¿Qué tal? Agricultores de Brasil ganan juicio contra Monsanto
A partir de ahora, la compañía tendrá que pagar una multa de 400.000 dólares cada vez que no cumpla con la sentencia, vigente en todo el territorio del estado de Mato Grosso, y emprenda un nuevo intento de promover este tipo de acuerdos.
La Unión Rural Sinop, organización que representa los intereses de los agricultores del estado brasileño de Mato Grosso, ganó un juicio contra la transnacional, Monsanto. La empresa no podrá imponer condiciones a los compradores de las semillas de su soya transgénica.
La sentencia, dictada el sábado, bloqueó el intento de la compañía de obligar a los agricultores a firmar acuerdos restrictivos antes de permitirles adquirir las nuevas semillas genéticamente modificadas de soya Intacta RR2. Estas semillas se postulan como resistentes a las orugas que se han atacado últimamente en los cultivos de muchas zonas del país, causando graves pérdidas de cosecha.
Yes que al momento de adquirir estas semillas ‘milagrosas’, los campesinos debían firmar un contrato que no ofrecía garantía alguna del aumento de la cosecha pero incluía el pago de regalías por parte del comprador, daba a Monsanto el derecho a entrar e inspeccionar la propiedad del agricultor en cualquier momento, afirmaba que la empresa podía subir las tasas de regalías o confiscar una parte de la cosecha y estipulaba que el comprador en ningún momento podía poner un pleito contra la compañía.
Este acuerdo también obligaba al campesino a aceptar “el derecho de propiedad intelectual sobre las tecnologías agrícolas”. Cabe destacar que esta última fórmula contradice la ley brasileña, que protege el derecho de los agricultores a guardar semillas y utilizar o vender productos de su propio cultivo.
La justicia de Mato Grosso subrayó que Monsanto se aprovecha de su posición favorable en el mercado como único proveedor de Intacta RR2 para obligar a los granjeros a “cumplir unas cláusulas que son excesivas, si no ilegales”.
A partir de ahora, la compañía tendrá que pagar una multa de 400.000 dólares cada vez que no cumpla con la sentencia, vigente en todo el territorio del estado de Mato Grosso, y emprenda un nuevo intento de promover este tipo de acuerdos.
