El día después del aborto

“En 2010 tuvimos el caso de una mujer que usó Misotrol y llegó con su pololo a un hospital porque algo salió mal. Ahí el médico descubrió que había restos de pastillas e hizo el primer peritaje. Eso nos permitió acusar a la mujer por el delito de aborto”, recuerda el fiscal  jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Patricio Pérez. También aclara que los doctores, matronas y el personal paramédico están obligados a denunciar un aborto y que en teoría se arriesgan de  tres a cinco años en la cárcel, aunque estas generalmente son penas remitidas.

Pérez, relata que la mayoría de los casos se pesquisan en los hospitales donde siempre hay un carabinero, después de establecer que hubo un aborto, el médico recurre a él para la denuncia y este evalúa el hecho y toma contacto con el fiscal quien le transmite las instrucciones. “Si bien acá  estos casos ya nos son muy frecuentes, estos se distribuyen entre distintos fiscales, y hay una cifra negra muy alta, creo (…) La mayoría  se descubren cuando a la mujer se les escapa de las manos el mecanismo con el que interrumpió su embarazo y recurre a un hospital. En el caso mencionado, fue la doctora quien emitió un tremendo informe que equivale a un peritaje y su caso fue derivado a la Fiscalía”, comenta.

Algo parecido le ocurrió hace dos años  a Luis (38), quien relata que cuando llegó a un hospital público de Santiago después de que su pareja usara Misotrol, nadie los tomó en cuenta y los paramédicos y matronas estaban más preocupados de establecer si había un aborto o no.  “La pusieron en una camilla y allí la dejaron por mucho tiempo con las piernas abiertas sobre los estribos. La ignoraban, pese a que ella gritaba, seguramente pensaban que había hecho algo malo, ya había un prejuicio. Ella había decidido interrumpir un embarazo de ocho semanas ingiriendo estas pastillas, toda esa situación me dio mucha impotencia”, recuerda.

Este caso puede ser uno más entre los números, según las cifras de La Defensoría de “Imputadas por delito de aborto en año de término”, revelan que entre el 2002 y 2013 hubo 448 casos judicializados, de los cuales 124 recibieron condena y 155 tuvieron una salida alternativa. En el 2012 hubo 19 condenas por delito de aborto de un total de 69 casos y este año ya van siete condenas. Nueve con salida alternativa en un total de 24 casos hasta la fecha.  Los datos de causas defendidas por la Defensoría por el delito de aborto se relacionan con los siguientes delitos del Código Penal: Aborto consentido (Art. 342 N° 3° y 344) Aborto sin consentimiento (Arts. 342 N° 2 y 342 N° 1) y Aborto cometido por facultativo (Art. 345)

El secreto médico reñido con la justicia

Para el doctor Ramiro Molina, académico de la Universidad de Chile y fundador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral (Cemera), la ética de los profesionales de la salud se debe regir por el secreto profesional, que también se respalda en el punto siete del decálogo de las buenas prácticas del Colegio Médico. “Ser honesto y confiable; respetando y protegiendo la información confidencial de mis pacientes y colegas”. Para el especialista, el tema es bastante claro, porque este punto queda en libertad de acción de los doctores y matronas, y si bien es cierto que el aborto constituye un delito en Chile, no es un delito en todo el mundo, por lo tanto la interrupción del embarazo queda en una especie de zona gris. “Debo guardar el secreto que me han entregado en confidencialidad, porque la información que necesito sólo se ocupa para el tratamiento, de tal manera que no estoy preguntando porque tenga que completar una historia o porque sea indispensable para el tratamiento, si se presiona por un dato sebe ser sólo porque es imprescindible para el paciente”, aclara.

Agrega que por otro lado, con el uso del Misotrol (hoy sólo autorizado para el uso intra hospitalario) cambió el escenario del aborto en Chile, porque  desde la década de los noventa –y en Latinoamérica en general-se desplazó a las parteras, al clandestinaje de abortos practicado con raspaje o sondas por el uso de este fármaco. “Hoy han desaparecido todas las camas para atender abortos sépticos en los hospitales de Chile, no son necesarias. Es decir el aporte del Misotrol en estos últimos años en Chile, es que ha contribuido a disminuir las complicaciones por abortos sépticos”.

Lidia Casas, profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, está próxima a lanzar una investigación sobre el tema, comenta que lo pudo sondear respecto a las persecuciones del aborto y venta del fármaco para ello,  fue  que  habría detectives de la Policía de Investigaciones que se hacen pasar por revendedores de Misotrol, porque hay un mayor control sobre la venta ilegal de este fármaco.

Respecto a si los funcionarios tienen que denunciar un aborto, la abogada cree que se trata de un conflicto entre disposiciones: el secreto médico y la obligación de denunciar. “Todas las organizaciones internacionales de derechos humanos desde 1995, vienen insistiendo en que Chile debe modificar su legislación y uno de los temas es la confidencialidad y veo que la comunidad médica no siente esto como un problema, el tema es que hay una norma y el Ministerio Público ha hecho muchas veces capacitaciones con los prestadores donde finalmente de alguna manera hay un círculo vicioso (…) Ellos pueden estar obligados, pero en la medida de que no denuncien, no pasa nada”, explica.

El fiscal Patricio Pérez disiente de esa opinión y comenta que está muy claro que los médicos siempre han tenido la obligación de acusar todos aquellos hechos que revistan carácter de delito y por lo tanto el aborto, independiente de la convicción personal del facultativo, debe denunciarse.

“El secreto profesional no es una causa ex culpante para no denunciar una maniobra abortiva que ellos hayan detectado, en ese caso no hay mucha diferencia de la obligación que tienen al igual que cuando llega un herido a bala, o una mujer que ha sido violada. Tampoco es de una complejidad extrema detectar que se está frente a un aborto y con mayor razón las personas que tienen la preparación profesional de un médico.”, remata y agrega. “Un doctor perfectamente puede ser un perito, sin necesidad de que le entregues la instrucción de practicar un peritaje, su sólo examen es suficiente para determinar si por ejemplo la mujer utilizó o no estas pastillas de Misotrol. Generalmente se detectan por los síntomas, por anamnesis con el paciente o por los hallazgos que hacen, como cuando se encuentran restos de las pastillas”, concluye.

El doctor Guillermo Galán, de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, experto en Planificación Familiar, devela otro aspecto de los abortos en Chile. Recuerda haber tenido conocimiento de forma indirecta, de ciertos establecimientos donde se concentraron las denuncias a las mujeres que habían interrumpido sus embarazos y algunos médicos y matronas que concentraban las delaciones.

“Las mujeres llegaban con un aborto incompleto y se encontraban restos de las pastillas de Misotrol al interior de su vagina, entonces luego eran denunciadas. A mí parecer, esta práctica es inhumana y una falta de respeto con las mujeres que se realizan un aborto, porque esta es una necesidad, un derecho de decidir algo y el Estado no les facilita la solución… Aquí el problema es la falta de ayuda del profesional ya sea médico o matrona, es decir las mujeres están solas”, puntualiza.