Claves para entender el nuevo escándalo que remece al Plan Frontera Norte

Creado el 2010, el Plan Frontera Norte es una estrategia del Gobierno para reforzar la zona más vulnerable a la acción de los narcotraficantes, conformada por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Éstas comparten 1.336 kilómetros de límite internacional con Perú (166 km), Bolivia (782 km) y Argentina (388), en las que se encuentran unos 140 pasos fronterizos no habilitados. Además, existen 26 caletas o sectores en el borde costero donde no hay posibilidad de ejercer un adecuado control de las autoridades.

Ante estas características, Frontera Norte contempla una coordinación de Carabineros con la PDI, la Armada, Aduanas y el SAG, además de incorporar tecnología de punta en el combate contra el narcotráfico. Y el Plan ha dado resultados (ver recuadro). Es por ello que el Gobierno salió a respaldar la iniciativa frente al reciente caso de los funcionarios del OS-7 formalizados en Arica, justamente por un presunto tráfico de drogas.

Sin embargo, éste no es el primer escándalo vinculado al plan estrella del Gobierno contra el narcotráfico. Recordemos que el llamado Caso Sobreprecios significó la salida del ex fiscal Alejandro Peña de la jefatura de la división de estudios del Ministerio del Interior, luego de saliera a la luz que dicha cartera licitó equipos para detectar drogas (para el Plan Frontera Norte), por los cuales se habría pagado un sobreprecio de hasta 400 por ciento,  por un total de $ 1.834 millones.

Pero la salida de Peña no cerró el caso. Por un lado, el subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla decidió frenar una nueva licitación por US$ 8 millones que llevaba el equipo del ex fiscal. Además, otros tres funcionarios del mismo ministerio debieron presentar su renuncia en las semanas que siguieron, se formó una Comisión Investigadora, mientras Peña insistía en defender el trabajo de su equipo.

¿Quien salió incólume de aquella crisis? Rodrigo Hinzpeter. Pese a todas las críticas en su contra, el entonces titular de Interior se mantuvo en su cargo, del que salió sólo para irse a Defensa.

Estas son las principales aristas del caso que vuelve a afectar la credibilidad del Plan Frontera Norte:

– Quienes estarían presuntamente involucrados: Hay cuatro funcionarios del OS-7 de Carabineros: un mayor, dependiente del jefe nacional del OS-7, un capitán y dos sargentos. Junto a ellos, dos civiles, presuntamente informantes encubiertos. Tras la formalización por los delitos de tráfico ilegal de drogas, en carácter de reiterados, y de asociación ilícita, tres agentes y un civil permanecen en prisión preventiva. Además,  la Fiscalía de Arica suspendió al fiscal adjunto Manuel González, y abrió un sumario administrativo para investigar su eventual papel en los hechos.

– Qué hechos se persiguen:  Planificación, financiamiento, traslado e ingreso de drogas al país. Además, se investiga el uso de partes policiales falsos y la realización de  entregas controladas de droga sin la correspondiente autorización del Ministerio Público. Respecto de los supuestos informantes, la fiscal regional de Arica y Parinacota, Javiera López, explicó que estas personas “no eran funcionarios públicos (…) ellos se identifican como informantes, pero no estaban autorizados por el Ministerio Público y, por lo tanto, no tenían la calidad de tal, según la legislación”.

– Cómo operaban: Dos fueron los cargamentos de cannabis sativa ingresados al país, por un total de 1.113 kilos. Éstos, más tarde, fueron “incautados” por los involucrados, que simularon detectarlos en forma flagrante. Según la Fiscalía de Arica, los agente investigados habrían elaborado partes policiales falsos, así como entregas controladas de droga a espaldas del Ministerio Público.

– Reacciones a nivel político: Por un lado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó todo su respaldo al Plan Frontera Norte, afirmando que éste “se está implementando bien y cumpliendo bien su labor. Es por eso que estamos cuidando que ni un funcionario público, ni de la policía, pueda verse enredado”.

Desde la oposición, el senador Fulvio Rossi apuntó a “una responsabilidad de mando” en el OS-7, agregando además que “el problema en Arica es más profundo, hay una crisis de confianza por parte de la ciudadanía hacia todas las instituciones”.

– Consecuencias: seis personas detenidas por los uniformados que están bajo investigación fueron puestas en libertad por posibles irregularidades en su detención. Tres de ellos fueron detenidos tras la incautación de 814 kilos de marihuana. Los otros tres, en el decomiso de otros 299 kilos de la misma sustancia.