Revisa las claves del proyecto del Gobierno que busca reducir costos y riesgos de judicialización

A casi un año del “Encuentro Pro Inversión y de Competitividad” liderado por el Ministerio de Economía y en el que participaron las autoridades de Medio Ambiente, Energía, Minería, Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y más de 200 empresarios ligados al sector eléctrico y minero, además de representantes de gremios, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, admite una demora en el envío al Congreso de una iniciativa que permita impulsar la materialización del proyecto energéticos.

Sin embargo, el ministro agrega que el proyecto de ley misceláneo  ha avanzado por etapas de cara a la necesidad de aplicar cambios administrativos y ajustes legales, consigna Emol.

Así, Larroulet agrega que tras alcanzar acuerdo con los técnicos de la oposición en diversas áreas, el Ejecutivo presentará en las próximas semanas en el Congreso un proyecto pro inversión, que busca reducir los costos de tramitación y los riesgos de judicialización de los proyectos.

Detalles y alcance del proyecto

“Perfeccionaremos materias del Código de Aguas para poder permitir a la Dirección General de Aguas hacer tramitaciones digitalmente, lo que apunta a menores costos. Un segundo tema complejo y que ha sido mencionado en el área minera es el cierre de faenas. La Ley 20.551 quedó con una imprecisión jurídica que la hace compleja para las pymes. Ese tema se aclarará”, adelanta Larroulet.

La iniciativa también apunta a mejorar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente  a fin de permitir que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) pueda resolver consultas previas de parte de la empresa que realizará un proyecto o las comunidades cercanas al lugar. Esto según el secretario de Estado, posibilitará que los proyectos se diseñen con mayor certeza, pues se podrá clarificar la naturaleza en la tramitación de una inversión.

Consultado por los temas en los que no hubo acuerdo con la oposición, Larroulet explicó que  esperan agregar algunos durante la discusión en el Congreso, como los relacionados con los organismos genéticamente modificados y medio ambiente.

En esta línea, la autoridad recuerda que en diciembre pasado, se dieron a conocer 20 medidas administrativas pro inversión relacionadas con los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía, Minería, Vivienda, Bienes Nacionales, Obras Públicas y Segpres. Varias de ellas, según Cristián Larroulet, ya están listas para su implementación.

Igualmente indicó que el 12 de agosto pasado, se publicó el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y durante este mes se daría a conocer el denominado “125”, que reemplazará el “124”, que aborda el tema de la consulta indígena para los proyectos que no pasen por la nueva normativa del SEIA.

“Lo más relevante de todo es el nuevo reglamento del SEIA, que apunta a dar certeza jurídica a los proyectos de inversión. Es un avance significativo”, afirmó el ministro.

De cara a los avances legales, Larroulet releva la aprobación del proyecto de concesiones eléctricas con veto supresivo, ocurrida la semana pasada,  A su juicio, “esto facilita todos los procesos de instalación y tendido de líneas de transmisión. Hoy se demoran muchas de estas concesiones tres años y al reducir en doce meses el proceso, baja el costo en 30%. Nuestra estimación es que los timing bajen a menos de la mitad”.

Respecto del paso de la iniciativa por el Tribunal Constitucional, el secretario de Estado dijo que la instancia cuenta con 30 días para pronunciarse. “Estoy muy conforme. El proyecto más importante en materia energética (concesiones eléctricas) ya se aprobó y eso incentivará la inversión”, dijo y agregó que a esta normativa se sumará en las próximas semanas la legislación sobre Energías Renovables No Convencionales -que espera su aprobación en el Senado-, proyectos que formaron parte de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y la oposición.

La autoridad puntualizó que el proyecto misceláneo incluirá “todo lo que implique precisar la norma y los requisitos. Eso apunta a evitar la judicialización. Los ministerios involucrados en los procesos de aprobación de proyectos han capacitado a su personal para que los informes que emanan tengan la precisión adecuada para que no puedan ser cuestionados o mal interpretados en un proceso judicial”.