Maniobra de la Universidad del Mar obliga al Estado a pagar sus abogados defensores

El pasado 22 de mayo el Octavo Juzgado de Garantía  estaba lleno de abogados, autoridades universitarias, fiscales, defensores y prensa. Ese día, se formalizó a tres universidades por el delito de soborno en el marco del caso de los dineros irregulares pagados al ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Diaz.

Llegaron los representantes legales de las universidades SEK y Pedro de Valdivia, pero en representación de la Universidad del Mar solo apareció su rector, Patricio Galleguillos, quien aclaró que no contaba con las facultades para asumir ese rol. Tampoco apareció ningún abogado que defendiera la casa de estudios, por ello la Defensoría Penal Pública debió hacerse cargo de defender a la Corporación que controla el plantel.

No solo eso, al no existir un representante legal, la ley obligó a la Defensoría a asumir también el cargo de Curador ad litem, encargado de supervisar el trabajo del defensor. En la ocasión ambos roles quedaron a cargo del defensor de la Metropolitana Norte, Helmut Vargas. En una audiencia posterior, el 25 de junio, se determinó que Vargas quedara a cargo de la defensa y el también defensor Rubén Romero, de la curatoría.

El hecho es interpretado por los abogados de los estudiantes del plantel como una maniobra de la cuestionada casa de estudios para dilatar el proceso judicial y evitar pagos, pues los representantes de la Universidad tampoco han mostrado ánimo de cooperación para entregar antecedentes a la Defensoría.

Al respecto, el Jefe de Estudios de la Defensoría Metropolitana Norte, Carlos Mora, señala que: “No se presentó en la audiencia de formalización ningún representante legal ni nadie para defender a la figura jurídica. Nosotros tuvimos que asumir en abstracto la defensa  porque no habían abogados ni representante legal de ellos. La ley nos señala que tenemos que asumir la defensa, pero además la ley señala expresamente que tenemos que asumir la curatoria. Lo que nosotros hacemos es asumir la defensa, pero nos damos cuenta que no puede ser el mismo el defensor y el curador, porque el rol de este último es fiscalizar al primero. En la audiencia de cautela de garantía logramos que se separaran las funciones”.

Mora agrega que no tienen ningún tipo de información sobre el estado actual de la Universidad del Mar: “No tenemos antecedentes, no tenemos expedientes, no sabemos nada de esto. En la audiencia de cautela de garantía señalamos que no conocemos a la gente, ni al directorio ni a la junta directiva, entonces pedimos que se fijara una audiencia y se citara a toda la junta directiva, para que la jueza nombre efectivamente un curador que tenga la capacidad y los conocimientos de esta figura jurídica para representarla como corresponde, y que se haga responsable de las consecuencias procesales del proceso”. Dicha audiencia se realizará el próximo 23 de julio.

Sociedades fantasmas

Desde el Ministerio de Educación señalan que la no existencia de un representante legal por parte de la Universidad dificulta cualquier tipo de solución a los numerosos problemas que enfrenta la casa de estudios: “El plantel no ha querido determinar un representante legal que pueda efectuar acciones para mitigar la crisis académica, financiera y administrativa que vive la casa de estudios, haciendo inviable cualquier proyecto educativo. El propio rector Galleguillos en la última sesión de la Comisión de Educación informó que la universidad arrastra una deuda superior a los 25.000 millones de pesos, que enfrenta un centenar de demandas laborales y querellas”.

El rector Patricio Galleguillos reconoce además que actualmente la universidad no cuenta con un representante legal: “Yo les he solicitado a los controladores varias veces que le inyecten recursos a la universidad y me dicen que no hay, otras veces les he pedido que nombren una junta directiva y un representante legal para abordar los temas judiciales y tampoco lo han realizado”.

