Los conflictos de interés que el ministro Luis Mayol tendría con la promoción de la Ley Monsanto

El pasado 17 de diciembre, el ministro de Agricultura Luis Mayol hizo un llamado a que se apruebe la polémica Ley de Obtentores Vegetales, más conocida como Ley Monsanto. “Vamos a pedir que se ponga en tabla en la primera oportunidad, porque creemos que es una ley que tal como está planteada genera un beneficio para el país. Está estigmatizada por ciertos grupos que no la entienden o no la han querido entender”, declaró el ministro. El proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, después de haber sido aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados durante el gobierno anterior.

En el año 1996, Chile adhirió a la Unión Internacional para la protección de Obtenciones Vegetales de 1978 (UPOV 78). Este acuerdo fue creado con el objeto de proteger la propiedad intelectual de quienes modifican materiales genéticos en las semillas. Por lo mismo, varios países han legislado sobre un registro de semillas, de modo de que sean sujetas de patentes y no del bien común.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU., que entró en vigencia el 1 de enero de 2004, establece una serie de obligaciones referidas a los derechos de propiedad intelectual. Señala que Chile deberá adherir al acuerdo UPOV 1991, lo que hace necesaria una reforma a la ley anterior. Las principales diferencias con el UPOV 78 son que el nuevo acuerdo extiende los derechos de autor (obtentor). Las variedades estarían protegidas intelectualmente, por lo que podría cobrar por el uso de las semillas y los productos. La ley también define al obtentor como aquel que descubre nuevas variedades.

Por lo tanto, la ley promueve un mayor control de parte de los obtentores. Es decir, el de las grandes empresas, en desmedro de los pequeños agricultores.

El proyecto adquirió el nombre de ‘Ley Monsanto’ por Monsanto S.A., la mayor transnacional proveedora de productos agrícolas y una de las grandes empresas que se verían beneficiadas con el UPOV 91. En entrevista con la revista Qué Pasa, el gerente general de la empresa, José Ignacio Salazar, salió al paso de las críticas y a lo que él llama una campaña de ‘desacreditación’ y ‘desinformación’. Asegura que a Monsanto S.A. no lo favorece directamente la promoción de la Ley y que “es Anpros quien debería dar esa batalla”.

¿A quién beneficia Monsanto?

La Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) reúne a los principales productores y distribuidores del rubro. Sobre la ley Monsanto, Anpros en su página web detalla una serie de argumentos en los que llama directamente a aprobar el proyecto. Señala, entre otras cosas, que “es beneficioso para el desarrollo de toda la agricultura de nuestro país” y que es “crítico para mantener la competitividad de la agricultura exportadora chilena y la de su agricultura interna, en particular frente a un entorno muy competitivo y con factores adversos para la sustentabilidad del modelo agroexportador chileno”.

Anpros reúne a varios productores y divide su funcionamiento en comités de acción. Por ejemplo, el comité de comercialización de semillas, cuyo objetivo lo definen como “lograr una interacción permanente y eficaz con la autoridad, a objeto de conseguir que las normativas que afectan la comercialización de semillas puedan responder efectivamente las necesidades de la industria (…) el comité efectúa, constantemente, análisis en relación a los principales problemas detectados en la comercialización de semillas en el país, en función de lo cual, busca implementar soluciones que optimicen los recursos y herramientas disponibles”.

Como miembro de este comité no solo aparece la ya mencionada Monsanto S.A. (que también ocupa la vicepresidencia de Anpros a través de Peter Mareema), sino también una empresa que está ligada al actual ministro de Agricultura y principal impulsor de la ley: Copeval S.A.

Durante más de 20 años, Luis Mayol fue director de la Compañía Agropecuaria Copeval S.A. También fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores, entidad que se define a sí misma como una “unión mediante organizaciones gremiales que velen por sus intereses y planteen una postura ante el Estado”. Al ser nombrado ministro de Agricultura por el Presidente Sebasitán Piñera a fines de 2011, Mayol respondió a los requerimientos de su nuevo trabajo y renunció a ambos cargos.

Su vínculo con Copeval se da a través de su sociedad Mayol Bouchon Ltda (declarada al asumir el ministerio), que posee el 2,15% de las acciones de la empresa distribuidora de productos agrícolas. Al asumir, el ministro puso sus 670.112 acciones en un fideicomiso ciego, “sin tener la obligación de hacerlo”. Mayol ingresó como director en 1977 y desde 2003 hasta 2011 fue presidente del directorio de la sociedad.

