La querella por fraude al Fisco que cayó como bomba en el comando de Bachelet a un mes de la elección

Nada es casual, pero quienes se querellaron contra Michelle Bachelet y sus ex ministros, Sergio Bitar y Alberto Arenas, aseguran que no están guiados por fines político electorales.

Se trata de las esquirlas de un conflicto que estalló durante los primeros meses de gobierno de Bachelet y que luego se sumergió para reaparecer en la puerta del horno, cuando en la Nueva Mayoría están cada día más seguros de un triunfo en primera vuelta en las próximas elecciones presidenciales, donde la ex presidenta corre como favorita.

Son los vecinos de La Pintana que rodean el acceso sur a Santiago. En su momento se tomaron la calle, hicieron barricadas, paralizaron las obras y se fueron presos. Les aplicaron la Ley de Seguridad del Estado y debieron firmar mensualmente en un Juzgado durante un año. Su situación hizo ruido cuando las cámaras de televisión mostraron las rejas de las viviendas a solo centímetros de las obras que construían la moderna autopista. Los pobladores cuentan que todo se había solucionado cuando una mesa de diálogo ofreció compensaciones, como la construcción de un parque, hecho que nunca se concretó. Quedaron enojados, detectaron irregularidades y las llevaron a la Justicia.

La querella criminal presentada el nueve de septiembre en el Séptimo Juzgado de Garantía, acusa a Michelle Bachelet; al ex ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar; y al entonces ministro (s) de Hacienda, y hoy encargado programático del comando, Alberto Arenas, de fraude al fisco.

La querella había sido rechazada por el Séptimo Juzgado por razones de forma, sin embargo, el martes 15 de octubre la Corte de Apelaciones revocó esa decisión y le dio curso a la querella, quedando la investigación en manos de la Fiscalia Centro Norte. El documento acusatoria solicita llamar a declarar a todos los acusados, además de funcionarios de la Contraloría que han visto este tema, y a los propios afectados de La Pintana.

Según el documento, al que tuvo acceso El Dínamo, y que se puede revisar de forma íntegra aquí, la ex mandataria y sus secretarios de Estado firmaron un decreto supremo que permitió la aprobación de un convenio que modificó el contrato con la concesionaria a cargo de la construcción del acceso sur a Santiago, permitiendo el traspaso directo de 30 mil millones de pesos a la empresa, presidida entonces por Herman Chadwick, primo de Sebastián Piñera y hermano del actual ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Citando un informe de la Contraloría, que puede revisarse aquí,  la querella establece que la concesionaria Autopista del Maipo incurrió en irregularidades al falsear datos entregados al órgano contralor, posibilitando así el fraude al Fisco. Como ejemplo, el documento señala que la empresa comunicó que a cada guardia que resguardaba las obras se le pagaba mensualmente un millón 200 mil pesos, cuando en realidad el salario no habría superado los 159 mil.

Otras cifras que se comentan en la acusación: El gasto de 830 millones de pesos por lavado de ruedas y carrocerías de los vehículos a cargo de las obras, o los 592 millones destinados a gasto extra de bencina, por la obligación de transitar a no más de 30 kilómetros por hora dentro de la zona de trabajo. Todos, gastos considerados excesivos por los querellantes, y por tanto sospechosos de ser evidencia de fraude.

En general, el citado informe de la Contraloría establece que faltan documentos que acrediten los gastos manifestados por la empresa, la que se defiende señalando que el contrato que celebró con el Estado fue a suma alzada, por lo que no es necesario acreditar cada uno de los gastos, ya que se pactó un monto fijo de dinero.

“Respecto a los querellados, al dictarse y ejecutarse el Decreto Supremo N° 142/2008, incurre en el ilícito del artículo 240 del Código Penal, respecto a que estos habrían consentido, en que se defraudase al Estado de Chile”, acusa la querella.

La firma de Michelle

La abogada patrocinante de la causa, Marta Sánchez, explica el fundamento de la acción judicial: “¿Por qué llegamos a la señora Bachelet y a sus dos ministros? Es por la envergadura del negocio en si, las licitaciones, en este caso estaban a cargo de la Presidenta de la República  su autorización. Y ella, a través de un decreto supremo, fue la que autorizó la entrega de dinero, y también los ministros, entonces, a ellos nosotros tenemos que recurrir no por una cuestión política o por mero capricho, sino porque  existen antecedentes que dan cuenta que ellos lo autorizaron saltándose un procedimiento”.

