HidroAysén: "Dos años es un plazo más que prudente para resolver nuestra situación"
Daniel Fernández criticó la lentitud del Comité de Ministros para resolver las 58 reclamaciones que afectan al proyecto, siendo que el plazo legal es de 60 días. Junto con ello, aseguró que "no nos gusta como quedó la calificación ambiental en varios aspectos".
Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, señaló que el Comité de Ministros ha tenido un plazo de dos años, periodo que consideró más que prudente, para resolver las 58 reclamaciones en contra del polémico proyecto hidroeléctrico.
Y es que el ejecutivo dejó en claro que la demora en la implementación de la iniciativa no guarda relación con una judicialización del proyecto, sino más bien a la lentitud del Comité de Ministros para dar cuenta de las reclamaciones en su contra.
“Uno de los diagnósticos que se hacen es que los proyectos en Chile no se hacen por temas de judicialización y de las comunidades. Esos dos problemas no los tenemos. Lo que sí tenemos pendiente es un Comité de Ministros, que lleva hartos años sin sesionar, al cual se han presentado reclamaciones de calificación ambiental por parte del titular, 20 reclamaciones, y de los opositores, 38 reclamaciones, no mil. Ahora que esas 38 reclamaciones se metan en internet y la gente las suscriban, no son nuevas reclamaciones”, afirmó en palabras reproducidas por La Tercera.
Es por ello que Fernández señaló que “pensamos que dos años, habiendo un plazo de 60 días, es un plazo más que prudente para haber resuelto esta situación. Evidentemente, los accionistas lo que quieren saber cuál son esas condiciones, si efectivamente se van a mantener las condiciones de calificación ambiental o no, y en función de eso, decidir si siguen invirtiendo dinero, ya van US$320 millones invertidos en este proyecto, para poder tomar las decisiones en curso”, acotó.
El vicepresidente ejecutivo de HidrpAysén sostuvo que no es un tema de quien esté en LaMoneda para ver el avance del proyecto, ya que “aquí hay una institucionalidad, hay un plazo que tiene que cumplirse, o sea, no pueden pasar años, es una pésima señal para el mercado energético y el mercado de las inversiones en general”.
Fernández también tuvo palabras para el mecanismo de silencio administrativo para destrabar el proyecto, agregando que “tenemos dos temas. Primero, que tenemos unas reclamaciones. Nos nos gusta como quedó la calificación ambiental en varios aspectos, sobre todo es que quedan difusas las formas de cumplimiento de muchas obligaciones y eso podría el día de mañana interpretarse, por tanto, queremos que se aclaren bien cuáles son las obligaciones de la empresa. Segundo, no creemos que un proyecto estratégico de esta envergadura deba ser aprobado o no mediante un mecanismo como el silencio administrativo. Creemos que eso no es bueno para el proyecto”.