Gobierno apuesta por acelerar proyecto de Ley para otorgar concesiones eléctricas
Luego de que la iniciativa fuera despachada el miércoles último por el Senado en el marco de un acuerdo transversal el Ejecutivo puso urgencia de "discusión inmediata" al proyecto, que será revisado la próxima semana por la sala de la Cámara. Los opositores anuncian requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Tras la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Concesiones Eléctricas y Servidumbres, el Ejecutivo ha apostado por acelerar el despacho de la iniciativa calificándola con urgencia, dando pie para su “discusión inmediata” en la Cámara de diputados dentro de los próximos 7 días, instancia que, en el marco de tercer tramite, deberá revisar los cambios introducidos por el Senado.
La Cámara Alta ya dio luz verde a todas las indicaciones consensuadas transversalmente por los senadores Jaime Orpis (UDI), Baldo Prokurica (RN), Gonzalo Uriarte (UDI), Isabel Allende (PS), Ximena Rincón (DC) y Eduardo Frei (DC), con lo cual la iniciativa, entre otros aspectos, permitirá reducir de 700 días a 150 días el proceso para acordar la entrega de un terreno particular para instalar una torre de transmisión. Asimismo, se acordó que la consulta a pueblos indígenas se efectuará antes de que se inicie la construcción de las obras relativas a una concesión eléctrica, cuestión que ha provocado la indignación de los grupos ambientalistas.
“Esperamos que se ratifique el acuerdo en la Cámara para que se convierta en ley pronto. Tengo confianza en que todo salga bien. Lo relevante es que se generó una masa crítica transversal que nos permitirá avanzar más en la agenda energética”, indicó el senador Jaime Orpis, según publica Emol.
La estrategia de los que rechazan la ley
Sin embargo, este nuevo avance de la polémica iniciativa no dejó contentos a todos los legisladores. Los opositores, liderados por el senador RN, Antonio Horvath ya anunciaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional si la Cámara ratifica la iniciativa en su estado actual.
“Tenemos las diez firmas para recurrir a dicho tribunal, porque hay varias garantías constitucionales que no se resguardan”, subrayó Horvath.
Entre los puntos cuestionados figura quiénes pueden ser reclamantes por la ocupación de un predio para instalar una torre. El proyecto aprobado sostiene que solo los dueños.
“A nuestro juicio, quienes tienen proyectos turísticos o inmobiliarios en la zona circundante también son afectados y tienen derecho a reclamar. En Chile se garantiza la igualdad ante la ley y se protege el emprendimiento”, señaló Antonio Horvath.
De cara a la consulta indigena, establecida por el Convenio 169 de la OIT, Orpis detalla que “se determinó la consulta por una sola vez antes de la construcción de la torre, lo que debe ser acreditado. Las indicaciones dejaban expuestos los proyectos a realizar dos o más consultas: en la concesión provisional, en la definitiva y después en la construcción, eso es inviable“.
