Entre 2010 y 2013: Proyectos rechazados por el SEA suman US$ 3.162 millones
La mayoría de las iniciativas, rechazadas debido a que no se incluyó información relevante en los estudios y declaraciones, pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura. En el mismo lapso fueron aprobados 3.504 proyectos, cuya inversión asciende a un total de US$ 107.637 millones.
En medio de la judicialización que ha frenado el avance de múltiples proyecto a lo largo de los últimos años, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio a conocer que entre 2010 y 2013 se rechazaron 114 iniciativas por deficiencias en su presentación.
La mayoría de éstas pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura, por un monto de US$ 3.162 millones, tal como informa La Tercera.
Paralelamente, en el mismo lapso fueron aprobados 3.504 proyectos, cuya inversión asciende a un total de US$ 107.637 millones.
Los rechazos se ligan con la Ley 20.417, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que incorpora como mecanismo de control de la información la facultad de poner término anticipado a un procedimiento administrativo.
Estas decisión puede ser tomada de acuerdo a dos causales. Una es la falta de información relevante o esencial (IRE), que puede aplicarse a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), y a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); y la otra se vincula con la necesidad de someter el proyecto a evaluación mediante un EIA, cuando fue presentado como DIA.
Así, podría entenderse que falta información relevante si la descripción de una central hidroeléctrica no expresa de manera adecuada cómo será la represa o si una iniciativa minera no detalla la forma de extracción del mineral.
El director del SEA, Ricardo Irarrázabal, comenta que antes de realizarse el procedimiento de término anticipado, los impactos significativos de los proyectos surgían durante el proceso de evaluación ambiental, lo que remataba en que se judicializaran o aumentara su período de tramitación, ya que los titulares debían realizar numerosas adendas. “Cuando aumenta el plazo de la evaluación ambiental, la conflictividad con la ciudadanía crece. No se genera una relación de confianza”, dijo.
Y agrega que “si no se resolvía eso en etapa temprana, al final era una especie de muerto que se cargaba por toda la evaluación ambiental hasta el final, y se obligaba al aparato del Estado a hacerse cargo con todas las complejidades, porque no se señalaron los impactos significativos al principio”.
La autoridad indica que pese a que predominan los buenos proyectos, se han registrado casos con deficiencias. “Muchas veces, por estrategia, se guardaba información para ir soltándola de a poco durante la evaluación ambiental. No queremos estrategias de ese tipo, queremos que desde el primer día se presenten todos los impactos que puedan ser evaluados correctamente por los servicios con competencia ambiental”, sentencia.
