La deuda de la justicia con los DD.HH: De 800 agentes de la dictadura investigados, solo 61 están en la cárcel

El 19 de mayo del año pasado, Ignacio Vidaurrázaga, periodista e investigador de temas de Derechos Humanos, se encontraba de compras con su pareja y su hijo en el mall Parque Arauco. Era una tarde agradable, hasta que ingresó a la tienda Ripley, donde en ese momento creyó reconocer a un anciano alto, que cubría su cabello con un jockey y se apoyaba con un bastón. Lo siguió con la mirada por unos segundos y entonces supo que el señor era nada menos que Odlanier Mena, ex director de la CNI quien debía estar encerrado y no disfrutando de algo que ni siquiera era una salida dominical, sino más bien un fin de semana completo. En medio de su rabia, Vidaurrázaga sólo atinó a tomarle unas fotografías.

-¿Estaba en libertad? ¿Violentaba la reclusión?-, se preguntó en ese momento, mientras lo seguía con el teléfono en mano y Mena ocultaba su rostro.

Ignacio, es también el hermano del profesor Gastón Vidaurrázaga, asesinado junto Felipe Rivera Gajardo, Abraham Muskatblit Eidelstein y al periodista José Carrasco, horas después del atentado contra Augusto Pinochet. A Gastón lo acribillaron la madrugada del 8 de septiembre de 1986, junto a un poste de luz cerca de la carretera norte -sur en la comuna de San Bernardo. Recibió varias balas. Tenía 30 años.

Mena fue el primer jefe de la CNI desde fines del 1977 hasta el 80, pero para el periodista fue quien reemplazó a Manuel Contreras en la DINA, alguien que recibió la misma estructura y los mismos torturadores, es decir algo que sólo cambió en la forma o “ cambió la chapa”, como dice él.

– Que un jefe de la CNI estuviera comprando un fin de semana, era expresión de nuestra transición y sus debilidades. Los violadores a los derechos humanos tratados con guante blanco-, dice hoy recordando esa experiencia.

El caso de este encuentro no es un hecho aislado, según el último informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2013), a 15 años de la detención de Pinochet en Londres, existen alrededor de 1.350 causas de DD.HH. en trámite o bajo investigación contra más de 800 ex agentes de represión. A fines de julio de 2013, la Corte Suprema había resuelto 153 causas criminales, 140 de ellas con sentencias condenatorias. En el informe, también se estipula que las principales debilidades restantes en la justicia nacional son la lentitud, las bajas penas, la falta de transparencia en la concesión de beneficios intra penitenciarios, la continua aplicación de la prescripción a demandas civiles y de prescripción gradual a causas criminales, el desamparo jurídico de sobrevivientes de prisión política y tortura y la persistente negativa de los poderes ejecutivos y legislativos de cumplir sus responsabilidades internacionales respecto del Decreto de Ley de Amnistía de 1978.

Catalina Lagos, abogada de la Universidad Diego Portales y especialista en temas de Derechos Humanos y de Género, profundiza en esta información. Comenta que lo más preocupante en este tema es la desproporción entre los delitos cometidos y las penas que se dan a los acusados. “Existen aproximadamente 800 agentes que son procesados, imputados o condenados, es decir que hay algunos que tienen una sentencia y una condena, pero hay otros que no. Ahora yendo al detalle de los que están condenados sólo son entre 64 y 70 quienes están cumpliendo penas de cárcel efectivas, es decir están privados de libertad en algún recinto que puede ser Punta Peuco ya no el Penal Cordillera, por su cierre”, comenta. Explica también que hay otros agentes de la dictadura que están en cárceles comunes, por ejemplo las personas que están recluidas en el sur, en regiones y que han pedido no ser trasladados para estar cerca de sus familiares. “También hay cerca de 170 agentes que están condenados, pero se encuentran en libertad, gracias a la concesión de beneficios”, puntualiza.

Otros privilegios

Ya el informe del Observatorio anterior a este, se había denunciado un trato preferencial a los acusados de violaciones a los Derechos Humanos. Personas cercanas a la investigación de estas causas informaron cómo algunas diligencias de interrogatorios eran realizadas en el domicilio y no en recintos policiales, había notificación por abogados defensores, sin requerimiento de comparecencia en tribunales y la práctica de permitir al mismo condenado presentarse al recinto penal evitando ser trasladado bajo custodia. Varias fuentes mencionaron también la situación en Valparaíso donde la Armada aún mantiene una importante presencia en la vida regional y sería frecuente que ministros de la Corte de Apelaciones porteña se recusen de causas de Derechos Humanos citando vínculos con la Armada como razón para auto inhabilitarse. En julio del 2011, la misma corte rechazó impugnaciones que fueron realizadas por los querellantes, el programa de Derechos Humanos y CDE a su propio actuar en el caso Woodward. La corte había revocado casi dos tercios de los procesamientos a la fecha realizados contra ex oficiales de la marina.

Cath Collins, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales e Investigadora asociada de este establecimiento, comenta que es notorio que el número de personas condenadas o de otra manera responsabilizadas, no se condice con lo que sabemos fue la naturaleza sistemática y extendida de crímenes. Comenta que en el año 2009, la encuesta anual de opinión pública de la UDP demostró que 44,4% de las personas en Chile estimaban que el número de juicios era muy bajo comparado con lo que ellas mismas ahora sabían o creían había sido el alcance de los crímenes. “También 75,4% de los encuestados estimaba que los civiles que participaron en el régimen compartían responsabilidad para las violaciones. Sin embargo, más allá de un par de agentes civiles contratados por la DINA o CNI, ningún civil se encuentra hoy condenado por su participación (…) La dictadura mató y torturó desde el primer día hasta casi el último.

A lo largo de más de una década y media, son potencialmente cientos sino miles las personas que operaron como agentes del Estado, directa o indirectamente realizando y facilitando la comisión de actos de terrorismo de Estado contra sus propios compatriotas, niños, mujeres y hombres”, comenta.

Para la especialista, es llamativo el contraste de nuestro país con Argentina, donde hoy los juicios han empezado a alcanzar a civiles y empresas que participaron en o se beneficiaron de los crímenes de Estado, así como a jueces y otros funcionarios por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer, o no haber cumplido con su deber de proteger a las personas.

Para Ignacio Vidaurrázaga el fondo del problema también es otro, y es que las Fuerzas Armadas y Carabineros han cambiado muy poco en sus elementos estructurales de doctrina y formación que los llevaron a ser parte de un golpe y luego de una dictadura por 17 años. “Este Ejército no pierde la ocasión de demostrar que los pactos de silencio están intactos y que no basta bautizar un cuartel con el nombre del general Carlos Prats o del general Bachelet… todo ello es parodia, si continúan rindiendo homenaje y protegiendo torturadores”, concluye en su última respuesta.