Sin negociación colectiva y con mala gestión: La relación de las empresas de Defensa con sus trabajadores

Después de 51 días de huelga y movilización, con cortes de carretera y huelgas de hambre incluidos, los trabajadores de Astilleros y Maestranza de la Armada (Asmar) de Talcahuano llegaron a acuerdo con la empresa el pasado martes.

El 28 de octubre más de 800 trabajadores de Asmar comenzaron la huelga con el próposito de conseguir una estandarización de sueldos, dada las diferencias en el ingreso de personas con el mismo cargo. Lo que lograron fueron bonos de 45 mil dólares que se distribuirán en los 100 sueldos más bajos a partir de enero de 2014. La empresa se comprometió a nivelar los sueldos del resto de los trabajadores a partir de julio del próximo año.

“Hicimos todo lo posible por conseguir lo que queríamos, pero no pudimos. Sin embargo conseguimos en parte lo que queríamos: que la empresa reconociera la desigualdad de salarios que hay y comenzar con la nivelación de sueldo de 100 trabajadores”, cuenta Cristhian Lagos, presidente del sindicato de trabajadores.

Sin embargo, el conflicto reveló la existencia varios problemas de fondo en la administración de las empresas dependientes del Ministerio de Defensa.

Vulneración de derechos

La ley orgánica constitucional 18.296 de Astillería y Maestranza de la Armada regula el funcionamiento de la empresa, que se define como autónoma del Estado pero administrada por la Armada. Establece que las inmediaciones de Asmar están ubicadas en un recinto militar y que su futuro lo dictamina el consejo superior compuesto por 4 almirantes de la Armada, un coronel del Ejército y un coronel de Aviación. “Sin hacer juicio de valor, parece una verdadera junta militar de gobierno. Las Fuerzas Armadas están para proteger la soberanía, no para administrar una empresa y se ha visto en estos 51 días. Un conflicto no puede durar tanto tiempo”, señala Lagos.

Quien siguió de cerca el curso de las negociaciones fue el senador por la zona Alejandro Navarro. El líder del MAS intervino y conversó con la empresa para agilizar la solución. “La Armada está hecha para mandar y ejecutar, no negociar. Aquí faltó capacidad de negociación y eso agravó las circunstancias. Esta movilización pudo haberse terminado en los primeros días. Pero existe una visión estrecha de lo que significa el funcionamiento de una empresa estatal y más estrecha aún en el respeto a los derechos de trabajadores, que no pueden estar bajo la disciplina de la Armada y eso es lo que no logra ser comprendido por quienes administran la empresa”, afirma Navarro.

Según consignan los trabajadores, recibieron varias amenazas de parte de personal de la Armada, quienes argumentaban que se trataba de un recinto militar, por lo que rige dentro del recinto es la justicia militar y no la justicia civil. Harald Kauer, administrador de Asmar Talcahuano, les habría señalado que cualquier tipo de manifestación está prohibida.

Paralelo a las negociaciones, los trabajadores presentaron una denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Como se puede ver en los documentos anexos a la demanda, a varios se les presentó una amonestación por hacer “sonar un silbato de manera intermitente provocando un bullicio”, junto a una fotografía del hecho. De acuerdo a Asmar, eso representa un incumplimiento de las obligaciones laborales, según la naturaleza de recinto militar de la empresa que está establecido en la ley orgánica. Efectivamente, el reglamento de la empresa establece que los trabajadores deben conservar la disciplina propia de un recinto militar, por lo que cualquier actividad política, societaria o de propaganda está prohibida.

“Ellos siguen defendiendo en tribunales que es un recinto militar. Y sí, la empresa está inserta dentro de una base naval, pero los 2500 trabajadores que laboran en asmar estamos regidos por el código del trabajo. Claro que es un recinto militar, pero acá trabajamos particulares que nada tenemos que ver con los milicos. Ellos van a seguir insistiendo en que tenemos que regirnos por código de la justicia militar, lo que es irrisorio, da para la risa”, cuenta Cristhian Lagos.

Para la demanda, Asmar se ha hecho defender por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya función es la defensa de intereses del Estado y la mantención del estado de derecho. De acuerdo a Claudio Venegas, abogado laboral que representa al sindicato, el CDE no tiene competencia en el tema. Aún así, el tribunal permitió su intervención. “Utilizan una serie de argumentos para decir que es un recinto militar y que hay ciertas normas de convivencia suscritas a la Armada, pero nosotros no denunciamos a la Armada, sino a Asmar. Da lo mismo que sea recinto militar, los derechos fundamentales no tienen que ver con la naturaleza del recinto donde se encuentra, son derechos garantizados en la constitución”, señala el abogado.

