Informe de la Corte de Apelaciones detalla condiciones de privilegio de ex militares en Penal Cordillera
El informe de la fiscal María Loreto Gutiérrez da cuenta que los recluidos viven en cabañas "que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas". Según los informes del psicólogo, los condenados por violaciones a los derechos humanos "no tienen conciencia de los delitos que han cometido".
Manuel Contreras, condenado a más de 300 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, fue castigado con la suspensión de visitas por haber denigrado a los guardias del penal Cordillera en una entrevista que concedió hace un par de semanas a canales de televisión.
La medida se conoció hoy a través de un informe elaborado por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago María Loreto Gutiérrez tras inspeccionar el recinto, donde una decena de antiguos agentes represores cumplen sus condenas.
Contreras afirmó en la entrevista que los gendarmes encargados de su custodia estaban ahí “para llevarle el bastón”, expresión que fue considerada “denigrante” por las autoridades carcelarias, que dispusieron que el general no reciba visitas durante una semana.
La difusión del informe de la fiscal Gutiérrez coincidió además con el revuelo causado por un asado que sería ofrecido hoy al ex brigadier Miguel Krasnoff, condenado a 144 años de prisión, por sus compañeros del curso militar de 1967. Las autoridades de Gendarmería suspendieron por esta jornada todas las visitas al penal Cordillera para evitar el evento social.
Algunos antiguos militares llegaron al recinto pero debieron retirarse sin poder entrar, mientras un grupo de personas vinculadas a las víctimas de la dictadura se manifestaron frente a la entrada con pancartas y gritaron consignas en demanda de justicia.
Informe de la Corte de Apelaciones
El informe de la fiscal revela que el resto de oficiales recluidos se distanciaron de las expresiones de Contreras y señalaron a las autoridades carcelarias que las mismas “no representan su opinión y no quieren verse perjudicados por ello”.
El documento confirma además las “buenas condiciones materiales” en que se encuentran los militares recluidos, que viven “en cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas”.
Contreras dispone de una cabaña para él solo mientras los demás internos comparten habitación, pero todos tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas y autorización para hacer llamadas telefónicas.
En cuanto a la alimentación, “se preparan dietas según el estado de salud de cada uno, supervisada por una nutricionista” y además son atendidos por un médico, un psicólogo, un asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo.
“En casos de emergencia, son trasladados al Hospital Militar, que se encuentra a sólo cinco minutos” de la cárcel, agrega el informe. De hecho, el general Contreras concurre desde mayo pasado al centro asistencial tres días a la semana para ser dializado debido a problemas renales.
Uno de los reclusos, el general Odlanier Mena, condenado a seis años de presidio, disfruta desde 2011 del beneficio de salida durante los fines de semana, mientras los demás, que han solicitado otros beneficios, han tenido respuestas negativas.
Según el informe, algunos de los oficiales, que tienen entre 68 y 86 años, sienten “el abandono de sus abogados” y “no comprenden por qué se les niegan beneficios a los que otros internos pueden acceder”.
Según Gendarmería, la negativa se debe a que los oficiales, “según los informes del psicólogo, no tienen conciencia de los delitos que han cometido”.
