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2 de Diciembre de 2013

Suma y sigue: Más de 80 vecinos se unen a recurso contra Central Río Cuervo

Coincidiendo con el fin de plazo para hacerse parte del recurso de protección que, producto de una orden de no innovar, mantiene paralizada la tramitación de la central hidroeléctrica que se pretende levantar sobre una falla geológica activa, más habitantes de la zona se sumaron a las acciones legales.

Por Redacción
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Un total de 21 vecinos de las localidades de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y Coyhaique acudieron el sábado último a la Corte de Apelaciones de Coyhaique para hacerse parte del recurso de protección interpuesto el pasado 17 de octubre por la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) en contra de la resolución -unánime- que el 10 de septiembre autorizó en el nivel regional la etapa de las represas del proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, de la firma Energía Austral.

Tras esto, se anuncia como inminente la convocatoria a los alegatos, los que debieran desarrollarse durante los primeros días de este mes diciembre, consigna el medio local El Divisadero.

El grupo se sumó a una acción que el pasado 25 de octubre logró su primer logro cuando los ministros decretaron orden de no innovar, paralizando la tramitación administrativa del proyecto hasta no resolver sobre el fondo del asunto.

Con los nuevos firmantes se elevaron a 84 los habitantes de la región que han recurrido, gracias al apoyo regional del abogado Rodrigo de los Reyes, en contra de la resolución favorable a la represa río Cuervo que entregara la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), compuesta por una mayoría de secretarios regionales ministeriales y presidida por la Intendenta Pilar Cuevas.

La acción judicial apunta a la vulneración de diversas garantías constitucionales en que habría incurrido la CEA regional al dar luz verde al proyecto: el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

cabe recordar que el año pasado la Corte Suprema declaró ilegal una primera aprobación, de mayo de 2012, de las autoridades regionales a la cuestionada central hidroeléctrica, obligando al gobierno a exigir a la empresa una serie de estudios geológicos relacionados con la falla Liquiñe-Ofqui sobre la cual se pretende levantar la presa y el embalse de 13 mil hectáreas. Estos antecedentes no fueron presentados durante la evaluación original, quedando solo como condición posterior a la resolución de calificación ambiental favorable, lo cual fue considerado irregular por el máximo tribunal del país.

La voz de los opositores

Patricio Leiva, de Puerto Aysén, recalcó que “se ha hablado harto sobre el proyecto Hidroaysén, pero poco de Energía Austral, y es necesario que la gente conozca más del tema. Ya se logró bastante, una oposición casi unánime, muy mayoritaria sobre Hidroaysén pero hay desconocimiento todavía y eso lo aprovechan y utilizan las empresas”.

Desde Puerto Chacabuco llegó Soledad Vargas, para quien es “sumamente importante la última instancia legal para detener este tipo de proyectos, que sabemos son súper peligrosos esencialmente por el área en que estaría emplazada la central río Cuervo”. Cuestionó que “parece que las autoridades olvidan muy fácilmente lo que pasó el año 2007 en el fiordo Aysén y el peligro que representa la falla geológica latente”. Además, “sabemos que la energía que se generaría no es para la región y que hay otras formas mucho más eficientes para generar electricidad, como mini centrales de paso, energía eólica, más aún cuando la demanda energética no es tal, la están inflando pidiendo energía para las mineras y millones de megawatts que en verdad no son necesarios, lo que hay que hacer es enfocar las necesidades hacia lo que realmente se necesita y no necesidades creadas”.

A su turno, Rafael Palma, de Coyhaique, explicó que “hay formas más eficientes de generar energía eléctrica, incluso considerando el ahorro en el consumo. Sabemos que no son intereses sociales los que impulsan estos proyectos sino que son sólo decisiones económicas, son dineros que no se reinvierten en infraestructura social sino que van hacia el extranjero”. En este sentido señaló que “acá están pasando a llevar a un grupo de gente por el simple hecho que no tienen el poder económico que tienen estas empresas”.

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