Fiscalía de Atacama cierra sin acusados caso de los 33 mineros de San José
El fiscal Héctor Mella determinó que "no había convicción para formular una acusación" contra los dueños de la minera San Esteban ni contra los responsables del Sernageomín regional
La Fiscalía de Atacama cerró sin acusados la investigación por el derrumbe de la mina “San José”, que en 2010 dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad durante 70 días hasta ser rescatados.
Según el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, “no había convicción para formular una acusación” contra los dueños de la minera San Esteban, compañía propietaria de la mina San José ni contra los responsables del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín) en la región.
El derrumbe ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó expectación en todo el mundo hasta que, el 13 de octubre del mismo año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en un lapso de 25 horas, en la culminación de una inédita situación de supervivencia y esfuerzos mancomunados del gobierno y empresas privadas chilenas y extranjeras.
Según publica La Tercera, el fiscal Mella declaró que después de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó que no había antecedentes suficientes para continuar la investigación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni contra los responsables del Sernageomin.
Hace tres años, la Fiscalía abrió la investigación con el objeto de establecer si había responsabilidades penales tras el accidente, atribuido en ese entonces a la falta de medidas de seguridad en la mina, tras la presentación de varias querellas contra la empresa y los funcionarios públicos que supuestamente habían dejado de cumplir las normativas de seguridad.
Catherine Lathrop, abogada de los dueños de la mina, manifestó: “nosotros estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza”.
A su juicio, la decisión de la Fiscalía de no perseverar “es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito. Nosotros siempre hemos sostenido que fue un lamentable accidente; fue sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”.
En la parte civil del caso, el Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa, que ésta debía pagar cinco millones de dólares al Estado por los costes que tuvo el rescate de los mineros.
