Contraloría detecta el pago de pensiones a muertos y otras irregularidades en el ISP
El órgano revisor descubrió que 960 muertos siguen recibiendo la pensión básica solidaria, por un monto de 114 millones de pesos, además de detectar falta de control en la entrega de recursos fiscales.
La Contraloría realizó una auditoría al pago de la “Pensión Básica Solidaria de Vejez” (PBSV) otorgado por el Instituto de Previsión Social a las personas que no reciben dinero de algún régimen previsional, detectando una serie de irregularidades.
El ente fiscalizador detalló que se le sigue pagando el beneficio a 960 personas que están actualmente fallecidas por un monto de 114 millones 110 mil pesos, de cuyo destino se desconoce, según señala The Clinic.
En vista de esta situación se ordenó un sumario administrativo y se derivaron los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, ya que se podría estar frente al delito de estafa.
“Sobre la materia, cabe señalar, que además de quedar de manifiesto la omisión del control respectivo y la falta de resguardo del patrimonio público, corresponde reiterar, que todo aquel que con el objeto de percibir beneficios indebidos del sistema solidario, para si o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, se expone a las penas que establece el Código Penal”, señala el escrito.
Pero el documento de Contraloría no se queda solo en eso, ya que informa que de un total de 363.049 personas que están sometidas al Puntaje de Focalización Previsional, el cual permite acceder al beneficio de la pensión básica, 14.456 de ellos superaban el mínimo de 1.206 puntos para obtener el apoyo del Estado, llegando a casos donde se beneficiarios tenían 61.686 puntos.
Estos hechos fueron calificados por el órgano revisor como una muestra de la falta de control y rigurosidad del ISP con las arcas fiscales, ya que se descubrió que no se cuenta con “un sistema de control rutinario” para determinar quienes reciben el beneficio y quienes no, por lo que “se corre el riesgo de subsidiar a personas que no cumplen los requisitos”.
Junto con ello, se detectaron irregularidades en las firmas de los beneficiarios, expedientes faltantes, autorizaciones para las postulaciones sin las rúbricas respectivas de los funcionarios del IPS.
El Instituto de Previsión Social respondió que se reiteraron las instrucciones para el buen proceder en esta materia, pero Contraloría refutó esta indicación al señalar que no se cuentan con “los antecedentes que respalden dichas medidas ni tampoco informa sobre los casos observados… situaciones que deben ser investigadas por dicha entidad, cuyos resultados deberán estar disponibles para su validación, en Ia próxima visita de seguimiento”.
