Popular y sin los partidos políticos: La fórmula de Gabriel Salazar para la Asamblea Constituyente

En junio, un grupo de movimientos sociales le encargó al premio nacional de historia Gabriel Salazar que elaborara una propuesta de Asamblea Constituyente. La iniciativa, surgida desde el Movimiento de Pobladores en Lucha, se dio en medio de la discusión que se instalaba en el país sobre la posible realización de una asamblea que definiera una nueva Constitución que reemplazara a la de 1980.

Hasta ahora, el debate se ha centrado en si la Constituyente es el mejor mecanismo para renovar la Carta Magna, o si es mejor utilizar un plebiscito que deje en manos del Congreso la construcción de un nuevo marco normativo para Chile. La discusión sigue siendo intensa entre los partidarios de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, donde la idea espanta especialmente a la Democracia Cristiana, pero se ha extendido a otras candidaturas; como la de Marcel Claude, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, Alfredo Sfeir y Roxana Miranda. Incluso, se ha filtrado a algunos sectores de la Alianza, ayer el senador de RN, Antonio Horvath, aseguró que “no hay que tenerle miedo a una Asamblea Constituyente”.

Si bien la idea de una nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente ha cobrado fuerza, poco se ha hablado de mecanismos concretos para implementarla. En su propuesta, entregada hace una semana a los movimientos sociales, Salazar  define y apuesta sus fichas a un proceso por fuera de la institucionalidad.

Sin partidos y de abajo hacia arriba

En el documento denominado “Dispositivo histórico para asambleas populares de base que se proponen desarrollar su poder constituyente”, el intelectual de izquierda plantea que un eventual proceso constituyente no será algo rápido: “Que se llame a un plebiscito legal, por ejemplo – como algunos proponen – porque lo permite la Constitución de 1980, y que votemos hasta un 80% a favor de un si, no resuelve el problema. El apuro no resuelve nada: simplemente estaríamos regalando ¨el proyecto¨ para que lo tomen en sus manos los leguleyos y los políticos, y para que hagan solo una pantomima de asamblea constituyente, como lo han hecho siempre. Tenemos que hacer las cosas nosotros, de acuerdo ¨al tranco del pueblo¨ (cuando trabaja): lento, pero firme, seguro y bien hecho”.

En concreto, el historiador apunta a la conformación de asambleas de base comunales, las que luego deberían confluir en una coordinación regional, para finalmente apostar a una articulación nacional. Un proceso lento, que según él serviría para que los ciudadanos ejerciten su poder ¨soberano¨: “Si trabajamos para desarrollar un proceso de ese tipo (sin correr ni precipitarse), se llegará a un momento en que nos daremos cuenta que, haciendo eso, hemos logrado construir, en nosotros mismos (nuestras bases y asambleas) un efectivo poder constituyente. Y que, por disponer ya de él, podemos, por nosotros mismos, convocar, organizar y controlar una genuina y legítima Asamblea Nacional (Popular) Constituyente”.

Salazar argumenta que los partidos políticos serían un obstáculo en una Asamblea Constituyente, porque estarían resguardando sus intereses de ¨clase política¨ antes que los del país, por ello, señala que solo debieran participar las personas en cuanto ciudadanos, y sin ningún tipo de exclusión. La misma regla correría para el Ejército, el que según él ha sido educado para obedecer y no para deliberar, y el ¨gremio patronal¨.

“¿Cómo se organiza y cómo opera una Asamblea Constituyente”, se pregunta el premio nacional de historia. Responde que, en primer lugar, debe evitarse la utilización del voto como medida primordial para designar a sus delegados: “No se puede elegir una asamblea de ese tipo como cuando se elige un congreso legislativo corriente o el presidente de la República: por voto ‘individual’ y para elegir entre candidatos que ‘auto-proponen’ su imagen o que los ‘partidos’ proponen. No, porque en una Asamblea Constituyente no se representa la suma azarosa de voluntades individuales sino la voluntad colectiva organizada de las comunidades de base”. 

Centrándose en los mandatos y mediante asambleas territoriales. Así se se concretaría genuinamente un proceso constituyente. El pensador explica que: “Sólo después que las asambleas de base han deliberado y acordado esa propuesta (o “mandato soberano”) se vota para designar los delegados que van a la Asamblea Constituyente Regional. Y ésta hace lo mismo para designar a los que van a la Asamblea Constituyente Nacional. Es decir: una Asamblea Constituyente Nacional se va construyendo a medida que las asambleas de base van acordando en cadena sus propuestas constituyentes, sus mandatos constituyentes. Se construyen de mandato en mandato, de abajo hacia arriba, de lo local y regional hasta lo nacional”.

