ocasión del conocimiento que ha debido tener el Consejo de la norma de emisión de calefactores. Señala que se le informó que lo señalado en la prensa proviene de un miembro del Consejo Consultivo. Al respecto solicita un cambio en el clima interno”.

Desde el 2003 que se tramitaba la nueva normativa que buscaba una solución al grave problema de contaminación que afecta a 30 ciudades del centro-sur del país y que tiene a Temuco, Padre Las Casas y Osorno con emergencias ambientales que han llevado a las autoridades a prohibir el uso de la leña durante varias horas al día.

Los expertos coinciden en que el problema está radicado en los artefactos que combustionan la leña y que no cuentan con la calidad necesaria para reducir los indices de contaminación. Actualmente en el país hay cerca de 1 millón 200 mil estufas, y cada año se incorporan otras 100 mil.

En concreto, la inédita normativa que se trabajó durante los gobiernos de la Concertación buscaba que las empresas comercializadoras de estufas mejoraran la calidad de sus productos para reducir al mínimo los efectos contaminantes de la leña. Una fuente del Ministerio del Medio Ambiente señala: “La norma para estufas es un proceso que ha tomado bastante tiempo. Se inició informalmente el 2002, 2003, y el 2005 se empezó a trabajar ya en la norma con una resolución. Se hizo una consulta pública el 2006 con un ante proyecto, el que luego fue totalmente modificado entre el 2009 y el 2010. Siempre hubo una oposición por parte de las empresas a que el ante proyecto de norma hubiera sido oficializado, porque presentaba una desventaja para su sector”.

El director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, Marcelo Mena, denuncia que el lobby de las empresas fue poderoso: “El reglamento actual es bastante más laxo que el que se preparaba, y en eso influyó el lobby de las empresas.En un principio la norma establecía varias categorías, de la A a la H. Esto iba a ser por un período, y gradualmente se iban a ir eliminando las estufas más sucias. El tema es que como en Chile casi todas las estufas son sucias, hubo un lobby tremendo para poder revertir esta situación y ya el año 2009 todas estas exigencias empiezan a desaparecer”, señala respecto de la norma promulgada en noviembre del 2011 y que rebajó las regulaciones a las estufas.

Los técnicos del Ministerio apuntan que con la normativa actual no se lograrán mejoras significativas en la calidad del aire, y que los equipos siguen siendo prácticamente los mismos: “El peso del artefacto es importante porque permite guardar el calor y entregarlo en forma eficiente…  en el ante proyecto se establecían equipos de mayor peso, pero ahora las estufas siguen siendo iguales en términos de peso y masa térmica. De hecho las láminas de las estufas tienen menor peso”.

Uno de los ingenieros que ha trabajado en el tema en la secretaría de Estado agrega que, comparadas con sus pares internacionales, las estufas chilenas son malas: “Las estufas Bosca y Amesti tienen una eficiencia de entre un 40% y un 50%, no más. Una estufa bien diseñada, con masa térmica y con doble cámara, alcanzaría entre 75% y 100%. Además, acá en Chile se da una singularidad, el ducto de la estufa lo utilizamos como parte del sistema de calefacción. Y eso no debiera ser así”.

Las empresas

Dos son los principales actores en ese mercado, uno es Amesti, de propiedad de Cristian De Amesti, que realizó un intenso lobby con el gobierno de la mano del ya mencionado Katz. Y el otro es Bosca, de propiedad de la familia Ossandón y que es dirigida por Roberto, hermano del candidato a senador por la Región Metropolitana Oriente, Manuel José Ossandón. De militancia RN, es cercano al timonel del partido, Carlos Larraín, y presidente del directorio del Instituto Libertad, uno de los principales centros de estudio vinculados a la derecha.

Desde el Ministerio indican que el lobby de Bosca no fue tan evidente, pero que si existió: “Ellos elaboraron documentos e influyeron en la discusión. Lo que pasó es que a fines del 2009 tuvieron una crisis interna y despidieron a las personas que tenían llegada acá. Pero estas empresas trabajan así, nunca han invertido en profesionales que les ayuden a mejorar sus productos, sí contratan a abogados que hagan lobby y a ingenieros comerciales que les mejoren las ventas”.

El problema de la leña

“Por muchos años la leña no fue combustible oficial, pero ya están las atribuciones. A los fabricantes de estufa a leña les convenía que la leña no fuera reconocida como un combustible, ya que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no podía tener atribuciones para regularlo, entonces no podía revisar las emisiones de calefactores a leña”, asegura Marcelo Mena, quien agrega que ese tema ya está superado pero que eso explica el por qué nunca, hasta ahora, se legisló al respecto.

