Las definiciones de la candidatura de Bachelet frente al Medio Ambiente

La coordinadora del programa ambiental de la candidata, Michelle Bachelet, Valentina Durán, fue la encargada de dar a conocer el programa ambiental de la Nueva Mayoría en una actividad en la Fundación Chile 21.

Para la abogada, quien figura como una de las  posibles cartas para asumir el Ministerio de Medio Ambiente, “los programas de Evelyn Matthei y Michelle Bachelet tienen enormes diferencias. Realmente hay una diferencia muy importante de un sector que ve esto como un lomo de toro o una variable de la inversión; este sector tiene una mirada mucho más amplia”.

En su exposición del pasado jueves, la experta cerró la puerta al proyecto HidroAysén al indicar que “el proyecto HidroAysén es inviable y no contará con el apoyo del gobierno de Michelle Bachelet”.

Consultada por El Pulso,  sobre si la opción de instalar una línea de transmisión completamente submarina, podría modificar esta postura, indicó que “este no fue un tema que hayamos visto en la comisión de medio ambiente porque fue una decisión previa (de rechazar la iniciativa), incluso antes que se iniciara la campaña y el trabajo programático. Fue una decisión previa y muy clara de Michelle Bachelet de decir que el proyecto HidroAysén es inviable. El pasado jueves, en su reunión con el candidato del partido Ecologista, Alfredo Sfeir, Michelle Bachelet reiteró su posición”.

“No podría agregar más apellidos a lo que ella considera respecto a este proyecto en particular. Pero me parece que es evidente que el Sistema de Evaluación Ambiental no tiene las condiciones para resolver proyectos estratégicos como esos. Por lo tanto, creo que en lo que todos coinciden y también desde las empresas (Endesa y Colbún) es que necesitamos reglas claras. Estas reglas claras deben ser tanto para los inversionistas como para la ciudadanía respecto a lo que queremos proteger. Es decir, a mí entender, se requiere un rayado de la cancha previo. Aquí entran a jugar: política energética, ordenamiento territorial y todo lo que hemos señalado. Allí están las respuestas, más allá de hablar de proyecto en proyecto” agregó. 

De cara a la interrogante de por qué este no de Bachelet no se extiende a otra iniciativa similar como el proyecto Río Cuervo, que desarrolla Energía Austral en la misma zona de HidroAysén replica que “aquí hay definiciones de política. El programa de gobierno no se estructura sobre la base a decir más o menos proyectos. Hay una definición respecto al caso de HidroAysén. Ella ya lo ha señalado y fue clara”.

La sobrina de la ex primera dama Luisa Durán, esposa de Ricardo Lagos subraya que “como comisión, no definimos postura respecto a cada uno de los proyectos. La idea es tener una institucionalidad más ordenada, que cumpla con sus objetivos y políticas más claras. Eso es lo que hemos definido, más allá de pronunciarnos en particular sobre cada uno de los proyectos.

Respecto de los cambios concretos que introducirían a la institucionalidad ambiental apunta que “a lo que me refiero es que cualquier persona que se sienta afectada por una medida que emana desde la autoridad puede acudir a un juez, y él siempre tendrá la facultad de revisar el acto administrativo. Por lo tanto, no es por la vía de revisar el acceso a la justicia que se solucionará la judicialización, sino que será a través de políticas públicas más claras que rayen la cancha”. 

En este sentido, Valentina Durán no descarta una reforma al Servicio de Evaluación Ambiental, pero señala que “primero lo que se debe llevar adelante es el ordenamiento territorial para ir acordando las vías en que se llevarán adelante los proyectos de inversión”.

Consultada sobre si este punto estuvo planteado en el anterior mandato, replicó que “no, no recuerdo que lo haya planteado, pero sí sé que el actual presidente lo dijo tras el caso de Barrancones, cuando habló incluso de semaforizar el territorio. El ordenamiento territorial es más profundo que eso”.

“Aquí lo que se busca es saber como sociedad lo que queremos proteger y cuáles son los criterios para tener una convivencia armónica que considere las necesidades económicas, sociales y ambientales con participación de la ciudadanía. Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles como establecer un semáforo”, enfatizó.

Semillas y royalty

De cara a si una eventual nueva ley de bioseguridad, como la que se ha planteado, podría poner más trabas al cultivo de transgénicos en Chile,  Durán sostuvo que “la ley de bioseguridad tiene que ver con hacerse cargo de los efectos e impactos de la tecnología moderna entendida como el uso de genes de otras especies dentro de otras. ¿Qué se requiere? Se necesitan definiciones; ratificar el Protocolo de Cartagena y tomar decisiones en el fondo como país de qué es lo que queremos y como prevenimos los distintos riesgos y beneficios que pueda tener la biotecnología moderna”.

En esta línea agregó que el Congreso debiera hacerse cargo de definir una posible prohibición del cultivo de especies para la exportación de semillas.

Frente a la posibilidad de aplicar un royalty a la minería, detalló que “Lo que dice el programa es que se considera la posibilidad de establecer regalías para el Estado por el uso de los recursos naturales no renovables y estratégicos”.