La jurista dice que en estos casos la entrega de recursos a privados debe pasar por una comisión arbitral que autorice el traspaso de los dineros. Esa instancia, compuesta por cargos administrativos de entidades fiscalizadoras como la Contraloría, visó la entrega de platas a la misma concesionaria durante el 2006, pero la abogada alega que el 2008 la ex mandataria se saltó esta instancia: “El conducto regular en estos casos es pasar por una comisión arbitral que autorice la operación, y en el caso de la entrega de dinero del año 2008, este procedimiento no se cumplió“.

El decreto citado puede revisarse aquí. En el documento emitido el 30 de abril del 2008 por la ex presidenta efectivamente aparece un cambio en las reglas del juego, aunque también registra la firma del Contralor de la República, el que según la abogada querellante no habría revisado el cambio en el contrato.

En la querella se acusa que hubo intención explícita de beneficiar a la empresa en detrimento de los pobladores: “La negativa de la autoridad de reconocer su obligación de construir el parque comprometido, derivaba del compromiso de estos fondos para beneficiar a esta empresa concesionaria, esto es, estos recursos en vez de ser destinados a la construcción de nuestro parque, terminó dentro del patrimonio de la empresa concesionaria”.

El documento plantea que la COREMA, al momento de autorizar el proyecto, estableció el compromiso de la construcción de 35 hectáreas de áreas verdes, donde se incluían las 20 que comprendería el parque urbano allegado a las viviendas afectadas por la construcción de la autopista.

Otra crítica al decreto firmado por Bachelet, Bitar y Arenas el 2008, es que permitió suscribir un contrato a suma alzada, es decir, con cifras fijas y sujetas a escaso control: “Solo dio lugar a los abusos (…) ya que permitió el aumento de los costos, sin que existiese en principio obligación de justificar y acreditar el efectivo pago de las obras comprometidas”.

Deudas del pasado

La vocera de los pobladores de La Pintana que están tras la querella, Roxana Ramírez, explica que siempre se han sentido pasados a llevar en este tema y que ahora buscan que se investigue a fondo lo que pasó: “Nuestros derechos fueron violados en todo sentido, se rieron en nuestra cara. Nos aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado, nos pegaron y nos llevaron presos. Queremos que se investiguen estas platas que se entregaron sin control, que se sepa que pasó. Y ojala que acá se cumpla con una resolución ambiental, y que finalmente se construya el parque que prometieron”.

Según la dirigenta, la rabia que se acumuló entre los vecinos surgió de las numerosas molestias que sufrieron durante el proceso de construcción del acceso sur: “Las molestias más grandes las vivimos cuando estaban construyendo. Todo lleno de hoyos, no podíamos pasar a nuestras casas. No teníamos acceso a los colegios, a los liceos, al consultorio. Además se llenó de pandillas. Hubo violaciones, hubo accidentes. Hubo incendios donde los bomberos no pudieron pasar porque las pantallas acústicas estaban a 50 centímetros de las casas. Además, el movimiento que hacía la construcción de la autopista nos ha perjudicado en nuestras viviendas, que se han ido viendo afectadas”.

Además de la querella criminal en contra de las ex autoridades, Ramírez cuenta que el año pasado presentaron una demanda solicitando ser indemnizados: “El año pasado presentamos una demanda pidiendo una indemnización de 40 millones de pesos por familia. Somos 42 las familias las involucradas”. La vocera de los pobladores insiste en la necesidad de un parque en el lugar, cuenta que cuando les presentaron las maquetas de la carretera, estaba contempladas hectáreas para áreas verdes: “Cuando se fueron acabando los campamentos, se concentró mucha gente en este sector y no existen áreas verdes”.

Sobre las eventuales consecuencias para los involucrados, la querella cita el artículo 239: “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudase o consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficiencia, sea originándoles pérdida o provándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado“.