MEO denuncia avance de Hidroaysén: "En 90 días no habrá ninguna defensa judicial posible"

“HidroAysén no es un problema energético, sino ambiental. Debemos entender ahora que lo estratégico no es HidroAysén, sino Aysén”. Con estas palabras el candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami, se refirió al actual estado de avance de este proyecto hidroeléctrico y que mediante una serie de resquicios estaría allanando su camino para ser aprobado.

“Con la primera etapa de construcción de represas ya aprobada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sólo falta la aprobación de la línea de transmisión. Sin embargo, la presentación separada de la línea respecto a las represas es ilegal ya que implicar el fraccionamiento de un proyecto sujeto a evaluación con el objeto de eludirla”, señaló el candidato. “¿Es este un solo proyecto o son proyectos distintos?”, agregó.

“El 64% del trazado de la línea de transmisión ya tiene servidumbres voluntarias negociadas entre el Estado y sus propietarios. Esto significa que ya existe una indemnización pactada con los dueños”, añadió el presidenciable, quien hace dos semanas se comprometió con la campaña Patagonia sin Represas.

MEO detalló que parte del 36% restante de la línea de transmisión de HidroAysén debe cruzar parques nacionales, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales y sitios protegidos por el Estado para lo que antes había prohibiciones legales estrictas.

Por su parte, Juan Carlos Urquidi, encargado de medio ambiente del comando, denunció que lo anterior podría ser posible gracias a la dictación de un nuevo reglamento firmado el 12 de agosto de este año y que modificó los permisos ambientales sectoriales. “Este reglamento permite sin restricciones de ningún tipo ejecutar proyectos y actividades mineras, energéticas e industriales en parques nacionales, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales y sitios protegidos aun en contra de tratados internacionales y leyes vigentes como la Convención de Washington y el Convenio de Diversidad Biológica”.

Plebiscitos vinculantes

Enríquez-Ominami agregó que “al no existir participación ciudadana resolutiva y vinculante en Chile y con prácticamente todos los escollos legales removidos, en 90 días más no habrá ninguna defensa judicial posible en contra de Hidroaysén que pudiera ampararse en el derecho de propiedad o en infracción de ley. Es por esto que hemos propuesto como candidatura que para casos como este se realicen plebiscitos vinculante en todo Chile”.

“Si en el futuro se presenta un estudio de impacto ambiental para el trazado de la línea de transmisión de Hidroaysén, es probable que su tramitación ambiental sea bastante rápida y termine aprobándose. Los únicos posibles recursos judiciales sólo podrían basarse en el derecho de propiedad –que ya fueron negociados– y en una supuesta violación a tratados y leyes internacionales, los que ya fueron neutralizados por el nuevo reglamento”, remató.