Con intervención de abogados de Endesa y Comité de Ministros, parten alegatos por Punta Alcalde
En las instancia se ven las caras los representantes de las comunidades indígenas, organizaciones sociales, ONGs y la Municipalidad de Huasco con los abogados de Endesa y el Comité de Ministros de cara al recurso de protección presentado en contra de la aprobación del proyecto termoeléctrico.
Poco después de las 9:30 de esta mañana de este martes, la Tercera Sala de la Corte Suprema dio el vamos a la primera jornada de alegatos que enfrenta a los representantes de las comunidades indígenas, organizaciones sociales, ONGs y la Municipalidad de Huasco con los abogados de la firma Endesa y el Comité de Ministros de cara al recurso de protección presentado en contra de la aprobación del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde.
Los alegatos se iniciaron con la intervención del abogado de Endesa, Mario Galindo, quien solicita que se rechacen estos recursos de protección en insiste en que cumple con la normativa; a continuación será el turno de Jorge Bofill, profesional que representa al Comité de Ministros que en diciembre de 2012, dio luz verde al proyecto.
Por su parte los habitantes de Huasco, cuyos abogados alegarán este miércoles, plantean que la zona enfrenta márgenes de latencia de materiales contaminantes y que no cumple con las medidas medioambientales que se señalaron en el estudio de impacto ambiental.
De manera previa al inicio de los alegatos tuvo lugar al costado del Palacio de Tribunales una ruidosa manifestación protagonizada por los detractores del proyecto.
Cabe recordar que el pasado 1 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió tres de los cuatro recursos de protección presentados en contra de la citada decisión del Comité de Ministros.
Este fallo recibió una apelación por parte de Endesa y el mismo Comité de Ministros por considerar que la aprobación de Punta Alcalde “se ajusta a derecho, y no fue ilegal ni arbitraria”.
La Corte de Apelaciones capitalina resolvió entonces que se deberá realizar una nueva sesión del Comité de Ministros en la que se pronuncien respecto a los argumentos vertidos en la resolución denegatoria de la Comisión Ambiental de Atacama, en relación al real impacto en la calidad del aire que generaría la operación de la central.
Cabe recordar además que este megaproyecto eléctrico contempla una inversión de US$1.400 millones para la generación de 740MW y su vida útil se calcula en un mínimo de 30 años, que podrían ser aumentados a través de procesos de mantenimiento y reemplazo de equipos.