Este jueves, el TC resolverá si acoge a trámite impugnación a Ley de concesiones eléctricas
De ser admitida, luego viene un plazo de cinco días para decretar la admisibilidad del fondo del requerimiento, instancia en la que se fijarán las fechas para la vista de la causa en la que los abogados de los requirientes entregarán sus posiciones para que se resuelva el polémico asunto.
En la jornada de este jueves se espera que el Tribunal Constitucional (TC) de a conocer si acoge a trámite la impugnación al proyecto de ley sobre procedimientos para otorgar concesiones eléctricas, iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso a fines de agosto. Esto luego de que un grupo transversal de 10 senadores, liderados por el RN, Antonio Horvath, presentaran un requerimiento en contra de la normativa.
La sesión del TC se iniciará a las 10: 30 horas y esta causa se encuentra en el segundo lugar de la tabla. De ser admitida, a continuación viene un plazo de cinco días para decretar la admisibilidad del fondo del requerimiento, instancia en la que se fijarán las fechas para la respectiva vista de la causa en la que los abogados de los requirientes, representados por Mauricio Daza y un profesional a nombre del gobierno, entregarán sus posiciones para que se resuelva el asunto, informa el DF.
Junto a Horvath, a sumaron a esta impugnación Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro Muñoz ( PS), Jaime Quintana (PPD), Fulvio Rossi (PS) y Eugenio Tuma (PPD).
Los opositores cuestionan la constitucionalidad de 19 preceptos normativos todos contenidos en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, a fin que se declaren inconstitucionales “por vulnerar los derechos y garantías asegurados en el artículo 19 de la Constitución relativos a “tutela judicial efectiva, debido proceso y garantías de un procedimiento justo y racional; derecho a la propiedad, derecho a no ser discriminado arbitrariamente por el Estado en materia económica; y afectación de derechos y garantías constitucionales”.
Cabe recordar que la discusión de la iniciativa en el Congreso estuvo marcada por las controversias. Sin ir más lejos, el propio ministro de Energía, Jorge Bunster, llevó a cabo diversos acuerdos políticos, tanto con la oposición como con el oficialismo para viabilizar la normativa, que ya había logrado el control de constitucionalidad del TC y se aprestaba para ser promulgada, hasta que fue presentado el requerimiento que frenó la materialización.
En esta línea cabe recordar que tras la conformación de una comisión mixta, el Gobierno despachó un veto supresivo para eliminar las referencias a la consulta indígena que obliga el Convenio 169 de la OIT.
