Informe de la CPC propone entregar aportes a municipios para destrabar inversión en energía

El gremio de los empresarios no oculta su preocupación por el tema energético. A su ojos, la disminución de inversiones en grandes centrales de base trae aparejado un aumento de los precios de la electricidad, además de una creciente dificultad de las empresas distribuidoras y grandes clientes industriales para renovar sus contratos de suministro.

Así se desprende del primer informe encargado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a los expertos Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman y titulado “Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base en el Sistema Interconectado Central (SIC)”, consigna  El Pulso.

“El problema no es la falta de interés en invertir, sino la dificultad para concretar proyectos debido a la creciente oposición de grupos ciudadanos y a las trabas políticas, administrativas y judiciales que se han ido generando”, señala el texto.

En esta línea, se plantea que la situación más preocupante se presentará a partir del 2017, ya que no está claro cuando se podrán concretar nuevos proyectos hidroeléctricos o termoeléctrico de gran tamaño, o la interconexión entre los dos principales sistemas eléctricos del país, el SIC y el SING.

No obstante, los expertos agregan que “el suministro para la demanda que se originará a partir del 2020 es un desafío más complejo”, esto debido a que exige decisiones de inversión en los próximo tres años, cuestión que requiere aprobación ambiental, gestión pública, consenso político y aceptación social.

A partir de estos elementos, la CPC dio a conocer la -anunciada- segunda parte del informe llamada “Agenda para impulsar inversiones en generación eléctrica”, texto  de 80 páginas que apunta distintos escenarios posibles para el desarrollo de la matriz eléctrica.

El material entrega diagnósticos y recomendaciones en torno a los aportes a las comunidades locales, ordenamiento territorial, tramitación de permisos, participación ciudadana, sistemas de transmisión, y licitaciones de suministro de distribuidoras para consumo en el periodo 2020- 2030.

Los tres primeros puntos, a juicio de los autores, resultan fundamentales para destrabar los proyectos de inversión, ya que son parte del origen de los conflictos.

En este escenario, el timonel de la CPC, Andrés Santa Cruz comentó que “aquí el sector empresarial a través de la CPC está haciendo un aporte importante al país, en torno a un informe que abarca las necesidades energéticas y propuestas para los próximos 15 años, llegando al año 2030. Creemos que ese es un aporte importante para el país que hemos hecho llegar a las autoridades de gobierno y a las principales candidaturas presidenciales que así lo han solicitado“.

Aportes a comunidades, ordenamientos y permisos

El texto detalla que el origen de la oposición a proyectos de generación o transmisión eléctrica es “la distribución inequitativa de los beneficios y costos de esos proyectos”. En esta línea se admite que la construcción e implementación de centrales y líneas afecta en su mayoría a los habitantes de las comunidades donde se instalan estos proyectos, pero los beneficios percibidos son a nivel nacional.

El texto añade que la ineficiencia de esto pasa porque las negociaciones con la comunidad resultan costosos y pueden transformarse en un gran obstáculo al desarrollo de nuevos proyectos de inversión eléctrica.

Ante este panorama la CPC (como recomendación de los expertos) propone dos mecanismos regulados de compensación: El primero apunta a una modificación del reglamento de patentes municipales que introduzca la capacidad instalada de generación como un nuevo factor de distribución para el pago de la patente.

El segundo, en tanto, se liga con la entrega aporte obligatorio y directo de parte de las empresas que conecten centrales de generación o líneas de transmisión a SIC o SING a los municipios donde se localicen, con la idea de financiar proyectos de desarrollo local.

La fórmula de pago sería proporcional a la potencia instalada o bien, en relación con la inversión realizada e imputarse como crédito contra las obligaciones tributarias. De esta manera, el pago se distribuiría en relación de la vida útil del proyecto, lo que además no podrá superar el 1% de la inversión.

“El aporte obligatorio se establecería por ley, no sólo porque lo requiere nuestro marco constitucional, sino porque las especificidades del diseño deben contar con la mayor legitimidad posible”, detallan las recomendaciones.

De cara a polémico tema del ordenamiento territorial, se indica que la falta de un sistema integrado de ordenamiento territorial de un modo coherente es otro de los factores que están generando conflictos en el desarrollo de proyectos y judicializando la tramitación de permisos ambientales. Un ejemplo de esto es que existen 27 categorías establecidas por distintas leyes para las zonas sujetas a protección especial del patrimonio ambiental y los recursos naturales.

Los autores indican que, este panorama hace habitual las discrepancias por interpretación de las normas que regulan los usos que están permitidos y prohibidos en el territorio. Al no estar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) diseñado para resolver las divergencias de uso de territorio, la mayoría de las veces se genera la judicialización de éstos, deslegitimando el proceso de evaluación ambiental.

De ahí que se proponga avanzar a un sistema de ordenamiento que consagre lineamientos generales que regulen y prevalezcan sobre los planes y estrategias locales; la descentralización en el diseño de los instrumentos; la coherencia estructural de los mecanismos; la asignación clara de responsabilidades y atribuciones; y la participación ciudadana.

“Para ello se propone que una autoridad ministerial asuma la responsabilidad en la materia, con la misión de reformar todos los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificaciones especiales. Dicha autoridad puede surgir de la fusión de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, según lo ha propuesto el gobierno”, señala el documento.

Frente a la tramitación de permisos, se diagnosticó que uno de los problemas que deben enfrentar los proyectos de generación y transmisión eléctrica es el largo y engorroso proceso que esto implica.

En este sentido se dice que “aunque no siempre se cumplen, normalmente los plazos del SEIA no son exagerados, las tasas de rechazo y desistimiento son reducidas y existe un adecuado nivel de transparencia en el proceso. Sin embargo, hay casos particulares con largos retrasos, los que se acentúan en proyectos con incertidumbre sobre los impactos ambientales y/o con conflictividad con las comunidades“.

Sobre los temas ambientales más críticos se mencionó la calidad del aire, el medio marino, la Ley de Bosques y el caudal ecológico.

De ahí que los expertos identifiquen como los principales problemas en la tramitación de proyectos la falta de claridad y ausencia de normas (por ejemplo, la aplicación del Convenio 169 de la OIT); las diferentes interpretaciones de las leyes y reglamentos; la falta de coordinación (carencia del rol protagónico de la autoridad ambiental; la escasez de recursos y capacidades técnicas del sector público; la poca rigurosidad de los solicitantes; la influencia determinante de la percepción pública que adoptan los servicios de tramitación de los permisos; y la frecuente interposición de recursos judiciales en contra de los proyectos, incluso una vez que éste ya se ha concedido.

Frente a este diagnóstico, se sugieren seguir completando y precisando el significado y la forma de aplicación de las normas ambientales y sectoriales, incluyendo la simplificación de procedimientos y preparación de guías aclaratorias. Además se propone velar porque los organismos públicos interpreten y apliquen correcta y de manera uniforme de las normas, en coherencia con sus objetivos. En tercer y cuarto lugar recomiendan fortalecer la coordinación entre los servicios públicos, de modo de contar con una acción pública eficaz y expedita; además de dotar de adecuados recursos humanos y financieros los servicios públicos.

Y las dos últimas recomendaciones apuntan a mejorar la calidad de las solicitudes presentadas por los inversionistas y limitar los incentivos para judicializar los conflictos asociados a los proyectos de inversión.

Revisa aquí el texto completo del informe:

Informe Definitivo CPC 10 Oct 2013 1 by paulinahidalgo