Desde el ministerio de Agricultura señalaron a El Dínamo que no hay conflicto de interés porque Copeval se dedica a la venta de fertilizantes, no semillas. Pero entre los negocios de la empresa si se encuentra la venta de semillas, tal como lo establece su página web: “Ofrecemos a nuestros clientes semillas con la mejor genética del mundo bajo el respaldo de reconocidos proveedores nacionales e internacionales que le proveerán el principal insumo para lograr cultivos de excelencia con un alto potencial de rendimiento”.

Si bien la participación accionaria de Mayol es minoritaria, no es el único de su familia ahí. Según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros, entre los accionistas de Copeval, aunque con participación mínima, aparecen sus padres –Luis Mayol Bravo y Berta Bouchon González– y el actual ministro secretario general de la presidencia, Cristián Larroulet. También aparece la Viña Selentia Ltda, otra de las sociedades declaradas por el ministro.

Además, el gerente general de Copeval S.A. Darío Pollini, conformó en el 2000 junto a Mayol la Viña Cantera S.A., que hasta el año pasado también figuraba entre los accionistas de Copeval.

¿Qué dice la ley?

Como el trámite de esta ley no es un procedimiento en que el ministro Mayol tenga poder de decisión, no tiene un conflicto de interés de acuerdo a la ley 19.880 de procedimiento administrativo, que establece la inhabilitación de un funcionario en caso de tener interés personal en el asunto.  Es decir, solo el hecho de poseer el 2,15% de Copeval no lo inhabilita.

Pero según señala el académico de Derecho Público de la Universidad de Chile, Luis Cordero, sería distinto si el ministro cumple con su palabra de introducir modificaciones a la ley. “Si el Ejecutivo quiere presentar una indicación, entonces el trámite vuelve al procedimiento administrativo y él debe tener cuidado de participar. En ese momento debiera abstenerse”, dice.

Sin embargo, el llamado de Mayol a que se apruebe el proyecto afectaría la ley 18.575 de bases generales de la administración del Estado. Esta dice en su artículo 64 que la autoridad debería abstenerse de intervenir en “asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad”. “Si el ministro hoy insistiera tanto públicamente y él pudiera, producto de la aprobación de esta ley, beneficiarse él o su patrimonio, eventualmente afectaría el principio general de probidad, solo por la circunstancia de intervenir”, explica Luis Cordero.

Si bien Luis Mayol no tiene poder de decisión directa en la aprobación del proyecto, pues ahora depende del Congreso, él sí tiene poder de influencia sobre la opinión pública. De acuerdo al abogado, “él debiera abstenerse de emitir opiniones públicas que promueven un determinado tipo de normas respecto de la cual él se pudiera beneficiar”.

Ahora bien, el ministro podría señalar que la aprobación de la ley Monsanto es de alcance general, pues no lo beneficia a él sino a todo el rubro. Pero ese es un inciso que existe en la ley del Congreso, que permite a los parlamentarios que tengan conflicto de interés participar del debate público si así lo reconocen. Los ministros de Estado se rigen por la ley 18.575, que no permite eso.

El profesor Luis Cordero aclara que la ley que regula los conflictos no solo busca resolver los problemas actuales, sino que también prevenir futuros conflictos. “La idea detrás de las regulaciones es no afectar el ejercicio de la función pública. Tal vez el conflicto de interés no es actual, pero sí es potencial. Acá quieres evitar que la autoridad influya en la opinión pública bajo una posición que lo beneficie”.

La última ofensiva por Monsanto

A principios de diciembre, la ahora presidenta electa Michelle Bachelet se declaró dispuesta a revisar la ley Monsanto, que fue ingresada al parlamento por primera vez en 2009, durante su primer mandato. Incluso la candidata de la Alianza Evelyn Matthei también rechazó el polémico proyecto.

A poco de que termine el gobierno de Sebastián Piñera, la apuesta de Mayol es apresurar el trámite y flexibilizar un poco la ley, constituyendo así la última ofensiva para su aprobación, pese a tener sus propios intereses entremedio.

Consultados por los hechos expuestos en este artículo, Copeval S.A. no se refirió al tema, mientras que aún se espera una respuesta oficial de parte del Ministerio de Agricultura.