En total, Salazar apunta que el proceso de Asamblea Constituyente no debe durar más de dos semanas, y que en ese tiempo debe definirse el marco general de la nueva Carta Magna, como ejemplo toma a la educación: “Se puede acordar en la Asamblea que la educación debe implementar tres principios fundamentales: a) gratuidad de la educación pública; b) que la comunidad oriente, administre y evalúe el proceso educativo, y c) que la educación debe dirigirse, sobre todo, a desarrollar el sentido de soberanía de los jóvenes y las capacidades necesarias para ejercer esa soberanía en un sentido productivo y de desarrollo real de la localidad, la región y el país”. Luego de fijado el marco general, el detalle debiera revisarse en el Congreso.

En el terreno práctico, Salazar toma el ejemplo del Comité Obrero organizado por trabajadores, profesores y estudiantes en 1925, y enumera las tareas que debiera tener la Asamblea Nacional: “Es fundamental, pues, discutir y acordar en la primera sesión de la Asamblea (…) el “Reglamento de Sala”, es decir: un conjunto de normas y procedimientos para organizar la sesión de una manera realmente productiva”. En este reglamento debiera establecerse una Mesa Directiva, dividir a los representantes en grupos de trabajo, asignar tiempos y horarios para la discusión, intercalar sesiones plenarias para los temas más generales, organizar secretariados que comuniquen lo que se discute, designar una comisión redactora final que baje lo acordado a las asambleas locales, y una “comisión permanente” que se encargue de decidir si al final se realiza algún cambio.

Para finalizar, Salazar descarta la utilización de un plebiscito final: “No es necesario que se convoque a un plebiscito final a toda la nación, puesto que ha habido deliberación democrática desde lo local a lo nacional, pasando por lo regional”.

De crisis estructural y de poder popular

En el documento presentado por el historiador se detallan las fortalezas y las debilidades de los sectores populares para establecer un proceso constituyente. Entre las primeras cuenta la condición de mayoría de quienes son desfavorecidos por el sistema, la memoria de los ciudadanos que les otorgaría  una sabiduría histórica, la existencia de ciencias amigas del movimiento social (psicología comunitaria, trabajo social, historia social, sociología del desarrollo local) y el crecimiento que estarían teniendo las comunidades deliberantes; autónomas de los partidos  y del poder en general.

Entre las amenazas, Salazar contabiliza la tradición de marginalidad del movimiento social respecto de las decisiones políticas, la tendencia a formar dirigentes que se establezcan como clase política, la práctica de consumir para igualarse a los ricos, y la idea de plantearle los problemas al Estado, donde los sectores populares son más débiles.

Como sea, la balanza se inclinaría a favor de quienes quieren transformar la sociedad. Según el análisis realizado, el actual sistema vive una crisis y los movimientos sociales van al alza: “El sistema dominante nuestro está viviendo una crisis de creciente estancamiento económico y, a la vez, una grave crisis de representación. Sin contar con que nuestro modelo no es industrial ni productivista sino mercantil-especulativo, por lo que es muy débil frente a cualquier crisis mundial. En este contexto, un número creciente de actores sociales se están movilizando con sentido de autonomía política: los estudiantes secundarios y universitarios, las asambleas ciudadanas territoriales de varias localidades y regiones, los trabajadores portuarios, los del cobre, los pescadores, los empleados públicos, etc. Se puede decir, por tanto, que, mientras más se deteriora el modelo y se desprestigia la clase política, más se desarrollan los movimientos sociales y la sociedad civil”, sentencia Salazar.

El actual proceso, asegura el historiador, se inició en 1957 cuando cientos de pobladores se tomaron terrenos baldíos y dieron inicio a la Población La Victoria. Él lo denomina Poder Popular, y como ejemplo de su práctica histórica nombra los Comandos Comunales y las Juntas de Abastecimiento creadas durante la Unidad Popular. Ahora sería lo mismo, con la excepción que los pobladores ya no son masa, ni quieren ser guiados por los partidos. Es algo nuevo, organización popular mezclada con autonomía política.

Revisa a continuación el documento completo.

Salazar by Nicolas Sepulveda Gambi