Para el abogado de 1.500 estudiantes que demandaron al plantel, Mauricio Daza, todo se trata de una estrategia de los controladores para no hacerse cargo de los problemas judiciales de la Universidad: “La falta de representación legal de la Universidad del Mar no es un accidente, es parte de las actuaciones irregulares que están siendo ejecutadas por instrucción de los dueños de la casa de estudios para impedir cualquier tipo de notificación de acciones que se sigan en contra de esa supuesta casa de estudios, es por lo que la petición de quiebra no pudo prosperar”.

Daza suma argumentos y afirma que los controladores buscan evitar pagar los dineros solicitados por estudiantes y trabajadores: “Es un mecanismo para impedir que prosperen acciones civiles en contra de Universidad del Mar. Esto demuestra que estas acciones ilícitas se siguen realizando con el único fin que no se hagan cobros por parte de los trabajadores o estudiantes o cualquier persona que haya sido afectada por el giro fraudulento que la institución desarrollo todos estos años”.

El rector Galleguillos asevera que los controladores no aparecen a menudo por los pasillos de lo que va quedando de la Universidad: “La Corporación está conformada por personalidades jurídicas y los representantes de esas sociedades son el señor Vera, el señor  Villaseñor y me imagino que la familia del señor Baeza. Ellos siguen siendo los controladores, pese a que no están presentes en el día a día de la universidad. Yo desconozco la situación de los controladores, no tengo gran contacto con ellos, casi nulo”.

Los nombres tras las sociedades controladoras del plantel son tres: Mauricio Villaseñor, Sergio Vera y Sebastián Baeza Ansoleaga. Este último hijo de Raúl Baeza, quien falleció en mayo producto de un problema cardíaco. Ninguno respondió los llamados de El Dínamo para entregar su versión de los hechos.

El futuro

El rector Galleguillos asistió el miércoles pasado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para solicitar ayuda para la universidad. La autoridad señaló que hasta el momento no existen recursos para iniciar el segundo semestre, y que son cinco mil los estudiantes que permanecen en la institución.

En conversación con este medio, Galleguillos aseveró que se requieren de dos mil millones de pesos para permitir que las clases se continúen efectuando: “Les propuse a través de los parlamentarios una estrategia que tenía que ver con solicitarle a la Contraloría que fiscalice el plan de cierre de la universidad, además presenté una estrategia de financiamiento que permita valorizar y reducir la morosidad de la cobranza de la cartera de letras, para poder pagarle a los trabajadores. Eso planteé en la Comisión de Educación, pero no me fue bien ya que no hubo acuerdo. La universidad está funcionando con cierta normalidad, tenemos cinco mil estudiantes en pregrado y tres mil en posgrado, se están impartiendo las clases, aunque no exento de problemas. La única sede que no funciona es la sede de Copiapó. Tenemos que evaluar si iniciamos o no el segundo semestre”.

El rector ha criticado con fuerza el rol del Ministerio de Educación en el proceso de cierre del plantel, pero desde la Secretaría de Estado se defienden y entregan cifras: “Durante el primer semestre el MINEDUC concentró sus esfuerzos en lograr que las instituciones de Educación Superior concedieran cupos especiales a los alumnos de la UDM que quisieran o tuvieran que cambiarse de institución y que ampliaran los plazos de los periodos de admisión y matrícula…”.

En el Mineduc, además, aseguran que se han reunido con distintos actores, “entre los que se incluyen rectores de casas de estudio acreditadas que potencialmente pueden recibir de manera masiva a alumnos que aún continúan en la Universidad del Mar. En forma paralela y especial, se ha estado gestionando con distintas instituciones, la incorporación de alumnos provenientes de carreras de salud de la Universidad del Mar, con énfasis en las carreras de Medicina y Enfermería debido a que son programas especialmente sensibles”.

Según el MINEDUC, hasta el momento se han re ubicado a 6.700 estudiantes en distintos planteles y se han entregado becas JUNAEB de traslado y becas de nivelación.

El 28 de febrero del 2015 la Universidad debiera cerrar definitivamente sus puertas, aunque la ley contempla una extensión de 18 meses en este plazo si así se solicita.