INDH detalla cómo se violan los DD.HH de migrantes, transgénero y personas privadas de libertad en Chile

En el Informe Anual de Derechos Humanos, entregado esta mañana por la directora del Instituto Nacional de DD.HH, Lorena Fríes,  y con la participación del presidente Sebastián Piñera, aborda de manera panorámica  distintas áreas de involucramiento del Estado chileno en prácticas, leyes, o ausencia de las mismas, que vulneran o contribuyen a la vulneración de los DD.HH. En este sentido, tanto en las versiones anteriores, como en otros instrumentos de monitoreo, los niños y niñas, mujeres y pueblos originarios han sido tradicionalmente (y lo siguen siendo según este informe) los grupos más vulnerados en este tipo de derechos.

Sin embargo, el informe también pone el foco sobre la situación de otros grupos también tradicionalmente vulnerados, pero hasta ahora invisibilizados en  la divulgación masiva de este tipo de temas, como lo son los migrantes, las personas privadas de libertad y transgénero.

En el punto referente al derecho a la participación, por ejemplo, se plantea la situación de las personas acusadas de un delito, o condenadas a una pena privativa de libertad menor a tres años y un día, que están habilitadas  para ejercer su derecho a sufragio y que esto no estaría ocurriendo en la práctica debido a una “interpretación restrictiva” de la normativa electoral por parte del Sevel.

Por otra parte, en el capítulo de Acceso a la Justicia se vuelve mencionar a las personas privadas  de libertad  (junto con personas indígenas, indigentes con discapacidad mental, niñas y niños y mujeres) como los principales víctimas de tratos vejatorios, torturas y agresiones graves por parte de las instituciones policiales y carcelarias.

En el capítulo de Ejercicio de Derechos sin Discriminación aparecen nuevamente las personas privadas de libertad, esta vez, en relación a los programas de reinserción social como forma de evitar la reincidencia. Se plantea que el acceso a estos programas se aplica en la práctica como un beneficio y se recomienda al Estado  “la configuración  de una política de reinserción y rehabilitación que tenga un mayor alcance”, ya que “en la actualidad la cantidad de internos/as que logran acceder y beneficiarse por estos programas es marginal en relación con la totalidad de la población privada de libertad.

El informe también da cuenta de las vulneraciones que se cometen con los migrantes, relacionadas según el INDH con las “debilidades de las normas vigentes, la discrecionalidad de las autoridades migratorias y las prácticas institucionales no siempre acordes a principios de derechos humanos”. En este contexto se señalan las denuncias de organizaciones por rechazos en frontera a solicitantes de refugio, trato denigrante y discriminatorio por parte de funcionarios públicos hacia colombianos, afro descendientes  y arbitrariedades en la exigencia de requisitos poco claros para autorizar el ingreso al país, lo que a juicio de la institución provocaría migración irregular y tráfico de migrantes.

Frente a esta problemática el INDH plantea que, entre otros aspectos, debe ser revisado el proyecto de ley sobre migración enviado este año por el ejecutivo al Congreso, en específico al amplio margen de discrecionalidad  que el proyecto otorga a la autoridad migratoria en la determinación de la autorización, o negación del ingreso al país; la debilidad de los recursos judiciales y la “ausencia de apoyo letrado  para la interposición del recurso ante procesos de expulsión y la facultad otorgada a la autoridad administrativa para la privación de libertad por un período de 5 días , sin poner a las personas a disposición de un juez. Entre otras medidas propuestas por el por la institución, también se destaca el “pleno respeto a los derechos de las víctimas de trata de personas, entre estos, a la salud, a la residencia en Chile y a la protección.

En cuanto a las personas transgénero, el informe  si bien destaca como positivo el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, presentado en mayo de 2013,  se hace hincapié en los obstáculos que enfrentan las personas trans para el ejercicio de su derecho a la participación política, que consta en los casos 5 candidatas trans de la elección municipal del año pasado en que no se reconoció el género de su preferencia en la cédula electoral, lo que afectó determinantemente sus candidaturas , ya que “a pesar de su imagen y expresión de género femenina, en las papeletas de votación y en las campañas publicitarias aparecieron sus nombres legales masculinos y no su nombre social”.