¿A quién beneficia la Ley de fomento forestal? El Gobierno pretende extender subsidio a forestales por 20 años

Desde 1974 que el Estado viene subsidiando la actividad forestal en Chile. Según cifras del Instituto Forestal, en estos 38 años se han entregado US$838 millones en bonos a las empresas que participan de este mercado y que, en líneas gruesas, se reducen a tres: Arauco, perteneciente a la familia Angelini; CMPC (la papelera), a la familia Matte; y Masisa, controlada por el abogado RN Jorge Carey.

El beneficio estatal se extendió hasta diciembre del año pasado, y ahora en el Congreso se discute un proyecto que busca retomar el incentivo forestal por los próximos 20 años. La iniciativa ya fue despachada por la Cámara,  a donde ingresó en octubre del 2012 y fue aprobada en marzo de este año. La sala del Senado ya votó a favor la idea de legislar y este lunes 05 de agosto las comisiones unidas de Agricultura y Bienes Nacionales iniciaron la discusión en específico. La llamada Ley de Fomento Forestal está con suma urgencia.

El aporte estatal al negocio privado

La industria forestal es de las más importantes en Chile, tanto así que el 2010 representaba un 3,1% del PIB y registraba ingresos por US$4.900 millones en exportaciones, fundamentalmente a China, Japón, EE. UU. y México. El 74,4% de esas exportaciones fueron operadas por Arauco y la CMPC.

La bonificación estatal comenzó a regir con el Decreto Ley 701 promulgado por Pinochet en octubre de 1974, que estableció que quienes invirtieran en plantaciones forestales estarían exentos del pago del impuesto territorial (que va a las municipalidades) y otros beneficios, como que no “se considerarán para los efectos de la determinación de la renta presunta, ni para el cálculo del impuesto Global Complementario. (…) tampoco se computarán para los efectos de la ley de impuestos sobre herencias, asignaciones y donaciones”.

Además, las forestales recibieron un bono de hasta un 75% de su valor. En el caso de las sociedades anónimas, este beneficio se repartió entre un 25% de bonificación sobre el valor de las acciones, y un 50% sobre el valor de las plantaciones y su manejo.

Algunas modificaciones hechas al decreto ley durante los 38 años corridos desde su promulgación han apuntado a beneficiar en mayor medida a los pequeños y medianos productores. En 1979 se aumentó a 90% la bonificación para los pequeños, se mantuvo en 75% para los medianos y se redujo a un 50% en el caso de los grandes.  Pero, según el vice presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Sergio Donoso, finalmente igual se beneficia a lasa familias que controlan el negocio: “Este proyecto va a seguir beneficiando a los grandes productores porque buena parte de la madera que se genera es material para la producción de pulpa o papel, y los dos grupos económicos más grandes son los que tienen las plantas de pulpa y papel”.

Las críticas al proyecto se han enfocado en tres aspectos. El primero dice relación con lo concentrado que está el sector forestal en Chile; el segundo señala que la consulta que debió hacerse a las comunidades indígenas, según lo establece el convenio 169 de la OIT, estuvo viciado porque se les presentó un proyecto distinto al que finalmente ingresó al Congreso; y el tercero  asegura que la iniciativa nada dice sobre el resguardo del medio ambiente que se ve afectado por la actividad forestal.

Según el Instituto Forestal, las plantaciones que han sido bonificadas corresponden en más de un 90% de los casos a pino y eucaliptus, las que según Sergio Donoso, son las más dañinas por el alto consumo de agua que requieren: “Las plantaciones mientras más rápido crecen, más agua consumen. Y los pinos y eucaliptus son los que más rápidos crecen, por lo que se ha generado un problema de abastecimiento de agua en la población rural. Pareciera que el Estado está mirando para el lado en este tema y no ve que un proyecto de ley que repita este modelo por 20 años más va a acentuar un problema que hoy ya existe”.

La Directora Ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, coincide en la crítica y agrega que el proyecto beneficia a unos pocos: “No es un beneficio a la sociedad en su conjunto, sino que es un beneficio hacia el sector forestal constituido por las grandes empresas”. La ambientalista suma argumentos: “En cuatro renovaciones no ha existido ninguna evaluación de cuánto le ha significado esta política en términos económicos al Estado, ni los impactos sociales y ambientales. Nos parece que es un mal proceder intentar pasar una ley por 20 años más sin evaluar nada”.

Liberona además dice que, de ser aprobado, el proyecto podría enfrentar un problema en el Tribunal Constitucional: “El 2008, cuando se aprobó la Ley de Bosque Nativo, el Tribunal Constitucional le dijo a la entonces presidenta Bachelet, que no iba a entregar ninguna nueva ley en administración a Conaf, por la calidad jurídica que tiene Conaf, y que se necesitaba una institucionalidad forestal pública”. Institucionalidad hoy inexistente, ya que Conaf, que sería la encargada de administrar los recursos, es una entidad privada que trabaja junto al Ministerio de Agricultura.

