Rector U. Chile: planteles privados recibieron millonarios fondos públicos sin control fiscal en 2012
Para la máxima autoridad de la Casa de Bello, "las universidades que cumplen la ley, no deberían tener problema para tener las mismas exigencias que las estatales en cuento al uso y manejo de dineros públicos".
El Rector de la Universidad de Chile, profesor Víctor Pérez Vera, cuestionó los “privilegios” de las universidades privadas que recibieron millones de pesos en dineros públicos sin control fiscal y llamó a los ministros de Educación y de Hacienda, junto a los senadores y diputados, a asegurar que todos los dineros públicos sean fiscalizados.
“Hay que asegurar que ningún peso público pueda terminar incrementando el lucro que está prohibido o en contratos de lobistas para tráfico de información, influencia o dinero que solo beneficien a unos pocos a costa de todos”, sostuvo Pérez.
La máxima autoridad universitaria recordó que “en el último informe de la Contraloría General de la República sobre financiamiento Fiscal a la educación superior, correspondiente al año 2012, se constata que durante el año 2012 de los recursos contemplados en la respectiva Ley de Presupuestos del sector público, se destinó un total de $ 910.522 millones para las universidades. De ese total, el 58% se destinó a las universidades privadas ($ 528.868 millones) y solo 42% a las universidades estatales ($ 381.654 millones)”.
“Hago un llamado público a la Ministra de Educación, al Ministro de Hacienda y a los honorables senadores y diputados a terminar con el doble estándar entre universidades estatales y privadas que reciben fondos públicos de todos los chilenos, donde solo las estatales tenemos un sistema totalmente transparente. Hay que asegurar que el uso y manejo de todos los dineros públicos entregados directa e indirectamente a universidades sean fiscalizados por la Contraloría General de la República a través de auditorías administrativas, así como que su uso y manejo esté sujeto a los mecanismos de control y transparencia establecidos tanto por la Ley de Compras Públicas como por la Ley de Transparencia”.
El Rector de la Universidad de Chile agregó que “pese a que las universidades privadas reciben el 58% del presupuesto público -es decir, más que las estatales- no tienen ninguno de los mecanismos obligatorios de control y fiscalización que tenemos las estatales, lo que implica que las privadas no garantizan necesariamente el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Seamos claros: el único control que tienen las universidades privadas es de carácter indirecto y circunstancial, a través de las fiscalizaciones de las distintas partidas presupuestarias, de carácter aleatorio, que la Contraloría realiza al respectivo organismo público que les transfiere los recursos”.
Pérez recordó las palabras del propio Contralor General de la República, el 19 de junio de 2013 ante la Honorable Cámara de Diputadose: “Quiero hacer simplemente hincapié en algo que les dije al principio. Les dije que nosotros como Contraloría teníamos una débil, débil, débil zona de fiscalización respecto a las universidades no estatales, y ustedes van a ver en ese trabajo del informe financiero donde están, que hay un montón de universidades no estatales que reciben aportes públicos. ¿Por qué tenemos tan poca fortaleza en esas entidades? Principalmente porque nosotros podemos fiscalizar la inversión de fondos públicos que cualquier persona o institución de carácter privado reciba, pero por leyes permanentes y los recursos públicos que se les entregan a estas entidades están en la Ley de Presupuesto y la Ley de Presupuesto es anual, de manera tal que nosotros tenemos una debilidad esencial en entrar por asignaciones hechas en glosas presupuestarias en el Ministerio de Educación en la Ley de Presupuesto de cada año, y eso es seguramente un tema que debiese uno pensar en cambiar, pero eso no es mi competencia, simplemente es mi dolencia; y no es lo mismo tener un dolor que tener competencia“.
La autoridad universitaria agregó que esta situación que reconoció el propio Contralor General de la República se podría resolver si el Congreso incluye en el Presupuesto 2014, en el Programa de Educación Superior, la siguiente frase: “Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que reciban, directa o indirectamente, recursos públicos en virtud de este programa presupuestario quedarán sujetas respecto a su uso y manejo a los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y a la fiscalización directa de la Contraloría General de la República”.
“Las universidades privadas serias que cumplen con la Ley de ser efectivamente corporaciones sin fines de lucro no deberían tener ningún problema para tener las mismas exigencias que tenemos las estatales respecto al control público del uso y manejo de los dineros públicos”, agregó el Rector de la Universidad de Chile.