Las cifras dan para pensar. Entre la Región de O´higgins y la de Aysén, la leña reina. Se trata del principal combustible que las personas utilizan para la calefacción en Chile. El problema es que también protagoniza los índices de contaminación. Según se desprende de la normativa publicada por el Ministerio el 30 de julio del 2012, el aporte de las emisiones por combustión residencial alcanza a un 45% en la Región de O´higgins, un 89% en Talca, un 55% en Concepción, un 97% en Temuco y Padre Las Casas y un 94% en Coyhaique.

Paola Vasconi, consultora ambiental y ex coordinadora del programa de medio ambiente de Fundación  Terram, asegura que: “La leña ocupa casi el 20% de la matriz energética en Chile, tanto primaria como secundaria. La calidad de la leña y el resguardo del bosque nativo son los dos grandes problemas en el sur”. Además de la contaminación, en ciudades como Coyhaique el problema se cruza con la depredación del bosque nativo para ser usado como combustible.

Miguel Márquez es ex asesor del Ministerio de Energía y uno de los consultores más respetados en el tema. Para él es casi imposible regular la venta de leña, ya que son miles las personas que la comercializan en todo el país: “La leña es el combustible más importante a nivel de hogares. Esto involucra a decenas de miles de pequeños productores en cada una de las regiones. El otro aspecto distintivo es que en función de los aumentos de precios de los otros combustibles que pueden ser usados para calefacción, la leña sigue siendo el combustible más barato”.

Márquez agrega que: “Hoy podemos afirmar, sin ambigüedad ninguna, que aquí se creó el transantiago de la leña. Ni el gobierno de la Concertación ni el de la Alianza han sido capaces de asumir a la leña como un combustible como el resto. Eso ha pasado por ignorancia y porque no se han dado cuenta que la leña, a pesar de ser el principal problema de calidad del aire en cerca de 30 ciudades, representa la más formidable de las alternativas para responder a los desafíos de calefacción en la zona centro sur”.

Según el consultor, el debate energético siempre se centra en la generación eléctrica, lo que tendría una explicación obvia: “¿Por qué sucede eso?, es claro, porque se mueven miles de millones de dólares y hay tres empresas generadoras que  concentran el mercado eléctrico, y esto tiene muchísima relación con el IPSA, las rentabilidades son feroces, al mismo nivel del sector minero, no lo digo yo, lo dice el presidente de American Minerals, el señor Hernández del grupo Luksic”.

La nueva normativa

La normativa aprobada finalmente por el gobierno se basa en una anterior aplicada el 2000 solo a la Región Metropolitana. Se aceptarán emisiones de 2,5 gramos por hora en estufas de hasta ocho kilos, lo que subirá a 3,5 gr/hr en el caso de los artefactos que alcancen los 14 kg. y de 4,5 gr/hr en los aparatos más grandes.

Estos límites también cambiaron a inicios del 2010, cuando recién se instalaba la administración del Presidente Sebastián Piñera. Una de las personas que trabajó el tema en el Ejecutivo asegura que: “En ese cambio hay un tema super importante porque en la primera propuesta, que era masa por energía útil producida del artefacto, tú estabas cumpliendo dos objetivos: calefaccionar y contaminar poco. Pero al cambiar masa por tiempo, tu estas diciendo que funcione la estufa en un tiempo determinado y que contamine poco. Lo que se hizo fue incentivar la construcción de equipos más pequeños y más contaminantes”. El círculo vuelve a cerrarse y nuevamente el tema regresa a los beneficios obtenidos por las empresas comercializadoras de las estufas con el cambio en la normativa.

“Los valores que tenía antes eran absolutamente distintos de los actuales. El ante proyecto presentaba un desafío de mejoramiento tecnológico para los artefactos, pero ahora no se imponen mejoras de eficiencia o de reducción de la contaminación. No se incentivan mejores calefactores a leña”, señala uno de los técnicos del Ministerio.

A Paola Vasconi no le caben dudas: “Cuando se quiso regular y cuando se hizo la regulación de los calefactores de leña por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el lobby de las empresas comercializadoras de las estufas a leña fue extremadamente gravitante, tanto en la elaboración de la norma como en el congreso. Esa ha sido la piedra de tope para que los gobiernos asuman este desafío”.

El próximo 01 de octubre la normativa entrará en vigencia. Las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente no estuvieron disponibles para conversar con El Dínamo, pero un ingeniero de la secretaria de Estado explicó el argumento que entregó al interior de la cartera el Jefe de la División de Aire del Ministerio, Marcelo Fernández, para basar la normativa nacional en la aplicada en la Región Metropolitana: “Se supone que los fabricantes ya habían hecho mejoras en los artefactos para cumplir ese valor que estaba rigiendo en la RM. Eso es una falacia, no hay un argumento que sustente eso, no hubo mejoras en los equipos“.

Decepcionado, el técnico es enfático: “Si bien en la norma de la Metropolitana está escrito que deben haber mejoras en los artefactos, eso fue letra muerta. Nunca hubo laboratorios para comprobar esa norma, nunca hubo un seguimiento o una medición de las estufas que comprobaran un antes y un después”, sentenció.