La industria se defiende

Todas las críticas al proyecto son absurdas según Fernando Raga, presidente de la Corporación de la Madera, entidad que agrupa a los actores de la industria forestal. Raga, que también se desempeña como director de Forestal Mininco, de propiedad de la CMPC, acusa que los ambientalistas chilenos están fuera de lugar: “Esta línea es más bien una línea ideológica que busca no otorgar beneficios a las grandes empresas en general”.

Según Raga, los pequeños productores no les venden exclusivamente a los grandes grupos nacionales, por lo que no tendría sentido afirmar que una extensión del fomento estatal va a beneficiar a los mismos de siempre: “El eucalipto se vende unos 3 millones de metros cúbicos hacia afuera, sale hacia Japón fundamentalmente y un millón y medio se queda en Chile. La madera se vende a grandes corporaciones japonesas, como la Sumitomo o la Mitsubichi. Aquí lo relevante es que a los proveedores se les pague bien”.

El representante de los grandes grupos descarta también que el problema de la escasez de agua en comunidades rurales se relacione exclusivamente con la actividad forestal: “Supongamos que la falta de agua fuera culpa de las plantaciones, la solución que plantean los críticos es que no se plante más, es una mirada bastante absurda. La solución es atacar el problema de escasez que tienen algunas microcuencas, que no es para nada una cosa generalizada. En general, las plantaciones están establecidas en zonas donde hay superávit de agua”.

A pesar que en la industria defienden el proyecto y consideran necesaria la extensión del subsidio estatal, existen algunos puntos que piden mejorar, como que se potencia la utilización de semillas certificadas para mejorar la productividad de los bosques y que quienes quieran acceder al subsidio no deban pasar por un concurso, tal y como establece hoy el proyecto, ya que esta situación generaría incertidumbre en los inversionistas.

En el Ministerio de Agricultura, a cargo del proyecto, indicaron a este medio que la vocería de este tema está a cargo de la Conaf, entidad donde señalaron que el Director Ejecutivo, Eduardo Vial, se encontraba con su agenda copada.

Intereses en el Congreso

Al revisar las declaraciones de patrimonio de los senadores que están discutiendo el proyecto, e indagar en la participación en sociedades de todos ellos, son cuatro los nombres que salen a la luz por estar relacionados de una u otra forma con la actividad forestal.

La relación más directa la tiene el senador demócrata cristiano Hosain Sabag, que en su declaración de patrimonio declara poseer varios terrenos  con destino forestal en las comunas de Peñuelas y Cabrero, cuyo avalúo fiscal asciende en total a $3.148 millones de pesos, además de aparecer registrado en varias sociedades destinadas a la inversión en el negocio forestal.

En conversación con El Dínamo, el senador falangista aclaró que se abstendrá de la votación de esta ley: “Cuando vuelva de las comisiones no la voy a votar, eso lo dejo claro”. Cuando el Senado votó en general el proyecto, el pasado 12 de junio, Sabag también se abstuvo de votar. Sin embargo, en la misma sesión, el senador si opinó: “En mi región existen más de un millón de hectáreas de suelo absolutamente erosionado, grandes barrancas que si no se detienen con apoyo del Estado, es evidente que la desertificación va a ser cada vez mayor. Por eso que al ser esto altamente necesario y de interés nacional, evidentemente que yo no puedo estar en contra”.

Otro que aparece vinculado a alguna empresa forestal es el UDI Hernán Larraín, presidente de la Comisión de Agricultura, cuya esposa es Magdalena Matte, prima de los Matte Larraín que controlan la CMPC. Aunque a juicio del legislador, no existen incompatibilidades: “El parentesco de mi señora con el grupo Matte es muy lejano. La ley establece los grados de consanguinidad o afinidad para los efectos de esta materia, y en el caso del parentesco por afinidad alcanza hasta el cuñado. Además no tengo ninguna acción de ninguna especie en ninguna sociedad anónima que exista en los indicadores bursátiles. Mi señora tuvo alguna vez acciones en la CMPC, pero hace años que las líquido”.

En Renovación Nacional son dos los senadores que aparecen con algún tipo de vinculación. El primero es el presidente de la tienda Carlos Larraín, cuya esposa; Victoria Hurtado Vicuña, posee acciones en la sociedad Almendral S. A., donde comparte propiedad con los Matte, dueños de la CMPC. El segundo es el senador Carlos Kuschel, quien registra un predio forestal en la comuna de Calbuco. Ambos votaron favorablemente el proyecto el pasado 12 de junio en la sala.

La próxima semana las comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente continuarán la discusión en específico del proyecto, el que debiera ser despachado del Congreso antes de finalizado este mes.