Sin negociación colectiva

Otra de las aristas de este conflicto es que los trabajadores de Asmar no tienen derecho a la negociación colectiva. El artículo 304 del Código del Trabajo establece que la negociación colectiva tiene lugar en empresas privadas y del Estado, a excepción de aquellas “dependientes del Ministerio del Defensa”.

Esto significa que a empresas como Asmar y Enaer (Empresa Nacional de Aeronáutica), en su calidad de empresas estratégicas del Estado, no se les permite la huelga. “Un grupo de personas que de manera colectiva se agrupa y van a pedirle algo al empleador, sin derecho a huelga, a fin de cuentas es un acto de mendicidad. Lo que haces es negar un derecho que tratas de consagrar en el código del trabajo. Por un lado revindicas que existe pero por otro lo estás negando”, cuenta Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol y especialista en economía laboral.

“En caso de Asmar, su calidad de empresa estratégica es bastante discutible, al funcionar como una administración más privada que estatal. No me parece que tengan esa norma que imposibilite la negociación, sobre todo porque esos trabajadores tiene un estatus similar a los trabajadores de Codelco, que tienen posibilidad de ciertas faenas, como parar la producción”. agrega Durán. Otra empresa estatal como Enap, por ejemplo, tiene a un representante de los trabajadores en el consejo superior.

El economista también llama a fijarse en la gestión que ha tenido la Armada. Señala que “el 2012 tuvo utilidades, pero 2010 y 2011 figura con pérdidas. Hay que ver hasta qué punto estas empresas estatales se pueden manejar bajo la lógica del mundo privado. Muchas de estas empresas necesitan un apoyo estatal, un subsidio. ¿Por qué regirse por la lógica del mercado si son empresas estratégicas que no pueden regirse por la lógica del mercado?”.

El caso de Enaer

La Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), otra de las dependientes del Ministerio de Defensa, vive una situación aún más compleja. El 31 de diciembre se concretaría su cierre definitivo, producto de una deuda que supera los 130 millones de dólares. Enaer-al igual que Asmar- es empresa autónoma del Estado, pero administrada por la Fuerza Aérea. Y al ser dependiente del Ministerio de Defensa, tampoco le da a sus trabajadores el derecho a la negociación colectiva.

Sin embargo, la situación del cierre los tiene más preocupados, pues dejaría sin trabajo a más de 200 trabajadores. La justificación es la poca rentabilidad que tiene la empresa. “Hay una mala gestión que se ha llevado por años por parte de la Fuerza Aérea. Acá hubo voluntades políticas, en las que se vio solo su rentabilidad y no su estrategia. A esta empresa se le autorizó endeudarse con la banca privada. Si está mal gestionada, lo primero que tiene que revisarse es la administración, cómo se está gestionando. Acá los ejecutivos son culpables de la situación”, cuenta Bernardo Tapia, presidente del sindicato de Enaer.

En 2009, la Controloría emitió un informe donde acusan a Enaer de incumplir con la ley de Administración del Estado en lo relativo a “principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia”. Dice que producto de su gestión, la empresa ha obtenido constantemente resultados negativos.

Entre otras indicaciones, el informe también establece que en la empresa ha aumentado en promedio un 20% su endeudamiento con la banca, que recibió un crédito de Corpbanca por 2.500 millones de dólares sin pedir autorización al Ministerio de Hacienda y que, pese a la riesgosa situación financiera, se le pagó al Campo Marina de Rangue de la Laguna Aculeo 10.541.800 millones de pesos por concepto de “paseo de fin de año”.

Compromisos políticos

“Necesitamos un nuevo estatuto corporativo que determine su calidad de empresa estratégica y proporcione las condiciones de administración que respeten los derechos de los trabajadores en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores del país. Es un tema de debate que la Armada no ha querido abrir, pero esta crisis, la paralización más larga en la historia de Asmar demuestra que la administración de tiene que tener un componente público y social”, señala el senador Alejandro Navarro.

La semana pasada, Cristhian Lagos visitó las comisiones de Defensa y Trabajo en el Senado y la Cámara de Diputados, donde recibió varios compromisos. Los presidentes de partido de la Nueva Mayoría le habrían asegurado estudiar un cambio legislativo que asegure la presencia de un trabajador de Asmar en el consejo superior, además de permitir la negociación colectiva. Mientras que el pasado lunes, en la reunión del comité político de la NM en que se definió la agenda legislativa del 2014, Navarro le presentó las demandas directamente a la presidenta electa Michelle Bachelet, quien habría respondido positivamente.

Sin embargo, estas demandas no son nuevas. Ya se le presentaron directamente a Bachelet como ministra de Defensa y después como Presidenta.

Los trabajadores aseguran que le cobrarán la palabra a la Nueva Mayoría.