El Gobierno señala que retrasos y obras desiertas extenderían déficit en el SIC

La operación del Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece al 95% de la población del país, enfrentará entre 2014 y 2017 su mayor nivel de exigencia, debido a las restricciones de capacidad que presenta actualmente.

Es por ello que el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, indicó que el Gobierno está impulsando una serie de proyectos por más de US$ 1.100 millones para superar el déficit, que se da tanto al norte como al sur de la Región Metropolitana y que afecta la seguridad del sistema, provocando al tos precios en algunos puntos de éste, consigna el DF.

No obstante, varias de estas iniciativas presentan al menos un año de desfase respecto del plazo de desarrollo de cinco años que fue estipulado en las bases de licitación.

Así las ocho obras nuevas y ampliaciones que se adjudicaron a lo largo de mayo y octubre de 2012 y que se ubican en distintos puntos del SIC, deberían estar listas en 2017.  Pero la estimación del propio Del Campo es que esas instalaciones -de las que sólo tres están en trámite ambiental o ya recibieron sus permisos- entrarían en operación recién hacia fines de 2018.

A esto se suma el retraso de un año en la implementación de la línea Ancoa-Alto Jahuel que permitirá traer  energía desde elñ sur, cuyas obras están a cargo de la española Elecnor y que en septiembre de 2012 recibió una prórroga, con lo cual este tendido recién entraría en servicio en julio de 2014.

Asimismo, otro tendido que cruzaría varias zonas urbanas de la Región Metropolitana y que fue licitado hace algunos meses, junto a otras tres iniciativas, no recibió interesados, cuestión que obligará a la autoridad a realizar un nuevo concurso.

En este contexto, Del Campo subraya que estos plazos son menos favorables ya que aún no está disponible la nueva Ley de concesiones eléctricas, iniciativa que se mantiene aún en tramite en el Congreso y que recientemente pasó a Comisión Mixta, instancia que recién se constituirá esta semana.

la importancia del este proyecto no es menor según la industria.  Y es que reduce el tiempo de tramitación de las servidumbres eléctricas de 700 a 150 días, debido a que cambia los métodos de notificación a los dueños de los terrenos y saca los temas ambientales y urbanísticos de las causales de oposición a las concesiones, pues no están en las competencias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y deben ser planteadas ante otras instancias.

La expectativa del Gobierno es que al prosperar esta nueva normativa y empalmarla con estas inversiones en desarrollo, sea posible que sus plazos de ejecución se reduzcan.