Informe PDI: Universidad de Mar privilegió el lucro y estafó a sus alumnos
El documento desarrollado por la Bridec de Iquique da cuenta de prácticas irregulares como el traspaso de pagarés de los estudiantes a factoring y el uso de los arriendos de sedes para pagar a sus autoridades a través de sociedades espejo.
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Iquique dio a conocer un informe en el cual sentencia que la Universidad de Mar buscó privilegiar “sus intereses de lucro por sobre los educacionales” y estafó a sus alumnos.
El documento está en poder del fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra, quien lleva adelante una investigación por estafa tras la querella presentada en agosto de 2012 por 649 estudiantes de la sede de Iquique.
El informe de la PDI se fundamentó en testimonios de docentes y ex rectores de dicha sede que dan cuentan de hechos irregulares en la Corporación Universidad del Mar como el traspaso de pagarés de los estudiantes a factoring, “una práctica habitual de la Universidad del Mar; las cuales en gran parte fueron ejercidas en la casa central ubicada en la ciudad de Viña del Mar”, se indica, según El Mostrador.
Además, se consigna el uso de los arriendos de sus sedes para pagar a sus controladores y autoridades a través de sociedades espejo, como Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Ltda. y Comercial Vizu Ltda., ambas ligadas a los dueños de la Universidad, entre ellos los ex rectores Héctor Zuñiga y Raúl Baeza.
A esta práctica también se sumó el ex rector de la sede Iquique Daniel Greenhill Martínez a través de la Sociedad Educacional Aula XXI Ltda., donde tiene una participación de 40% y en la cual además participaba el director de la Escuela de Derecho, Max Barrera Perret.
“Creemos que hay una simulación de contratos, porque las partes que celebraban los contratos de arriendo eran las mismas, como que el rector era dueño del inmueble. Firmaba como rector los contratos de arriendo con la empresa de la que también era dueño, o sea, fijaba a beneficio personal los costos”, dijo el abogado querellante Matías Ramírez.
El informe de la PDI anotó además millonarias deudas salariales de la sede Iquique, que a marzo de 2013 sumaban más 273 millones de pesos por sueldos impagos, más cotizaciones previsionales equivalentes a 314 millones de pesos adeudadas.
