Paro de municipales en punto muerto: Funcionarios establecen plazo de homologación de 25 meses
Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Santiago Rebolledo, pidió aclarar de dónde van a salir los $100 mil millones adicionales que ofreció el Presidente Piñera al anunciar el envío del proyecto de ley para igualar las asignaciones.
El alcalde de la Cisterna y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Santiago Rebolledo (PPD), sostuvo este miércoles una reunión con el diputado de su misma colectividad, Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Trabajo, para pedirle su intermediación en el conflicto que sostienen desde hace más de tres semanas los funcionarios municipales con el Gobierno.
El parlamentario señaló que juntará firmas en el Congreso para invitar a la Comisión al subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, y que pueda explicar las formas de solución al impasse que maneja el Ejecutivo.
Rebolledo, por su parte, pidió aclarar de dónde van a salir los $100 mil millones adicionales que ofreció el Presidente Piñera al anunciar el envío del proyecto de ley para igualar las asignaciones de los funcionarios.
Ese dinero sería para “poder financiar esta primera pata de esta gradualidad que son 30 mil millones de un total de 60 mil millones. La verdad es que revisando el presupuesto fiscal para el 2014 no hemos encontrado, con nuestros técnicos y especialistas, esos 100 mil millones de pesos adicionales” en el Presupuesto, consignó Cooperativa.
Esto, mientras los dirigentes de la Asociación de Funcionarios Municipales realizaban una contrapropuesta al plazo de tres años propuesto por La Moneda para el incremento de las asignaciones.
El documento evacuado por la Asemuch establece que la homologación de asignaciones o PMG se haga en un plazo de 25 meses, alcanzando el 30,6% que actualmente tienen los funcionarios del sector público. Además se exige que los fondos para los pagos deben ser exclusivamente fiscales.
La contrapropuesta contempla un punto en que se especifica que los trabajadores que hayan participado de las movilizaciones “no sean objeto de eventuales descuentos, medidas disciplinarias, sumarios o cargos de la justicia”, indicó La Tercera.
El documento debe ser votado por las bases.
