Brasil usará sus propios sistemas de comunicación en internet para evitar espionajes
Todas las comunicaciones de datos circularán por "las redes de telecomunicaciones y servicios de tecnología de la información de los organismos o entidades de la administración pública federal".
Las comunicaciones de la administración pública brasileña en internet deberán ser realizadas a partir de marzo próximo a través de redes propias que están en desarrollo, a fin de limitar el efecto del espionaje extranjero, según un decreto publicado hoy en el Diario Oficial.
El decreto, sancionado por la presidenta Dilma Rousseff, dice que “todas las comunicaciones de datos” circularán por “las redes de telecomunicaciones y servicios de tecnología de la información de los organismos o entidades de la administración pública federal”.
Actualmente la administración pública brasileña utiliza sistemas de correos electrónicos de la empresa Microsoft, que en un máximo de 120 días serán sustituidos por software desarrollado por el estatal Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro).
El decreto puntualiza que la decisión, anunciada previamente por Rousseff hace más de un mes, fue tomada “de cara a la preservación de la seguridad nacional”.
Como respuesta a las actividades de Estados Unidos, el Gobierno de Brasil también presentó ante la ONU, junto con Alemania, un proyecto de resolución dirigido a establecer límites al espionaje electrónico y garantizar la privacidad de los usuarios de internet.
Esta semana, el diario Folha de Sao Paulo reveló documentos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) según los cuales Brasil también espió a diplomáticos de Rusia, Irán e Iraq residentes en el país entre los años 2003 y 2004.
Asimismo, otros documentos de la ABIN obtenidos por Folha de Sao Paulo aseguran que esa agencia brasileña también vigiló la actividad de espías franceses y llegó a temer que hubieran tenido algún tipo de participación en un accidente que, en 2003, destruyó la base de lanzamientos de satélites del país en la Amazonía.
Según una nota oficial divulgada este lunes por la Presidencia, las operaciones de la ABIN son “legales” y persiguen “la defensa del estado democrático de derecho, la sociedad y la soberanía nacional, con total respeto a los principios constitucionales y a los derechos y garantías individuales”.
