Consejo para la Transparencia somete a sumario a 88 municipios por incumplimiento de estándares

Hoy lunes el Consejo para la Transparencia dio a conocer los resultados de la fiscalización en transparencia activa 2013, donde se fiscalizó a los 345 municipios del país. y explicó que “esta vez lamentablemente vamos a tener que sumariar a un conjunto de 88 municipios que no están cumpliendo con los estándares que el consejo ha definido como mínimos”.

El presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, si bien destacó que respecto a los datos del año pasado que “vemos que hay un aumento sustantivo -desde un 30% de cumplimiento que exhibían en su conjunto los municipios en el año 2012, han avanzado a un 47,4%, un avance de 17 puntos porcentuales- el resultado es “obviamente muy insuficiente si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con los estándares de cumplimiento de la transparencia activa que reciben los órganos de la administración central del estado que en su conjunto bordean un promedio de un 97% de cumplimiento”, señaló.

Ante esto, Jaraquemada explicó que este año los municipios sumariados son 88, casi dos tercios más que el año pasado (30 municipios), aunque informó de que en esta medición el Consejo para la Transparencia usó la tipología que la Subsecretaría Regional “aplica a los municipios de acuerdo a su ruralidad, a la vulnerabilidad de su población, a su presupuesto y patrimonio, etc… así los aglutina en 5 grupos de tal manera que se comparan grupos similares”, consignó Bío Bío.

El funcionario señaló que “este año se han aumentado los niveles de exigencia, nosotros hemos definido que aquellos municipios que van a ser sumariados son los municipios que tienen estándares de transparencia menores a la mitad del promedio de su grupo de referencia o aquellos que estando bajo el promedio de su grupo de referencia tienen un cumplimiento en que han retrocedido respecto del año pasado en 10 o más puntos”.

Las investigaciones administrativas serán realizadas por la Contraloría General de la República y que podrían derivar en la aplicación de sanciones a los respectivos alcaldes, las que pueden llegar a multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración bruta, indicó el portal de Transparencia.

Así, en la lista de sumariados figuran municipios de muy distinta situación, incluidas comunas como La Reina (que bajó su cumplimiento de 92,54% a 67,32%), Pedro Aguirre Cerda (53,41% a 62,61%)  o Antofagasta (44,33% a 30,53%).

En contraste con casos como ésos, la fiscalización 2013 también detectó un total de 23 comunas donde el nivel de cumplimiento supera el 90%: el listado lo encabeza Providencia, pero también incluye a municipios de tamaños medianos e incluso rurales, como Calle Larga, en la V región. Esta comuna constituye un caso emblemático: mientras que el año pasado su nivel de cumplimiento era de apenas 6,12%, este año tuvo un salto de 89 puntos y llegó a 95,49%. Calle Larga es una de las 36 comunas adscritas al Modelo de Gestión de Transparencia Municipal (MGTM), convenio en virtud del cual el Consejo, con el respaldo de la Subdere, entrega apoyo para el mejoramiento de estándares y buenas prácticas de transparencia. Pero los efectos de este convenio se reflejan no sólo en casos puntuales: en conjunto, dichos municipios pasaron de un nivel de cumplimiento de 37,38% en 2012 a 68,29% este año, situándose por encima del promedio nacional.

A nivel general, otros municipios que incrementaron de modo sustantivo su evaluación fueron Maipú (de 8,24% a 91,11%); Puchuncaví (de 14,07% a 93,84%); Talca (de 15,59% a 94,35%), Contulmo (de 18,97% a 97,16%) y San Joaquín (de 20,22% a 97,73%).

En cambio, las mayores bajas correspondieron a Tiltil, que cayó de 43,01% a 5,12%; Zapallar, de 75,05% a 39,78%, y San Pedro de la Paz, de 51,82% a 16,88%.

La directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, recalcó que “se revisaron 242 aspectos generales que corresponden a las materias que contemplan la ley tales como el marco normativo, el presupuesto, las auditorías, los mecanismos de participación ciudadana, el personal y las remuneraciones, las compras públicas, y también revisamos la presencia de 35 buenas prácticas”.